Rescatan el valor de los concursos en el Estado

El jurista Patricio Sammartino no tiene dudas. “En los 90, imperaba en el país un paradigma distinto del que rige actualmente. Entonces, algunos autores hablaban del Derecho Administrativo del nuevo modelo a partir de criterios muy individualistas. Hoy, en cambio, estamos en presencia de un Estado social de derecho, que tiende a ser un Estado constitucional”, sintetiza a LA GACETA.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Austral disertó durante las IV Jornadas Provinciales de Actualización en “Acto y procedimiento administrativo”, organizadas por la Secretaría General de la Gobernación, que concluyeron ayer.
¿Qué caracteriza al modelo que reemplazó al de los 90? Sin dudar, responde: “los valores se centran hoy en el respeto y en la protección de la dignidad de la persona. El derecho, justamente, refleja ese valor, concebido como un deber fundamental del Estado”.
Autor de “Principios constitucionales del amparo administrativo”, el catedrático parece conforme con los cambios operados. “Hay que rescatar de este nuevo paradigma el desarrollo de un Estado social de derecho. Sus nuevos valores merecen una mayor formalización en normas que favorezcan el desarrollo sostenido o que recepten las necesidades de las personas, siempre en el marco de la igualdad. El derecho, en ese sentido, puede asegurar una mejor distribución de los bienes”, confía.

Ingreso y control
Sammartino también está convencido de que la transparencia es un principio central en el desarrollo de la función administrativa, para asegurar que en la función pública se desempeñen los más capaces y, asimismo, para poder controlar los actos estatales, como manda la Constitución nacional.  
En el primer aspecto, el experto insiste en que los procesos de selección (léase concursos) son los más adecuados para la cobertura de los cargos. “En la medida en que las personas que llevan adelante las responsabilidades públicas sean más idóneas, técnica y moralmente, se garantiza una mejor satisfacción del interés colectivo”, sentencia.
La otra pata necesaria para el Estado la constituyen los sistemas de control. En ese sentido, Sammartino considera que no importa tanto si una provincia opta por Tribunales de Cuentas o por auditorías generales. “El problema, a veces, no es la creación o supresión de algunos órganos, sino cómo ejercen las competencias que les fueron asignadas”, subraya.