Dictan otro procesamiento, con embargo, en contra de Bussi

El 15 de diciembre de 1976, a las 20.30, el ex senador provincial por el Partido Justicialista Dardo Francisco Molina fue detenido en su estudio jurídico, Congreso 347, por un grupo armado que se identificó como integrante de la Policía Federal. Desde ese día está desaparecido.
Por este hecho, ayer, el juez federal subrogante Daniel Bejas procesó como presuntos autores mediatos a Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Albino Mario Zimmerman, contra quienes dictó una nueva prisión preventiva y un embargo de $ 1 millón a cada uno.
Este es el segundo fallo del magistrado en menos de una semana, vinculado con crímenes de lesa humanidad contra los militares detenidos. A diferencia del anterior, en este declaró la falta de mérito de Alberto Luis Cattáneo (no implica una desvinculación total del caso, sino que no tiene todas las pruebas necesarias para procesarlo ni sobreseerlo), quien habría estado trasladado fuera de la provincia en esa época. Para comprobarlo, pidió informes al Estado Mayor del Ejército.
Bejas responsabilizó a Bussi, a Menéndez y a Zimmerman de los delitos de asociación ilícita agravada, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas seguidas de muerte y desaparición forzada de persona, todas englobadas en el delito internacional de genocidio.En la actual instancia del proceso, consideró válidos los testimonios (en especial los de Juan Martín Martín, Manuel Eugenio Olivera, Andrés Valdez y Juan Alberto Imbesi) que aseguraron que Molina pasó por los centros clandestinos que funcionaron en la Jefatura de Policía y en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga.
Molina tuvo una extensa trayectoria en las filas peronistas desde el nacimiento de esa fuerza en 1946. En 1950 fue electo diputado provincial, en 1973 se consagró senador provincial y presidente de la Cámara Alta y participó de la comitiva que acompañó a Juan Domingo Perón en su regreso al país.

Apelación de la defensa
El abogado defensor de Bussi, de Menéndez y de Zimmerman, Horacio Conesa Mones Ruiz, concretó ayer su anunciada apelación del procesamiento dictado por el juez Bejas en contra de los militares por la implementación de un campo clandestino de detención en el ex arsenal de Comunicaciones Miguel de Azcuénaga. Esa resolución judicial vinculó a los militares retirados con 65 casos de asesinatos y desapariciones, y trabó embargos varias veces millonarios sobre sus bienes.
El letrado recusó con causa al magistrado subrogante, al considerar que actuó con prejuzgamiento y parcialidad y que no cumplió con el Código Procesal Penal, ya que no se pronunció -según sostuvo- sobre las nulidades interpuestas respecto de la toma de declaración indagatoria.
El expediente será analizado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que deberá pronunciarse sobre los pedidos de nulidad de la sentencia y la separación del juez subrogante, cuyas facultades también fueron puestas en entredicho por el defensor de los militares retirados.