El fallo sobre el uso de bolsones se conocería luego de la elección

El Poder Ejecutivo sufrió ayer un revés en la Corte Suprema de Justicia, y además deberá afrontar el pago de las costas y los honorarios del proceso. En dos fallos emitidos por separado, el máximo tribunal reivindicó su competencia para entender en la polémica sobre la vigencia de cinco leyes sancionadas por la Legislatura y resistidas por el Gobierno. Además declaró inadmisible un planteo de falta de legitimación interpuesto contra los actores de las causas, los legisladores Carlos Canevaro (Unión Norte Grande) y Ernesto Padilla (Recrear). Las sentencias fueron firmadas por el cuerpo en pleno: Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Héctor Eduardo Area Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur; este amplió conceptos en su voto.
Ahora, la Corte se abocará a estudiar el fondo de las presentaciones, pero el ritmo será fijado por las partes, según aclaró su presidente, Dato (ver "No se podrá..."). Esto indica que difícilmente se disponga de un fallo antes de las elecciones, el 26 de agosto. Canevaro aclaró que él intentará agilizar su causa todo lo que pueda (ver "Canevaro...").
Esa fecha es clave, ya que dos de las normas en debate se refieren a aspectos de los comicios (implementación del voto electrónico, castigo de prácticas clientelares, como la entrega de bolsones y de prebendas, y el acople de los partidos municipales y comunales). De las otras leyes, una tiene alta incidencia pública, ya que reconoce el 82% móvil en los haberes de jubilados y pensionados transferidos. Las restantes legislan sobre la normalización de los entes públicos intervenidos y los cambios en la autarquía financiera.
Aún están en trámite las presentaciones del presidente de la Legislatura, Fernando Juri; del legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y da que hicieron en forma conjunta el diputado nacional Esteban Jerez (Ciudadanos contra la Corrupción) y el legislador radical, Roberto Palina.

Cambio constitucional
La Corte rechazó el criterio sostenido por el PE, respecto de que la reforma constitucional de 2006 había modificado la competencia del tribunal y había limitado su actuación sólo a cuestiones apeladas o recurridas. Los jueces supremos destacaron que lo planteado por el Gobierno "no ha sido mínimamente demostrado", sino que, por el contrario, el nuevo artículo 120 tiene una redacción idéntica a la del viejo 106, salvo por la supresión de un signo de puntuación (un punto y coma), que no implica ninguna restricción. Gandur agregó que la voluntad de los constituyentes nunca fue suprimir la competencia original de la Corte y que la interpretación esgrimida no se corresponde con el texto de la Carta Magna.
Los magistrados resaltaron que tampoco le asiste razón al Gobierno cuando distingue la posibilidad de entender en las causas según sean acciones de amparo o de inconstitucionalidad (acepta el primer supuesto, pero rechaza el segundo). De este modo, se esfumó la pretensión de que los expedientes pasasen a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Respecto a la falta de legitimación interpuesta por el PE contra los actores, los miembros de la Corte remarcaron que no se trata de una excepción de previo y especial pronunciamiento, por lo cual se la declaró inadmisible en la actual etapa del proceso sumario en marcha.


El ritmo que sigan las causas radicadas en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y vinculadas a la vigencia de cinco leyes polémicas será dado por las partes. Esto implica que el máximo tribunal no actuará de oficio en el impulso del proceso, sino que esperará a que alguno de los cinco actores o el PE, como demandado, solicite las medidas procesales.
Esa posición fue definida por el titular de la Corte, Alfredo Carlos Dato, quien aclaró que, con la resolución de ayer sobre la competencia del máximo tribunal para actuar, vuelven a contarse los plazos para que el PE conteste las demandas de Carlos Canevaro y de Ernesto Padilla (tres días hábiles desde su notificación).
"Resolvimos una incidencia dentro del pleito general, no el fondo de la cuestión. Técnicamente, se llaman excepciones dilatorias y eso es precisamente lo que hacen: dilatan el procedimiento. Si las partes se quedan sin accionar en el trámite, nosotros no tenemos por qué moverlo; actuaremos en los términos correspondientes, independientemente de la trascendencia que tenga el juicio", explicó. "No estoy en la cabeza de cada uno para saber si tienen interés en instar el proceso", acotó.
Dato señaló que la incertidumbre sobre la vigencia de las normas cuestionadas de carácter electoral (prohibición de acople de los partidos municipales y comunales con una fórmula provincial, voto electrónico y castigo de prácticas clientelares) no afectará la marcha de los comicios, ya que no hay pronunciamiento judicial al respecto, ni siquiera en medidas cautelares. Insistió en que las expresiones políticas municipales y comunales no podrán acoplarse en el voto a gobernador por disposiciones constitucionales sin que haga falta una ley especial.
"Ese es mi criterio personal como miembro de la Junta Electoral Provincial; ya veremos qué dice el resto", señaló, en referencia al fiscal de Estado, Antonio Estofán, y al vicegobernador, Fernando Juri. Para que haya una resolución de la JEP al respecto debe existir un planteamiento previo.


El legislador Carlos Canevaro (Unión Norte Grande-UNG) es optimista en cuanto a la posibilidad de obtener un pronto fallo favorable en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia respecto de su acción declarativa de certeza para la puesta en vigencia de las cinco leyes resistidas por el Ejecutivo.
Canevaro aseguró que tiene amplias expectativas sobre que la sentencia se conozca rápido, para hacer cesar el estado de incertidumbre jurídica en el que se encuentra la comunidad. "Lo destacado es que quedó acreditada mi intervención como ciudadano común, tanto como legislador en el recurso", remarcó.
Canevaro rescató la importancia de una decisión ante la proximidad de lo comicios.