Por unanimidad la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el planteo del Poder Ejecutivo que cuestiona la legitimidad de la causa iniciada por los legisladores Carlos Canevaro (Unión Norte Grande) y Ernesto Padilla (Recrear), en reclamo de la vigencia de cinco leyes sancionadas e insistidas por la Cámara y devueltas por el Gobierno sin promulgarlas ni vetarlas.
La Corte reivindicó su competencia para entender en esas causas, en dos fallos emitidos por separadado. parte de las acciones declarativas de certeza planteadas por Canevaro y Padilla, en la Corte están pendientes de resolución expedientes impulsados en el mismo sentido por el presidente de la Legislatura, Fernando Juri; y por los legisladores opositores Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y Roberto Palina (UCR).
La polémica judicial está relacionada con las normas que establecían el reconocimiento de la vigencia del pago del 82% móvil en los haberes de los jubilados y pensionados transferidos a la Nación; la prohibición a los partidos municipales y comunales para que se acoplen a la candidatura a gobernador y a intendente de otras organizaciones políticas Y la prohibición de prácticas clientelísticas.
También se solicitaba la implementación del voto electrónico; la reforma de la ley de Autarquía Financiera (beneficia a los poderes Judicial y Legislativo) y la normalización en un corto plazo perentorio de los entes públicos intervenidos. LA GACETA (C)
La Corte reivindicó su competencia para entender en esas causas, en dos fallos emitidos por separadado. parte de las acciones declarativas de certeza planteadas por Canevaro y Padilla, en la Corte están pendientes de resolución expedientes impulsados en el mismo sentido por el presidente de la Legislatura, Fernando Juri; y por los legisladores opositores Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y Roberto Palina (UCR).
La polémica judicial está relacionada con las normas que establecían el reconocimiento de la vigencia del pago del 82% móvil en los haberes de los jubilados y pensionados transferidos a la Nación; la prohibición a los partidos municipales y comunales para que se acoplen a la candidatura a gobernador y a intendente de otras organizaciones políticas Y la prohibición de prácticas clientelísticas.
También se solicitaba la implementación del voto electrónico; la reforma de la ley de Autarquía Financiera (beneficia a los poderes Judicial y Legislativo) y la normalización en un corto plazo perentorio de los entes públicos intervenidos. LA GACETA (C)







