Citarían a dos abogados del ente como imputados

Dos abogados del Sepapys serían citados a prestar declaración indagatoria durante esta semana, por el caso de un poder presuntamente falso para litigar en nombre del Estado. Se trata de Cynthia Mariela Benítez y de Juan Alberto Caligari, imputados por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita en concurso real. Este último es el jefe del Departamento Jurídico del ente autárquico y fue ascendido el 21 de mayo a subinterventor del organismo por el gobernador José Alperovich. Ese día, LA GACETA había informado sobre la reactivación de la causa.
Fuentes judiciales aseveraron a este diario que ese sería el próximo paso del fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, luego de la declaración testimonial que brindó el viernes pasado el ex interventor del organismo, Daniel Arancibia. El ex funcionario aseveró que no es suya la firma que aparece en el que sería un poder apócrifo. Designado como “Resolución 0028”, y fechado el 17 de enero de 1997, su texto faculta al abogado Caligari a confeccionar boletas de deuda de usuarios. Con esos títulos, el Estado puede exigir el pago de pasivos por la vía de la Justicia.
Sin embargo, ese documento sería una “resolución melliza”. Según denunció el legislador Alejandro Sangenis (MP3), la resolución 0028 que sería auténtica refiere al contrato laboral del médico César René Dantur, ya fallecido. El opositor, incluso, entregó a Herrera el libro copiador de resoluciones del Sepapys, donde está asentada esa cuestión.
Complementariamente, hay una orden de pago (la 0037) que desembolsa $ 800 al facultativo, dando cumplimiento a la resolución mencionada, que ordenaba “hacer uso de la opción de dos meses” de su contrato.

Nuevo planteo
El pasado viernes, Sangenis efectuó una nueva presentación ante la Fiscalía X. En la oportunidad, entregó una copia de la resolución 0076 del Sepapys, fechada el 28 de enero de 1997. En ella, se designa a Caligari en la planta de personal permanente, con categoría 23, para que se desempeñe como jefe de Jurídico.
El parlamentario planteó, concretamente, que esta disposición constituiría otro elemento que sustentaría la supuesta falsedad de la resolución que faculta a Caligari a confeccionar boletas de deuda de usuarios. Argumenta que sería una incongruencia que una medida dictada el 17 de enero de 1997 (la 0028) dé poderes al letrado, cuando la medida que lo designó como empleado de la repartición fue dictada 11 días después y con una numeración, consecuentemente, posterior (está designada como 0076).
Fuentes judiciales adelantaron que esa documentación sería incorporada a la causa. Uno de los hechos más llamativos es que está firmada, justamente, por Arancibia, como ex interventor del organismo autárquico.