Los trabajadores del Sepapys defendieron su fuente laboral

Desde 2000, los trabajadores del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) colocaron, según sus cálculos, unos 450.000 metros lineales de cañerías en el interior de la provincia. Es decir, 450 kilómetros de caños. La información es brindada por los propios trabajadores de la entidad y es uno de los ejemplos que brindan para expresar una angustia común: la suerte que correrá el ente autárquico ante las denuncias judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, que jaquea a la intervención.
Manuel Alejandro López, del departamento de Operaciones; Enrique Ramírez Juárez, de la división de Abastecimiento; Hugo González, de la división de Comunidades; Adela Rodríguez de Carro, jefa de la división Comercial; Héctor Herrera, de la sección Estados Constables; y Roque Juárez, jefe del departamento de Obras por Contrato, fueron designados por la asamblea de trabajadores del Sepapys para hablar en nombre de sus compañeros. Y ellos sintetizan que entre los sanitaristas hay preocupación por preservar la fuente de trabajo y por defender el prestigio de la institución.
"No venimos a defender ni a acusar, sino a dejar a salvo nuestro trabajo en el Sepapys, que ha demostrado una inclaudicable vocación de servicio, porque da cobertura sanitaria a todo el interior provincial, en las zonas rurales que no fueron asumidas por la SAT", manifiesta González
"Vivimos el trauma de la privatización de Dipos. Cuando se concretó, muchos ambulábamos de una repartición en otra, sin tareas específicas. A algunos, durante la gobernación de (Antonio) Bussi, llegaron a mandarnos con cuadrillas para pintar árboles y cordones. Eramos los que, en la gestión de (Ramón) Ortega, rechazábamos la privatización. Por eso no formamos parte del elenco estable de Aguas del Aconquija", advierte Juárez.
"No nos oponemos a la investigación que lleva adelante la Justicia. Lo que decimos es que no debe mancillarse al organismo ni ensuciar el buen nombre de los trabajadores por las presuntas irregularidades en las que podrían haber incurrido unos pocos", puntualiza Herrera.
"Damos respuesta inmediata en el interior a las localidades que están fuera de la concesión de la SAT", consigna López.
"Esto implica que los principales centros turísticos de la provincia son atendidos por el Sepapys. A lo que se suma el auxilio a las escuelas rurales, sobre todo en el período estival. El Sepapys no sólo provee de agua: también da salud", define Ramírez Juárez.
Rodríguez de Carro precisa que buena parte de las obras son realizadas con financiación del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa), porque el Sepapys no tiene facultad para recaudar (Ver "Obra..."). El cobro de la deuda de usuarios de la ex Dipos es una fuente de ingresos, pero según un expedientes del propio ente, de los $ 57 millones por ejecutar, sólo $ 4 millones se gestionan por vía judicial, mientras que los $ 53 millones restantes (según el Departamento Jurídico y el de Gestión y Mora) están prescriptos. Pese a esos informes, aún no se dictó una resolución oficializando ese hecho.
Por esta situación, el interventor, Angel Adrián Cúneo Vergés, está denunciado por presunta malversación de caudales públicos, ante la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, a cargo de Carlos Albaca.