La Corte se pronunciaría en contra de los intereses del PE

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia dará a conocer hoy su fallo respecto de las excepciones de previo y especial pronunciamiento formuladas por el Poder Ejecutivo contra las causas iniciadas por los legisladores Carlos Canevaro (Unión Norte Grande) y Ernesto Padilla (Recrear), en reclamo de la vigencia de cinco leyes sancionadas e insistidas por la Cámara y devueltas por el Gobierno sin promulgarlas ni vetarlas.
La sentencia está siendo firmada por los magistrados del máximo tribunal desde el viernes, pero será comunicada a las partes hoy. Si bien no trascendió el contenido del pronunciamiento, la mayoría de los jueces supremos se inclinaría por el criterio sentado por el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, que consideró que el planteo de falta de legitimación activa (potestad de la parte para reclamar algo) no debe ser tratado en esta instancia judicial, sino en un fallo de fondo.
En tanto, se reivindicaría la competencia de la misma Corte para avanzar sobre las causas hasta su definición final. El Gobierno, en cambio, pretendía que los casos sean tratados por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Aparte de las acciones declarativas de certeza planteadas por Canevaro y Padilla, en la Corte están pendientes de resolución expedientes impulsados en el mismo sentido por el presidente de la Legislatura, Fernando Juri; y por los legisladores opositores Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y Roberto Palina (UCR), quien fue acompañado en la presentación con el diputado nacional Esteban Jerez (Ciudadanos contra la Corrupción, con quien comparte fórmula a gobernador) y el titular de la convención radical, Ariel García.

Clientelismo y acople
La polémica judicial está relacionada con las normas que establecían el reconocimiento de la vigencia del pago del 82% móvil en los haberes de los jubilados y pensionados transferidos a la Nación; la prohibición a los partidos municipales y comunales para que se acoplen a la candidatura a gobernador y a intendente de otras organizaciones políticas; la prohibición de prácticas clientelísticas como la entrega de bolsones de mercaderías y de prebendas para obtener votos; la implementación del voto electrónico; la reforma de la ley de Autarquía Financiera (beneficia a los poderes Judicial y Legislativo) y la normalización en un corto plazo perentorio de los entes públicos intervenidos.