El problema de las subrogancias afecta la integración de un tribunal

Por tercera vez en menos de un mes, para poder emitir una sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta provincia tuvo que ser integrado el martes pasado con un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones como consecuencia del problema existente en todo el país para la cobertura de vacantes en la Justicia Federal.
Como el vocal Carlos Jiménez Montilla está de licencia por enfermedad (en principio, hasta el martes 26 incluido), Marina Cossio de Mercau debió reemplazarlo y actuar, junto a Gabriel Casas y a Alicia Noli, en la decisión de un caso relacionado con tenencia simple de estupefacientes. La magistrada fue seleccionada porque los otros miembros de la Cámara Federal ya habían intervenido en la causa durante la etapa de la instrucción.
El 12 del corriente, también por la licencia de Jiménez Montilla, el tribunal también había tenido que completarse con la camarista Graciela Fernández Vecino (resultó sorteada), y el martes 5, como los cinco miembros de la Cámara Federal ya habían actuado en otro caso (en la resolución de alguna apelación), debió ser conformado, además de por Casas y por Noli, con Alberto Pravia, vocal del Tribunal Oral de Santiago del Estero.
En las tres situaciones, para subrogar a Jiménez Montilla, el Tribunal Oral optó por magistrados de la misma jerarquía (segunda instancia) y que, además, hayan sido designados por el presidente de la Nación con el acuerdo de la Cámara de Senado (Cossio de Mercau, Fernández Vecino y Pravia), mediante el procedimiento previsto por la Constitución.
Aunque ambos pertenecen a la órbita federal, la Cámara de Apelaciones y el Tribunal Oral en lo Criminal cumplen funciones esencialmente diferentes. La primera interviene en la resolución de las incidencias que pueden plantearse hasta la elevación de la causa a juicio oral. En cambio, al segundo le corresponde el juzgamiento y velar por la ejecución de la eventual pena que pudiera imponerse.

Razones de una decisión
En los tres casos, Casas y Noli desecharon la posibilidad de recurrir a la lista de conjueces; es decir, a los abogados que, sorteo mediante, suelen actuar en un expediente cuando el titular se excusa o es recusado. La razón es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 23 de mayo declaró inconstitucional el mecanismo al que recurría el Consejo de la Magistratura para, frente a una vacancia, designar a quien iba a ocupar transitoriamente el cargo hasta que fuera cubierto por medio de la celebración de un concurso público. De esta forma, Daniel Bejas y Mario Racedo fueron nombrados interinamente al frente de los juzgados federales (por la renuncia de Jorge Parache y la destitución de Felipe Terán, respectivamente), y la propia Noli en el Tribunal Oral (subroga a Oscar Emilio Sarrulle, quien dimitió en 2005).
En la sentencia, precisamente, la Corte Suprema advirtió sobre la precariedad institucional que significaba que, aun en forma temporaria, al frente de un juzgado o de una vocalía federal quedara un funcionario judicial o un abogado elegido por la comisión de Selección de Magistrados del Consejo sin intervención del Poder Ejecutivo Nacional ni del Senado.
Como la Corte Suprema derribó la resolución 76/2004 del Consejo de la Magistratura (establecía el reglamento de subrogancias) y teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el polémico fallo (conocido como "Rosza" por el apellido de quien llevó la situación ante la Corte), los vocales del Tribunal Oral evitan sortear a un abogado de la lista de conjueces (lo permitía el artículo 4 de la resolución 76/2004). En cambio, prefirieron convocar a un camarista que reúna todos los requisitos exigidos por la Constitución para reunir la condición de magistrado.