A 100 años de una Constitución de avanzada

La historia del constitucionalismo en Tucumán tiene una referencia insoslayable en materia de organización institucional. Hace exactamente 100 años, 42 convencionales constituyentes, muchos de los cuales sobresalieron por sus actos y logros, con su voto, daban nacimiento a una nueva Carta Magna. Esta no sólo significó un salto cualitativo respecto del texto de 1884, sino que tuvo vigencia hasta la reforma de 1990 (salvo el período comprendido entre 1949 y 1956, cuando rigió un texto sancionado a instancias del peronismo).
El historiador Ventura Murga recuerda con respeto a aquellos convencionales. "Eran hombres de sólida formación intelectual y moral, de actitudes transparentes, alejados de intereses mezquinos y compenetrados de la necesidad del progreso institucional de la provincia", aseguró.
Aunque la Convención terminó de sesionar el 24 de junio de ese año, la vigencia de la nueva Constitución fue aplazada hasta el 9 de julio, para hacer coincidir el destacado hecho con los festejos por la declaración de la Independencia. El miembro informante de la comisión reformadora fue el jurista Servando Viaña, que además integró la subcomisión que proyectó sustanciales enmiendas en materia electoral. En esta materia tres cosas lo obsesionaban: "estimular el ejercicio del sufragio, convirtiendo este derecho en un deber legal e ineludible; hacer del voto una verdad en su ejercicio, y asegurar el resultado de las elecciones por medio de fallos de legalidad indiscutible".
Hace un siglo, los convencionales dispusieron algo que no ha perdido actualidad. El artículo 36, inciso 6 advertía: "El voto múltiple y toda violencia y fraude contra la libertad y legalidad del sufragio, como también la venta del voto, serán penados conforme a la ley". Recientemente, la Legislatura sancionó una ley contra las prácticas electorales, algo que ya previsto en 1907, aunque la vigencia de esta norma está siendo debatida en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia porque es resistida por el Poder Ejecutivo.
La Constitución también innovó en numerosos aspectos de la vida pública. Uno de los más destacados fue la supresión del Colegio Electoral permanente y la creación de un cuerpo especial similar pero transitorio, elegido directamente por los votantes en cada convocatoria a renovar autoridades, y que no podía estar integrado por empleados públicos.
El instituto del Colegio Electoral desapareció definitivamente en 1990, cuando se estableció que la elección del gobernador y vice debía ser por simple mayoría de sufragios.

Cambios de raíz
Otras reformas de peso cambiaron de raíz la configuración de los poderes del Estado. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia fue creada y empezó a funcionar en 1908, lo que posibilitó afianzar la independencia judicial, pese a que los magistrados no tenían plena estabilidad, sino que duraban un tiempo predeterminado en sus funciones (10 años los jueces superiores y cuatro años los inferiores).
Asimismo, el gobernador duraba cuatro años en su cargo, y no podía ser reelecto sino con intervalo de un período. Sólo estaba autorizado a designar a dos o tres ministros. El Poder Legislativo estaba conformado por una Cámara de Senadores y otra de Diputados (desde 1990, el sistema es unicameral), con cuatro años de mandato y renovaciones parciales por mitades cada dos.
La Carta Magna también estatuyó la educación obligatoria y gratuita, la necesidad de asegurar la salubridad en las fábricas y de legislar el trabajo de las mujeres y de los niños (fue la primera del país en hacerlo), así como fijó el régimen municipal y las actividades que podían ser gravadas por los municipios. Todo esto permitió que, pese a las interrupciones institucionales, durara cerca de 80 años.

Por Gilda Pedicone de Valls - doctor en Derecho
A lo largo de su historia, Tucumán tuvo ocho constituciones, de las cuales la de 1907 fue la que tuvo mayor tiempo de vigencia, con un total de 77 años: de 1907 a 1949 y entre 1955 y 1990 (la interrupción fue debida a la luego derogada reforma constitucional de 1949-1956).
Su sanción (el 24 de junio de 1907) y su puesta en vigencia (el 9 de julio del mismo año) fueron la respuesta a la sentida necesidad de la época de reformar la Constitución de 1884, su antecesora, que asignaba la elección del gobernador de la provincia a un Colegio Electoral permanente. Bajo su normativa, se logró reemplazarlo por un Colegio Electoral ah hoc, elegido cada vez que debía nombrarse gobernador.
¿Qué era el Colegio Electoral permanente? Según los artículos 118 al 128 de la Constitución de 1884, era un órgano formado por ciudadanos elegidos directamente por el pueblo en oportunidad de la elección de diputados y senadores provinciales, cuyo número era igual a la totalidad de los miembros de ambas Cámaras. El cargo de elector duraba tres años, era reelegible y el cuerpo se renovaba anualmente por tercios. Este Colegio se reunía dos meses antes de terminar el mandato del gobernador (duraba tres años) y procedía a elegir a su reemplazante al frente del Poder Ejecutivo por votación nominal y mayoría absoluta.
El trámite debía culminar en una sola sesión y el órgano quedaba en receso una vez que el gobernador electo hubiere aceptado el cargo, hasta que fuera convocado nuevamente a elegir sucesor.

Perpetuidad en el poder
Definido por el presidente de la Comisión Reformadora de 1907, el doctor Servando Viaña, como "una aberración en nuestro sistema institucional", el mecanismo permitía al gobernador y a sus allegados perpetuarse en el poder.
Es evidente que la sociedad tucumana de la época, la del centenario de la Revolución de Mayo de 1810 y de la Declaración de la Independencia de 1816 (capaz de dar a luz una industria azucarera pujante y una clase dirigente visionaria que unos años después fundara la Universidad de Tucumán, el Banco de la Provincia, la Caja Popular de Ahorros, la Estación Experimental Agrícola y el Consejo Provincial de Educación), no podía tolerar tanta falta de representatividad en sus gobernantes.
La Constitución de 1907, nacida con el noble propósito de revertir este déficit, no pudo, sin embargo, salir airosa en 1987, cuando el Colegio Electoral que debía elegir al gobernador para los siguientes cuatro años se disolvió sin hacerlo y finalmente fue obligado a sesionar por un amparo judicial. La consagración como gobernador del candidato que salió segundo en votos (José Domato), la hirió de muerte.
Se instaló, entonces, el reclamo de reformarla y así permitir la elección directa de gobernador, lo que finalmente se concretó en la Constitución de 1990.

Un artículo (el número 4) de la Constitución de 1907, más allá de los avatares de su operatividad, en la realidad siempre fue muy elogiado. La norma, inserta en el capítulo 1, correspondiente a las Declaraciones, derechos y garantías, establecía: "Los funcionarios y empleados públicos serán responsables directamente ante los tribunales de las faltas que cometieren en el ejercicio de sus funciones y de los daños que por ellas causaren. Cuando los culpables sean varios, la responsabilidad es solidaria".
La disposición pudo sobrevivir el paso del tiempo y a los cambios de circunstancia de naturaleza política. En efecto, fue respetada en los textos de 1990 y del año pasado (fue la última reforma constitucional), incluso con la misma numeración. Benjamín Carranza, ex presidente del Colegio de Abogados, en más de una ocasión, elogió la sabiduría del artículo y explicó que respondía a la devoción por la transparencia y al respeto por los asuntos públicos que guiaba a la constituyentes de 1907. "Espero que no lo eliminen nunca, porque es sagrado y sintetiza el espíritu de la república austera en la que me crié y que conocí", supo manifestar a LA GACETA.