"La deuda de la ex Dipos se condonó, no prescribió"

Pide que no le saquen fotos y dice que prefiere hablar a través de los documentos que pone sobre su escritorio. Se trata del subinterventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), Juan Alberto Caligari, quien está acusado de presunta comisión de delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita en concurso real.
La causa de originó en la denuncia de presuntas irregularidades en la prescripción de una deuda de los usuarios de la ex Dipos de $ 53 millones. “Es una denuncia inconsistente, falsa, sin documentación probatoria y difamatoria”, dice el funcionario al respecto.
A lo lo largo de la charla con LA GACETA, Caligari, quien retiene el cargo de jefe del departamento jurídico del Sepapys -cargo que ejerce desde 1995-, habló de confusión, de problemas contables internos de la repartición y de manifestaciones “inoportunas e imprudentes” por parte del fiscal de instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, tras el allanamiento que realizó el jueves en la sede del organismo. “Habló de faltante de dinero cuando no le consta”, apuntó.
Antes de las preguntas, Caligari indica que hace una semana se presentó espontáneamente ante Herrera “para conocer sobre la causa”, pero que después de allanamiento presentó un escrito -patrocinado por el abogado José Agustín Ferrari-, en el que sostiene que comparecerá frente a cualquier requerimiento que se formula para coadyuvar  en la investigación. “Desgraciadamente asistimos a diario al fenómeno de la judicialización de la política con los graves daños que ocasionan la infamia y su onda expansiva”, apunta la nota.
¿Se dejó prescribir una deuda de $ 53 millones por negligencia?, se le consultó. “No, porque esa deuda no existió”, contestó Caligari. Y luego explicó el proceso de traspaso de la deuda de los morosos con la ex Dipos al Sepapys. “Toda la base de datos la manejaba la firma Censys, que tenía un acuerdo con la ex Dipos: le prestaba un servicio informático sobre las cuentas y las deudas. Esa empresa tenía contrato con varios organismos estatales, ya que en esa época el Estado no estaba informatizado”, señaló. Esta firma pasó al Sepapys los estados de cuenta, que tomaron relevancia cuando se aprobó la ley 6.787 el 24 de octubre de 1996, según remarcó. Esta norma condonaba las deudas de menos de $ 1.200 de la ex Dipos.
En ese momento, según muestra Caligari en un documento, la deuda histórica ascendía a $ 57,3 millones y la deuda a condonar -a causa de la ley aprobada en la gestión de Antonio Bussi- alcanzaba a $ 48,8 millones. “Así que quedó una deuda a reclamar de $ 8,4 millones, de los cuales reclamamos  judicialmete, en su momento, casi el 70%”, apuntó el funcionario.
¿Debe entenderse que no hubo una prescripción de la deuda histórica sino una condonación?, se le consultó.  “Así es, la verdad está en los padrones -que aportó Censys al Sepapys- que se llevó el fiscal”, contestó y añadió que si investiga llegará a los $ 8,4 millones aquellos. ¿Usted cree que llegará a esa conclusión?, se le preguntó. “Si cree que hay otros número, que los traiga y los justifique”, respondió.
¿Si en los balances de la repartición aparece una deuda que oscila en $ 53 millones desde 1997 hasta casi 2004, quiere decir que hay un problema interno en el área contable?, se le consultó. “Sí, y es un problema de arrastre, y nadie quiere asumir la responsabilidad de eso; mientras tanto siguen los panfletos y las difamaciones”, señaló y mencionó al contador Pablo Palazolo como la persona que podría esclarecer esta situación. “Hay un error administrativo y hay que asumirlo”, sostuvo.
“Personalmente estoy tranquilo, hay documentos que prueban lo que digo”, acotó. Finalmente manifestó que con esto se perjudica al Sepapys y al Gobierno, “a días de una elección general”.