Apelan fallos a favor de jubilados

Conflicto entre poderes. Pago de haberes. El Poder Ejecutivo recurrió los procesos que reclaman el reconocimiento del 82% móvil. El Gobierno acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a causa de once expedientes que fueron ganados por ex magistrados o por sus hijos.

DISPUTA. El PE llevó los pleitos previsionales al supremo tribunal federal. ARCHIVO LA GACETA
DISPUTA. El PE llevó los pleitos previsionales al supremo tribunal federal. ARCHIVO LA GACETA
Por Redacción Política 23 Junio 2007
La resistencia del Poder Ejecutivo a pagar el 82% móvil a jubilados y a pensionados alcanza a quienes ocuparon cargos en el Poder Judicial y que ganaron juicios para obtener la mejora en los haberes.
Once procesos ganados por ex magistrados (o sus herederos) fueron recurridos por el Gobierno en forma extraordinaria, en un intento de resistir el reconocimiento del aumento. Los planteos fueron rechazados, pero el PE insistió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja por apelación denegada.
Ahora, los expedientes fueron solicitados por el máximo tribunal para expedirse sobre el asunto. Esta novedad se conoce en medio de la dificultosa negociación entre las autoridades de la Corte de Tucumán con el titular del Anses, Sergio Massa, para que jueces, funcionarios de ley y empleados jerárquicos provinciales reciban el mismo trato que los de la Nación en sus haberes previsionales (contempla expresamente el 82%).
El listado de juicios remitidos a la Corte Suprema nacional abarca a los procesos iniciados por Ismael Benigno Sosa; Horacio Guerineau; Ramón Esper; Rodolfo Imbert; Segundo Rodolfo Silva; Ricardo José Frías; Luis Felipe Manso; Jorge Octavio Cáceres Gordillo; Ramón Carol; María Cristina Zelaya y Jorgelina Inés Antoni de Mathus.

Aclaración
Precisamente, el apellido Antoni generó una confusión. Inicialmente trascendió que quien había ganado el proceso para el reconocimiento del 82% móvil era el camarista laboral Luis Enrique Antoni (actualmente en funciones), pero el propio magistrado desmintió la información errónea y aclaró que nunca inició juicio alguno por sus derechos jubilatorios, aunque reivindicó la potestad para cobrar el mismo porcentaje que los jueces nacionales, lo que implica tener el mismo régimen que ellos.
"Me inicié en la magistratura hace 34 años en Concepción; siempre aporté al sistema estatal de reparto y cuando me jubile pienso disfrutar de mi familia y de mi tiempo libre. El juez de la Nación jubilado tiene una incompatibilidad absoluta para ejercer el comercio en cualquier tipo de actividad o la profesión de abogado, ya que puede ser convocado en cualquier momento a cubrir un cargo en la Justicia en forma interina. Si no lo acepta, se le suspende la jubilación que viene cobrando y pasaría a un régimen previsional ordinario. Sólo puede ser docente o cumplir una tarea ad honorem", resaltó.
El vocal de la Sala V de la Cámara del Trabajo remarcó la necesidad de que se defina un nuevo régimen de reemplazos y subrogancias en la Justicia local, con interinatos a cargo de ex jueces o de secretarios hasta tanto se designe a los magistrados definitivos en las vacantes.

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