Un avance clave se producirá en las próximas horas en la Corte Suprema de Justicia, cuando resuelva cuestionamientos del Poder Ejecutivo en las causas planteadas desde la Legislatura para lograr la vigencia de cinco leyes polémicas.
Las acciones judiciales fueron efectuadas por los legisladores Carlos Canevaro (Unión Norte Grande), Ernesto Padilla (Recrear), Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y Roberto Palina (UCR, junto con el diputado nacional Esteban Jerez -Ciudadanos contra la Corrupción- y el titular de la convención radical, Ariel García); y por el presidente de la Legislatura, Fernando Juri.
La decisión se produciría sobre el caso interpuesto por Canevaro, pero sirve de orientación sobre el sentido de la opinión de la Corte, ya que los expedientes tienen el mismo esquema defensivo.
El máximo tribunal se pronunciará sobre las excepciones formuladas desde la Casa de Gobierno contra la legitimación activa de quienes efectuaron las presentaciones, y contra la competencia misma de la Corte para tratar los asuntos presentados. Tras despejar este camino, se abocará a analizar el fondo de las cuestiones.
La normas en discusión se refieren al reconocimiento del 82% móvil para los jubilados transferidos; la prohibición del acople para partidos municipales y comunales; el castigo de prácticas electorales clientelísticas; la aplicación del voto electrónico; la reforma de la Autarquía Financiera para los poderes Judicial y Legislativo y la normalización de entes intervenidos.
Largo trámite
El presidente del cuerpo, Alfredo Carlos Dato, confirmó que hay preocupación sobre estas causas. "Los casos emergen de una situación muy concreta, propia del momento en que se dirimían internas", en referencia a las que disputaron Juri y la diputada Beatriz Rojkés de Alperovich, por la presidencia del PJ, el 1 de abril.
"Esas cuestiones se resolvieron políticamente, pero el pleito legal quedó en manos del máximo tribunal para que se pronuncie respecto de un litigio cuyo origen fue sobradamente superado", advirtió.
Dato admitió que los aspectos en debate abordan temas complejos, como el mecanismo de sanción de leyes, sobre el que hay jurisprudencia contradictoria acerca de si es, o no, un asunto justiciable.
Las acciones judiciales fueron efectuadas por los legisladores Carlos Canevaro (Unión Norte Grande), Ernesto Padilla (Recrear), Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y Roberto Palina (UCR, junto con el diputado nacional Esteban Jerez -Ciudadanos contra la Corrupción- y el titular de la convención radical, Ariel García); y por el presidente de la Legislatura, Fernando Juri.
La decisión se produciría sobre el caso interpuesto por Canevaro, pero sirve de orientación sobre el sentido de la opinión de la Corte, ya que los expedientes tienen el mismo esquema defensivo.
El máximo tribunal se pronunciará sobre las excepciones formuladas desde la Casa de Gobierno contra la legitimación activa de quienes efectuaron las presentaciones, y contra la competencia misma de la Corte para tratar los asuntos presentados. Tras despejar este camino, se abocará a analizar el fondo de las cuestiones.
La normas en discusión se refieren al reconocimiento del 82% móvil para los jubilados transferidos; la prohibición del acople para partidos municipales y comunales; el castigo de prácticas electorales clientelísticas; la aplicación del voto electrónico; la reforma de la Autarquía Financiera para los poderes Judicial y Legislativo y la normalización de entes intervenidos.
Largo trámite
El presidente del cuerpo, Alfredo Carlos Dato, confirmó que hay preocupación sobre estas causas. "Los casos emergen de una situación muy concreta, propia del momento en que se dirimían internas", en referencia a las que disputaron Juri y la diputada Beatriz Rojkés de Alperovich, por la presidencia del PJ, el 1 de abril.
"Esas cuestiones se resolvieron políticamente, pero el pleito legal quedó en manos del máximo tribunal para que se pronuncie respecto de un litigio cuyo origen fue sobradamente superado", advirtió.
Dato admitió que los aspectos en debate abordan temas complejos, como el mecanismo de sanción de leyes, sobre el que hay jurisprudencia contradictoria acerca de si es, o no, un asunto justiciable.







