Allanan el Sepapys por el caso de los poderes falsos
La Fiscalía X secuestró documentación, en el marco de la investigación sobre abogados que litigaron en nombre del ente con una resolución "melliza". Existirían dos resoluciones 0028, fechadas el 17 de enero de 1997. Una autoriza el contrato de un médico fallecido.
Por Redacción Política
21 Junio 2007
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La presunta existencia de resoluciones falsas con que abogados del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) habrían litigado en nombre de ese organismo determinó que la Justicia haya allanado ayer las oficinas de avenida Sarmiento y Catamarca.
El operativo, en el cual se secuestró abundante documentación, se realizó en el marco de la causa contra los abogados Juan Alberto Caligari y Cynthia Mariela Benitez por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita en concurso real. El fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, ya venía trabajando sobre la pista de que poderes aparentemente apócrifos facultaban a letrados a confeccionar las boletas de deudas a usuarios. Esos instrumentos son, en concreto, el cálculo del pasivo del moroso con el Estado y sirven como título de ejecución en caso de incumplimiento del pago. Si quien labra esa documentación no está debidamente autorizado, las boletas pueden ser anuladas.
En ese contexto, el legislador Alejandro Sangenis presentó elementos que sustentaban la tesis de la Fiscalía X. El opositor entregó, por un lado, una copia de las páginas 12 y 13 del libro de resoluciones del Sepapys de 1997. Allí aparece, con fecha 17 de enero de ese año, la resolución 0028, que refiere al contrato firmado por el fallecido médico César René Dantur.
Esa disposición ordena el pago de $ 800, en concepto de honorarios al facultativo, tal como lo confirma la orden de pago 0037, de fecha 21 de enero de 1997.
Paralelamente, Sangenis dejó una copia de lo que él presentó como "la posible resolución melliza". También está numerada como 0028, y fechada el 17 de enero de 1997. Su texto, sin embargo, nada tiene que ver con "hacer uso de la opción de dos meses" del contrato de Dantur, como dice la copia del libro de resoluciones del Sepapys. El artículo 1 de esa "otra" resolución 0028 dice: "Facultar al Dr. Juan Alberto Caligari, agente de este organismo, a suscribir las boletas de deuda, base de las demandas de apremio a iniciar por ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucumán" (sic).
El parlamentario efectuó una nueva presentación el pasado martes, que fue determinante para la realización del allanamiento. (Ver "Enregan en la Justicia...")
Precisamente, el operativo llevado a cabo ayer por el propio Herrera apuntaba a obtener documentación original sobre los pagos efectuados a Dantur tanto por la resolución 0028 como por otra disposición complementaria, la 270, referida a una diferencia salarial.
De manera complementaria, se apuntó a los legajos de empleados y también de ex funcionarios, como el titular del Sepapys, Daniel Arancibia, por cuanto en la resolución 0028 supuestamente "melliza" aparece una firma sobre un sello con su nombre. La Justicia busca determinar si la rúbrica es suya o también es apócrifa.
En diálogo con la prensa, Herrera destacó, además, la colaboración del parlamentario y su aporte documental en la causa. Precisamente, trascendió ayer que con los elementos obtenidos, no se demoraría en citar a prestar declaración indagatoria a los imputados.
El martes entregaron en el Poder Judicial un libro copiador
El fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, no tuvo necesidad de secuestrar ayer, en las oficinas del Sepapys, el libro copiador de las resoluciones administrativas de ese ente autárquico. El funcionario judicial cuenta con ese volumen desde el pasado martes, porque se lo entregó en mano propia, en su despacho.
El legislador Alejandro Sangenis fue quien le aportó la documentación. De acuerdo con la constancia extendida por la Fiscalía X, el parlamentario apuntó que se encontró con el libro copiador en el buzón de correspondencia de su domicilio particular, depositado allí por personas desconocidas.
"Entregué esa documentación en el convencimiento de que puede ser un elemento útil para la Fiscalía en la investigación penal preparatoria. Herrera me lo agradeció, personal y públicamente, y me dijo luego que fue un elemento clave para solicitar el allanamiento", dijo el parlamentario a LA GACETA.
El operativo de secuestro de documentación se realizó ayer desde media mañana y hasta las 14.30. La actuación judicial fue presenciada por el interventor, Angel Adrián Cúneo Vergés, el subinterventor y jefe del Departamento Jurídico, Juan Alberto Caligari, y la abogada Cynthia Mariela Benítez. Estos dos últimos están imputados en la causa por la cual se llevó a cabo el allanamiento.
1- El 14 de mayo, LA GACETA publica que un expediente del Sepapys consigna que prescribieron deudas por $ 53 millones de usuarios de la ex Dipos.
2- El gobernador, Jose Alperovich, negó al día siguiente la existencia del pasivo. Pero este diario, el 16 de mayo, mostró que la deuda está documentada.
3- Ese día, la Policía allanó un inmueble del Sepapys. Halló una camioneta sin motor, para la cual, presuntamente, compraban 1.200 litros de combustible por bimestre.
4- El 21 de mayo, se publica que al jefe del área jurídica del Sepapys, Juan Caligari, lo querellaron por presuntas irregularidades en la compra de bonos profesionales.
5- El 25 de mayo, LA GACETA dio a conocer que Alperovich ascendió a Caligari a subinterventor del Sepapys el día que se conoció la querella en su contra.
6- El 11 de junio, a partir de las denuncias publicadas, la Justicia pidió documentos al Sepapys y el Ministerio de Economía inicia una auditoría en el organismo.
7- El 12 de junio, LA GACETA publicó que se investigaba la pista del poder falso. Al día siguiente, Sangenis entrega copias de las supuestas resoluciones "mellizas".
El operativo, en el cual se secuestró abundante documentación, se realizó en el marco de la causa contra los abogados Juan Alberto Caligari y Cynthia Mariela Benitez por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita en concurso real. El fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, ya venía trabajando sobre la pista de que poderes aparentemente apócrifos facultaban a letrados a confeccionar las boletas de deudas a usuarios. Esos instrumentos son, en concreto, el cálculo del pasivo del moroso con el Estado y sirven como título de ejecución en caso de incumplimiento del pago. Si quien labra esa documentación no está debidamente autorizado, las boletas pueden ser anuladas.
En ese contexto, el legislador Alejandro Sangenis presentó elementos que sustentaban la tesis de la Fiscalía X. El opositor entregó, por un lado, una copia de las páginas 12 y 13 del libro de resoluciones del Sepapys de 1997. Allí aparece, con fecha 17 de enero de ese año, la resolución 0028, que refiere al contrato firmado por el fallecido médico César René Dantur.
Esa disposición ordena el pago de $ 800, en concepto de honorarios al facultativo, tal como lo confirma la orden de pago 0037, de fecha 21 de enero de 1997.
Paralelamente, Sangenis dejó una copia de lo que él presentó como "la posible resolución melliza". También está numerada como 0028, y fechada el 17 de enero de 1997. Su texto, sin embargo, nada tiene que ver con "hacer uso de la opción de dos meses" del contrato de Dantur, como dice la copia del libro de resoluciones del Sepapys. El artículo 1 de esa "otra" resolución 0028 dice: "Facultar al Dr. Juan Alberto Caligari, agente de este organismo, a suscribir las boletas de deuda, base de las demandas de apremio a iniciar por ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucumán" (sic).
El parlamentario efectuó una nueva presentación el pasado martes, que fue determinante para la realización del allanamiento. (Ver "Enregan en la Justicia...")
Precisamente, el operativo llevado a cabo ayer por el propio Herrera apuntaba a obtener documentación original sobre los pagos efectuados a Dantur tanto por la resolución 0028 como por otra disposición complementaria, la 270, referida a una diferencia salarial.
De manera complementaria, se apuntó a los legajos de empleados y también de ex funcionarios, como el titular del Sepapys, Daniel Arancibia, por cuanto en la resolución 0028 supuestamente "melliza" aparece una firma sobre un sello con su nombre. La Justicia busca determinar si la rúbrica es suya o también es apócrifa.
En diálogo con la prensa, Herrera destacó, además, la colaboración del parlamentario y su aporte documental en la causa. Precisamente, trascendió ayer que con los elementos obtenidos, no se demoraría en citar a prestar declaración indagatoria a los imputados.
El martes entregaron en el Poder Judicial un libro copiador
El fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, no tuvo necesidad de secuestrar ayer, en las oficinas del Sepapys, el libro copiador de las resoluciones administrativas de ese ente autárquico. El funcionario judicial cuenta con ese volumen desde el pasado martes, porque se lo entregó en mano propia, en su despacho.
El legislador Alejandro Sangenis fue quien le aportó la documentación. De acuerdo con la constancia extendida por la Fiscalía X, el parlamentario apuntó que se encontró con el libro copiador en el buzón de correspondencia de su domicilio particular, depositado allí por personas desconocidas.
"Entregué esa documentación en el convencimiento de que puede ser un elemento útil para la Fiscalía en la investigación penal preparatoria. Herrera me lo agradeció, personal y públicamente, y me dijo luego que fue un elemento clave para solicitar el allanamiento", dijo el parlamentario a LA GACETA.
El operativo de secuestro de documentación se realizó ayer desde media mañana y hasta las 14.30. La actuación judicial fue presenciada por el interventor, Angel Adrián Cúneo Vergés, el subinterventor y jefe del Departamento Jurídico, Juan Alberto Caligari, y la abogada Cynthia Mariela Benítez. Estos dos últimos están imputados en la causa por la cual se llevó a cabo el allanamiento.
Puntos clave del conflicto
1- El 14 de mayo, LA GACETA publica que un expediente del Sepapys consigna que prescribieron deudas por $ 53 millones de usuarios de la ex Dipos.
2- El gobernador, Jose Alperovich, negó al día siguiente la existencia del pasivo. Pero este diario, el 16 de mayo, mostró que la deuda está documentada.
3- Ese día, la Policía allanó un inmueble del Sepapys. Halló una camioneta sin motor, para la cual, presuntamente, compraban 1.200 litros de combustible por bimestre.
4- El 21 de mayo, se publica que al jefe del área jurídica del Sepapys, Juan Caligari, lo querellaron por presuntas irregularidades en la compra de bonos profesionales.
5- El 25 de mayo, LA GACETA dio a conocer que Alperovich ascendió a Caligari a subinterventor del Sepapys el día que se conoció la querella en su contra.
6- El 11 de junio, a partir de las denuncias publicadas, la Justicia pidió documentos al Sepapys y el Ministerio de Economía inicia una auditoría en el organismo.
7- El 12 de junio, LA GACETA publicó que se investigaba la pista del poder falso. Al día siguiente, Sangenis entrega copias de las supuestas resoluciones "mellizas".
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