El PE archivó la denuncia que hoy indaga la Justicia

La denuncia por presuntas irregularidades en la compra de bonos profesionales en el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) era conocida en el Ejecutivo antes de que se convirtiera en una investigación judicial. Pero Fiscalía de Estado archivó el asunto.
La Fiscalía de Instrucción de la X Nominación, a cargo de Guillermo Herrera, instruye una causa por presunta defraudación a la administración pública en contra del abogado Juan Alberto Caligari. El letrado es el titular del Departamento Jurídico del Sepapys y fue ascendido a subinterventor por el gobernador José Alperovich el pasado 21 de mayo, día en que LA GACETA informó sobre la reactivación de esa pesquisa.
Ese expediente se origina en la querella promovida por los gremialistas Walter Fabián Delgado y Marcelo Ruiz Huidobro, quienes aseguran que el Sepapys entregó a Caligari dos cheques por $ 7.500 para comprar bonos profesionales, pero que él habría comprado con esos fondos títulos en el mercado financiero, con los cuales luego adquirió los bonos encargados. Aseguran que con esa supuesta operación habría logrado una diferencia monetaria que, según los denunciantes, Caligari podría haber usado para su provecho.
Según empleados del Sepapys, que pidieron la reserva de sus nombres aduciendo que temen represalias de las autoridades, esa misma acusación fue formulada ante la Fiscalía de Estado, en junio de 2004, por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del sector (Sitsepapys), José Hipólito Bustos. De hecho, tienen una copia de ese expediente, en cuya carátula figura el nombre del sindicalista.
El 30 de junio de 2006, la Fiscalía de Estado archivó las actuaciones. En la resolución, advierte que el Servicio Jurídico del Sepapys (a cargo del denunciado Caligari) niega la veracidad de la denuncia, “avalado por el interventor del organismo”, Adrián Cúneo Vergés.
El dictamen de la Fiscalía comparte ese criterio e indica que la vía judicial es la procedente. “La investigación y la sanción de los delitos es función del Poder Judicial, en su fuero penal, por lo que es allí donde deberán concurrir los denunciantes para la investigación y prueba de lo alegado”, concluye.


Problemas de la historia
En 1996, con falsos argumentos, me dejaron cesante en la Dipos. Los motivos eran políticos: yo era el primer opositor contra la privatización, que resultó catastrófica. Hoy leo con angustia que en el remanente de lo que fue Dipos, y que hoy es el Sepapys, ocurren cosas de las que deben ser culpables todos que participaron como administradores y como jerárquicos. Dicen que en la repartición sucedieron supuestos ilícitos por decenas de millones, a los que se suman presuntas irregularidades en la compra de bonos jurídicos y en la adquisición de combustible. En la repartición hay un organigrama, con funciones y responsabilidades, lo que me indica que los responsables son muchos. Incluidos los rangos intermedios. Porque en una familia chica se conoce todo y se conocen todos. ¿Cómo es posible, entonces, que no se denunciaran públicamente estos hechos con anterioridad? ¿No será que se quieren ocultar los errores del pasado con la culpa de unos cuantos confiados, que sin ser inocentes hacen de chivos expiatorios? ¿No sera que por no hacer entrar a un hijo a la repartición, o por no cobrar un indebido beneficio, salen a la luz denuncias de las cuales el conjunto es responsable? Si existen todos los controles estatales, ¿cómo pudieron ejecutarse estas acciones erráticas que se denuncian, sin que nadie haya levantado la bandera de la protesta?

José Antonio García -  josepepe489@yahoo.com.ar