Culpas compartidas

Análisis de Juan Manuel Montero, Redacción LA GACETA.


Tuvo siete años para planear su venganza. Se ganó la confianza de los guardias que lo dejaban salir a hacer las compras. Pero desde hace dos años los jueces sabían que por su "personalidad perversa" no podían darle la libertad condicional, pese al cumplimiento de los plazos legales. Tuvieron razón. El miércoles Jorge Vera consumó la masacre. Luego del triple homicidio, la Justicia y el Gobierno se miraron con desconfianza: ¿cuál de los dos era más responsable? El juez Carlos Pellegri piensa que habría que analizar por qué los informes psicológicos y psiquiátricos que elaboran los profesionales del Poder Judicial y los de la cárcel difieren en sus conclusiones. El director de Institutos Penales, Ernesto Salas, afirma que el convicto tenía una conducta ejemplar. El gobernador José Alperovich dice "no me pregunten a mí". La respuesta pendiente es por qué no se nombró a los jueces de Ejecución de Sentencias, cargos que su Legislatura creó hace un año y medio. Si estos magistrados hubieran estado, se habrían encargado del seguimiento de los presos, y de determinar si están en condiciones de recuperar la libertad. Los jueces de Cámara no están obligados a saber qué piensa un preso; tampoco las autoridades penitenciarias. No es cuestión de apurar juicios políticos o destituciones. Hace falta un mea culpa y el perfeccionamiento del sistema de permisos de salida de los reos. Había evidencias de que Vera tramaba algo: su esposa y sus hijos, a quienes culpaba por haber ido a la cárcel, fueron amenazados. Armado con una pistola 11.25 -¿de dónde la sacó?- terminó de destrozar a su familia. Ya había violado a dos de sus hijas. Seguramente, nada le costó matar al resto