"Deberían decirle al gobernador qué está pasando", señaló Dato

“Por suerte, en Tucumán los fiscales respetan las leyes. Y es en función de esas normas que se regulan las libertades, algunas de las cuales hoy le aparecen antipáticas a la sociedad y motivan reclamos”, remarcó ayer Alfredo Carlos Dato, en respuesta a las quejas públicas del gobernador José Alperovich sobre el funcionamiento de la Justicia penal.

El mandatario había solicitado a los jueces que impidan que las personas acusadas de haber cometido un delito estén sueltas y por la calle. El presidente de la Corte Suprema le recordó que hay leyes internacionales que disponen como regla la libertad mientras se sustancie la causa y que la excepción son ciertos hechos muy graves o conductas que impliquen peligro.

El magistrado supremo insistió en que los jueces sólo aplican las disposiciones vigentes, y aseveró que le adjudican al Poder Judicial una responsabilidad que no tiene. Pero fue más allá y afirmó: “la seguridad es un tema de prevención; cuando ella falla, se transforma en una causa judicial, en la cual el delincuente tiene derecho a un debido proceso, a una defensa y a agotar los recursos”.

“El mayor desafío que enfrenta la Justicia sigue siendo la mora, la tardanza. Hace poco estuve en España, donde su Tribunal Constitucional calculó que un tiempo razonable para dictar una sentencia es cinco años y hay procesos que duran 12 años. No nos consuela; por el contrario, creemos que con equipamiento, con capacitación y con infraestructura adecuada, podremos hacer que los tiempos procesales se acorten. Pero lo que dura el trámite también se vincula con las estrategias de las partes, con el vulgarmente llamado ‘chicaneo’”, se quejó.

Dato refutó además la crítica de Alperovich respecto de la demora judicial en dictar sentencia sobre las causas contra la reforma constitucional. Sostuvo que los trámites están en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en la cual las partes pueden intervenir en los procesos. “Hasta ahora, no hay un compromiso serio en la Justicia por cuatro vacantes en los cargos.

El Gobierno puede plantear recursos o hacer presentaciones para agilizar algún trámite, pero no se opuso en su momento a la medida cautelar que ordenó la suspensión en la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura. No se puede plantear una causa en términos de almanaque, porque en este año, los expedientes no dejaron de tramitarse. Los procedimientos son largos. La representación letrada de la Provincia le debería decir al gobernador qué está pasando en la causa”, puntualizó.

Beneficios de bolsillo
El titular de la Corte confirmó la buena marcha de las gestiones iniciadas ante la Anses para lograr el reconocimiento del 82% móvil para los magistrados, funcionarios y empleados que se quieran jubilar, si cumplen con todos los requisitos administrativos.

“Confiamos en que el beneficio sea pleno y sin retracciones, que haría que la jubilación retroceda a entre el 56% y el 71%, según los casos. En 90 días habrán terminado las actuaciones tanto en la Capital Federal como las rectificaciones previsionales de cada uno para adecuar los aportes previsionales que se realizan. Pero, como juez, no decimos que todo está asegurado hasta que no está firmado”, dijo. Reiteró que no impulsará retiros de magistrados, fiscales o defensores, pero sí de los empleados jerárquicos en condiciones de jubilarse cuando esté asegurado el reemplazante para no resentir la administración de Justicia.

Dato ratificó también el aumento salarial a los trabajadores judiciales siguiendo la pauta nacional (16,5%, remunerativo y bonificable), y con un fijo de $ 100 a quienes cobran más de $ 1.200. Agregó que el ministro de Economía, Jorge Jiménez, se comprometió oficialmente a remitirle los fondos extra para afrontar este nuevo gasto presupuestario, que rondaría poco menos de $ 10 millones. El incremento comenzaría a ser percibido con el sueldo de junio. LA GACETA (C)