Muchos cambios que habían sido prometidos no se concretaron en la letra

Cuando la Legislatura declaró por ley la necesidad de reformar la Constitución, en diciembre de 2005, facultó a la Convención Constituyente que sesionó el año siguiente a incorporar nuevos institutos. Pero muchos de ellos fueron directamente ignorados por los reformadores. Y entre los pasados por alto se encuentran algunos que representaban avances sustanciales para el Poder Judicial.
El caso más palpable es el de la independencia del Ministerio Público Fiscal (lo integran las fiscalías de Instrucción), alternativa que no fue consagrada. Tampoco se establecieron en la Carta Magna la Escuela Judicial ni la carrera judicial de los empleados. Igual suerte corrió el amparo colectivo, una acción que permite tutelar los derechos de todos los ciudadanos a partir de una sola presentación, en lugar de circunscribir una sentencia judicial sólo a quienes la promueven como directos interesados.
En el tintero quedaron, también, institutos de democracia participativa. El más notorio fue el de revocatoria de mandato, que permitía a los ciudadanos sacar del cargo a un legislador o a un concejal que incumpliese sus promesas de campaña, y que había sido una de las más promocionadas promesas de campaña del oficialismo. Tampoco se implementó el juicio de residencia, que obliga a funcionarios y representantes populares a seguir viviendo en la provincia por un plazo determinado una vez concluidas sus funciones, a fin de garantizar que, dado el caso, puedan ser investigados por la Justicia. Ni los Valles Calchaquíes fueron declarados área protegida, pese a que se contemplaba esa posibilidad.
Los convencionales constituyentes también estaban facultados para suprimir institutos constitucionales, tarea que sí llevaron adelante. Del texto constitucional fueron eliminados el Tribunal Constitucional (incorporado en la Carta Magna del 90, pero que jamás fue instrumentado); la cláusula confesional (obligaban al gobernador y al vicegobernador a jurar por Dios, la Patria y los Sagrados Evangelios como requisito para asumir el cargo) y el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo, más conocido como Ley de Lemas.

Pendientes
Además del Consejo Asesor de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, cuestionados judicialmente, los constituyentes incorporaron otros institutos que aún están pendientes de ser aplicados.
Por un lado, se aprobó el mecanismo de votación electrónica. La Constitución daba plazo hasta el año pasado para dictar la ley que lo reglamentara, pero contemplaba que su instrumentación estaría sujeta a la capacidad económica de la Provincia. La ley que obligaba a usarlo fue aprobada el 12 de febrero pasado, vetada a fines de ese mes por el Ejecutivo, ratificada por la Cámara el 12 de marzo y devuelta, sin nuevo veto ni promulgación, por la Casa de Gobierno. La Justicia analiza hoy su validez.
El otro caso es el de Autonomía Municipal, aunque la Provincia no está en mora, porque la ley complementaria a los postulados constitucionales debe dictarse hasta el 31 de diciembre próximo.
Finalmente, tampoco se dictó aún una Ley de Acefalía, lo que debía hacerse hace ocho meses.

Por Sergio Díaz Ricci, profesor de Derecho Constitucional
Quiero destacar tres aciertos: la incorporación de un nuevo artículo 5, la eliminación del Tribunal Constitucional y la constitucionalización de los órganos de control.
“El pueblo tucumano se identifica con los inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento de la convivencia política, de la paz, de la solidaridad, de la justicia social y del bien común”. Esta solemne declaración de los constituyentes en el artículo 5 tiene una energía política excepcional. Aquí es el “pueblo tucumano” el que habla y proclama su compromiso con los derechos humanos. ¿Por qué habrá considerado el constituyente necesario hacer esta manifestación expresa? ¿En algún momento eso no ocurrió? Efectivamente, si nos retrotraemos 30 años atrás, Tucumán fue el símbolo del atropello y de la violación de los derechos más elementales de la persona. Pero podría haber algo más. Casualmente, la Constitución del 90 fue la obra de quien encabezó aquella represión salvaje que no respetó los derechos del hombre.
En segundo lugar, la reforma se pronuncia definitivamente confiando el resguardo de todo este plexo axiológico al Poder Judicial. En efecto, reafirma el rol de los jueces como defensores de la Constitución a través de la eliminación del Tribunal Constitucional, por cuanto éste sustraía a los jueces en gran medida la función de custodios de la constitucionalidad y, además, favorecía la posición del Ejecutivo en detrimento del legislativo. ¿Cómo opera esto en la práctica? Cualquier acción del Estado que afecte la “inviolabilidad” de los derechos “inalienables” de la persona, puede ser cuestionada e invalidada por un tribunal a través de una acción de amparo o un habeas corpus.
Finalmente, la reforma vino a subsanar una omisión deliberada de la Constitución del 90 que, en su propósito de dar hegemonía al PE, no quiso incorporar organismos de control. La constitucionalización les otorga estabilidad institucional al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo. Aquí también aparece una nota de originalidad, ya que le otorgó al Tribunal de Cuentas el “control preventivo” de todo acto administrativo que implique el empleo de fondos públicos, con aptitud para suspender su ejecución cuando hubiera transgresiones legales o reglamentarias.