La nueva Constitución cumple un año

El próximo miércoles se cumplirá un año de la sanción y de la puesta en vigencia del nuevo texto de la Constitución provincial. Esa modificación fortaleció a los poderes políticos. No fue el caso de la Justicia. (ver "Muchos cambios...")
De hecho, dos de los institutos que siguen pendientes de aplicación, a punto de cumplirse el primer aniversario del cambio de la Carta Magna, son los que seleccionan y remueven magistrados, los que fueron cuestionados por la vía legal. El Consejo Asesor de la Magistratura (artículo 101) y el Jurado de Enjuiciamiento (las bases para su procedimiento están fijadas en el Capítulo Segundo) son considerados por dirigentes e instituciones como lesivos de la independencia del Poder Judicial. (ver "La Justicia tendrá ...").
El hecho político más trascendente de los cambios consagrados fue la habilitación de la reelección consecutiva para el gobernador, el vicegobernador, los intendentes, los concejales y los comisionados rurales. Más aún, el artículo 159 (disposición transitoria) dispone que el actual mandato de esos representantes no será considerado como el primero, de modo que, eventualmente, podrán ser reelectos en este año y otra vez en 2011.
En cuanto al mecanismo para deponer al gobernador y al vice, establecieron que se necesita el voto de las 3/4 partes de la comisión parlamentaria de Juicio Político para acusarlos e idéntica mayoría del Tribunal de la Legislatura para echarlos. Esos requisitos bajan a 2/3 para el caso de los miembros de la Corte Suprema; de los funcionarios inferiores del Poder Ejecutivo; de los vocales del Tribunal de Cuentas y del titular de la Defensoría del Pueblo (artículo 49), diferencia que está objetada judicialmente. A estos dos organismos se les dio rango constitucional, en el apartado "Organos de Control".
Los reformadores jerarquizaron los decretos de necesidad y urgencia, un régimen extraordinario de legislación para el PE, que figura ahora entre sus atribuciones. Y establecieron que, en adelante, el vicegobernador puede promover proyectos de ley (artículo 69). A su vez, los propios legisladores pueden hacer modificaciones específicas del texto constitucional a partir de las enmiendas (artículo 155). Fue consagrada la autarquía para las cuentas parlamentarias, puesto que la Cámara dicta su propio presupuesto y este no puede ser vetado por el PE (artículo 67). La Justicia no goza de esa misma facultad.
El número de legisladores fue elevado a 49 (artículo 44), y sus miembros gozan de fueros más amplios: la inmunidad se extiende incluso a lo que manifiesten fuera del recinto (artículo 62). Antes, alcanzaba sólo a lo manifestado desde sus bancas. De ese privilegio gozan ahora los concejales, y también hay prerrogativas procesales para los intendentes, equivalentes a las del gobernador (artículo 138).
Los constituyentes también flexibilizaron el incremento de las remuneraciones de los legisladores. Hasta 2006, el aumento de las dietas sólo podía dictarse por ley y entraba en vigencia cuando se renovara la composición parlamentaria. Ahora es fijada por el presidente del cuerpo, sin restricción temporal alguna (artículo 68). Complementariamente, un legislador ya no debe renunciar para ejercer otro cargo nacional, provincial o municipal. Por el contrario, puede pedir licencia y la Cámara puede cubrir provisoriamente su banca con quien le siguiera en la lista (artículo 61). En el Poder Ejecutivo, los funcionarios no deberán pedir licencia para ser candidatos a cargos electivos (artículo 43).
Los convencionales también achicaron a exactamente la mitad el plazo de la transición entre el gobierno saliente y el entrante. La elección de la fórmula gobernante se realizará, desde este año, dos meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio (artículo 100).
En las Bases del Régimen Electoral, los constituyentes fijaron las pautas del "acople". Establecieron, también allí, una nueva conformación de la Junta Electoral Provincial: al presidente de la Corte y al vicegobernador se sumó ahora el fiscal de Estado (miembro del PE), en lugar del ministro fiscal (miembro del Poder Judicial).

Se consagraron valiosos avances en materia social
La Constitución reformada sí trajo importantes avances en materia social, desde el propio Preámbulo. En él se reconocen los derechos del niño por nacer, cuando se garantiza la vida desde su concepción. En materia de Salud Pública, el Estado queda obligado en la Carta Magna a costear la atención médica de quien no pueda pagarla por sus propios medios (artículo 146). Y respecto de la educación se garantiza la educación pública y gratuita, con trece años de escolaridad obligatoria (artículo 5).
Dos hechos trascendentales son, además, el establecimiento de los derechos de las comunidades aborígenes (artículo 149) y el reconocimiento para los para los partidos políticos: "son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la Constitución Nacional y a las leyes que, en su consecuencia se dicten, garantizándose su organización y funcionamiento" (artículo 43). La Provincia también promueve la investigación científica y la innovación tecnológica, atendiendo a su función social y garantizando el acceso a dichas actividades a todos los sectores de la comunidad (artículo 147). Paralelamente, impulsa la integración regional (artículo 148), replicando pautas dispuestas a nivel nacional.

Por Rodolfo Burgos, abogado constitucionalista
Es una verdad histórica que no admite contra argumentación, aquella que señala que, cuando no está limitado, el poder se convierte en tiranía y en despotismo. El poder sin control tiene una valoración moral negativa que las sociedades, con el correr de los siglos, aprendieron a conjurar a través de un sistema de reglas fijas -la Constitución- destinadas a limitar el ejercicio del poder político.
Desde entonces, la Constitución se convirtió en el dispositivo fundamental para controlar el proceso del poder. Así, enterrando para siempre al absolutismo, la triunfante revolución francesa de 1789, al sancionar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establecía un nuevo dogma: las sociedades en las que la separación de poderes no aparece determinada carecen de Constitución. Sin embargo, desde la sanción de la autoritaria Constitución bussista de 1990, el texto de la Carta Magna exhibe en forma preocupante una versión más que diluida de la garantía institucional de la separación de poderes.
Con el vicegobernador, miembro del Poder Ejecutivo, presidiendo la Legislatura (y con funciones de convocar las sesiones, definir su temario y manejar el presupuesto del poder) la función de control político sobre los actos del gobernador ya estaba en vías de extinción. Y el panorama se agravó desde la reforma de 2006.
Como si no fuera suficiente paradoja el haber transitado un proceso de reforma con la única idea fuerza de acordar un beneficio (la reelección) para quienes deberían ser controlados (y limitados) por la Constitución, los constituyentes de 2006 iniciaron un proceso que derivó en un esperpento constitucional, en atención a la grotesca acumulación de facultades que atribuyeron al gobernador. Si la tarea original de toda Constitución es limitar la concentración del poder, la Constitución alperovichista restringe esa libertad de acción. Sin embargo, todavía no ha sido descalificada por la Justicia. Con tremenda actualidad, el preámbulo de la declaración francesa recuerda que "la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos".