Casi dos largos años de zozobra institucional

La incertidumbre, enemiga del derecho, parece haberse ensañado con la Justicia Federal de Tucumán. Desde hace ya casi dos años los dos juzgados de primera instancia padecen la incomodidad -y la fragilidad institucional- que significa que sus conductores sean cuestionados permanentemente.
Durante el episodio más escandaloso de la historia de los Tribunales de las Piedras al 400, Jorge Parache y Felipe Terán, en los despachos Nº 1 y Nº 2, respectivamente, afrontaron dos auditorías (la de la Procuración del Tesoro de la Nación y la del Consejo de la Magistratura), que el 28 de noviembre de 2005 dieron pie a sendos sumarios en su contra en la entonces comisión de Acusación del Consejo, así como a cuatro causas penales (dos por cabeza) por supuestas maniobras especulativas y delictivas con títulos públicos, en perjuicio nada menos que del Estado nacional, a uno de cuyos poderes, precisamente, ellos representaban.
Aún no se dimensiona la zozobra -y el desgaste- que esta inédita situación generaba no sólo entre el personal, sino entre los abogados litigantes y, más aún, entre los ciudadanos. Desde el punto de vista práctico, estos eran destinatarios de decisiones de jueces que, en lugar de pensar exclusivamente en lo que debían resolver, estaban tanto o más pendientes de cómo evitarían que avanzaran en su contra un proceso de destitución o una nueva imputación penal. Eso sin contar la mácula que, al margen del principio de inocencia, significaba para el ejercicio de la judicatura que un magistrado adoptara decisiones sobre la libertad o el patrimonio de otros mientras, en forma paralela, él mismo era objeto de requerimientos penales. Se trata de un costo institucional difícil de mensurar y que trasciende la remoción de Terán o la apurada renuncia de Parache, el primero, además, ya procesado en una causa y el segundo, imputado en dos.

Más ruido
La transición, hasta que -concursos mediante- sean seleccionados los reemplazantes definitivos, no será pacífica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, actuando casi como un tribunal constitucional, acaba de declarar genéricamente inconstitucional la resolución 76/04, o sea, el sistema por medio del cual el Consejo de la Magistratura designó a unos 200 abogados para que, frente a vacancias generadas, se desempeñaran interinamente. Precisamente, con el juramento de Daniel Bejas, dos subrogantes (el otro es Mario Racedo) quedaron al frente de los juzgados Nº 1 y Nº 2, respectivamente.
Por medio del polémico fallo del 23 de mayo y, para evitar que la Justicia Federal entrara en un estado de anarquía en todo el país, el alto tribunal ratificó durante un año más a todos los interinos y -novedosamente- conminó al Congreso y al Poder Ejecutivo a que, en el mismo plazo, sancionaran un nuevo sistema de subrogancias. Como si estuvieran ofendidos, en el Consejo de la Magistratura decidieron que, como consecuencia de la sentencia y como fue prácticamente borrada del orden jurídico la resolución 76/04, ese órgano no nombrará a un solo subrogante más. Pero, en realidad, se trata de un gesto (por omisión) que apunta a la Corte. "Es una forma de decirles: ustedes generaron esto, entonces, ahora dicten una acordada y establezcan cómo deben ser cubiertas las vacancias durante el próximo año", razonaba ayer, desde Buenos Aires, el asesor de un consejero.
A raíz de la coyuntura, al problema lo sufre particularmente Tucumán. A esta pertenecen los dos últimos subrogantes designados (Bejas y Alicia Noli para el Tribunal Oral en lo Criminal) por la comisión de Selección de Magistrados del Consejo, casualmente el mismo día en que la Corte derribaba el sistema. Aunque la Corte notificó al Consejo del fallo al otro día, a las 10.56 del jueves 24, (esto es importante porque el tribunal fijó que el plazo de un año iba a correr a partir de la correspondiente comunicación), ayer, desde Buenos Aires, por las dudas, querían que llegaran rápidamente las 18 para que juraran Bejas y Noli. Ocurre que, como consecuencia de la sentencia de la Corte, hubo tres planteos para bloquear el juramento de un interino designado (Esteban Furnari) al frente de un juzgado porteño en lo Contencioso Administrativo.
Además, Racedo, que reemplaza a Terán desde el 4 de julio de 2006, está molesto. El miércoles, la comisión de Selección iba a prorrogarle expresamente el mandato (en teoría vencía el 6 de junio), pero no lo hizo, aunque figuraba en el orden del día, en la inteligencia de que la Corte automáticamente se los alargó durante un año a los 200 que están en la misma condición que él. Pero no recibió ninguna notificación que ponga algo de certeza.
Si a la provisoriedad que significa un interinato se le suma, además, que el mecanismo por el que fueron designados los subrogantes acaba de ser tachado de inconstitucional, puede advertirse la endeblez -seguramente no querida por la Corte- en que quedaron los interinos en todo el país. Quienes litigan ya vieron esto. Ayer, precisamente, José Agustín Ferrari, abogado de Daniel Martín, imputado en varias causas vinculadas a títulos públicos, en el expediente "Taranto" efectuó una presentación, pero aclaró que eso no implicaba consentir la actuación de Racedo. Esta perspicaz reserva -a la que ya había recurrido en otros expedientes- es un indicativo de los cuestionamientos que, seguramente, lloverán frente a decisiones urticantes de Racedo o del emergente Bejas. La precariedad, al parecer, sigue siendo la alargada sombra que sigue a los dos juzgados.