En cinco causas se objetaron los institutos creados en la Constituyente

Recursos en tribunales. Es coincidente el rechazo a la integración de la Junta Electoral. Las demandas abarcan una veintena de puntos, con varios asuntos cuestionados en más de una presentación. Piden concursos de antecedentes y oposición para elegir a los jueces.

La mayoría de los nuevos institutos creados por la reforma constitucional están objetados en la Justicia provincial. Las cinco causas impulsadas en los tribunales abarcan una veintena de puntos, con varios asuntos cuestionados en más de una presentación.
El Colegio de Abogados se opuso al Consejo Asesor de la Magistratura -CAM-, al Jurado de Enjuiciamiento -JE- y al mecanismo de enmienda parlamentaria para modificar la Constitución sin realizar elecciones especiales de convencionales constituyentes. A estos argumentos se sumó luego el mecanismo de juicio político en la Legislatura, en el cual se diferencia la mayoría exigida para la destitución del gobernador y del vice (3/4 del total del Tribunal de Juicio Político, compuesto por 37 legisladores) de la del resto de los funcionarios y miembros de la Corte Suprema de Justicia (2/3 del total).
La segunda presentación contra la reforma fue impulsada por partidos políticos de la oposición (originalmente fueron Ciudadanos Independientes, Ciudadanos Contra la Corrupción, Acción por la República, Movimiento Provincias Unidas y PRO, a los que se sumaron otras expresiones). En este caso, aparte del CAM, del JE, del juicio político y de la enmienda, se cuestiona la nueva conformación de la Junta Electoral Provincial (JEP, integrada por mayoría política: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el vicegobernador y el Fiscal de Estado, quien reemplaza al Ministro Fiscal de la Corte) ); el régimen de acople y la determinación de la dieta de los legisladores.
El legislador Alejandro Sangenis, en su carácter de presidente del Movimiento Popular 3 Banderas, accionó contra el nuevo texto de la Carta Magna en lo referido a la JEP y a la eliminación de la exigencia de que los funcionarios públicos soliciten licencia para ser candidatos, al mismo tiempo que se los habilitó para ser reelectos. En este expediente pidieron ser parte la Democracia Cristiana y Ciudadanos Independientes.
La causa impulsada por los referentes de Defensa Provincial Bandera Blanca, Exequiel Avila Gallo y Luis Ortiz, también abordó el JE; el CAM; la mayoría calificada especial para destituir al gobernador y al vice mediante juicio político; la conformación de la JEP y la enmienda parlamentaria. Innovó al ir en contra del aumento de los privilegios constitucionales para concejales e intendentes y de la colegiación obligatoria, pero el trámite no registra movimiento desde hace meses.
El expediente iniciado por los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán sigue teniendo problemas para encontrar un tribunal que lo entienda, por recusaciones y excusaciones de magistrados. En su escrito, la crítica giró alrededor de la dependencia de los convencionales constituyentes del oficialismo a los deseos del gobernador José Alperovich (según el propio mandatario afirmó), lo que derivaría en una violación de sus deberes cívicos y en el incumplimiento de la ley que habilitó la reforma, lo que haría caer todo el proceso. Sus impugnaciones recaen sobre el CAM, el JE, la enmienda, la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia por el mero silencio legislativo (aprobación ficta), la promulgación parcial de leyes y el juicio político diferenciado al gobernador y al vice.

Abogados esperan con ansias la decisión
"Estamos esperando con ansias la respuesta de la Justicia a la presentación efectuada hace un año sobre la situación de la provincia. Hay preocupación por el tiempo transcurrido, pero es una causa difícil y un tema muy complejo de resolver", afirmó el vicepresidente del Colegio de Abogados, Jorge Cheín.
El directivo instó a los jueces intervinientes a dictar una sentencia totalmente ajustada a derecho, para no provocar un quiebre institucional en Tucumán y garantizar la paz social. Resaltó que el principal reclamo de los letrados es que se adopte un sistema de selección de magistrados similar al nacional, con concursos de antecedentes y oposición, que debe abarcar también la cobertura de todo cargo vacante en los tribunales.
Cheín destacó que esta causa no genera ninguna clase de división dentro de la estructura del colegio, porque el objetivo buscado es respaldado en forma unánime.

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