A un año del primer planteo, no hay fallos sobre la reforma

Hace un año, la Convención Constituyente se aprestaba a sancionar los últimos artículos de la reforma de la Carta Magna provincial, en medio de fuertes debates políticos. Los airados reclamos de la oposición en el recinto de deliberaciones habían sido acompañados por acciones judiciales firmadas por el diputado nacional Esteban Jerez (Ciudadanos contra la Corrupción) y por Daniel Blanco (Partido Obrero), que pretendieron infructuosamente que se paralicen las sesiones y que se anule todo lo actuado. Antes, Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) había objetado los comicios de febrero con una denuncia sobre clientelismo electoral.
El 29 de mayo de 2006, el Colegio de Abogados presentó su propia acción judicial, conclusión de varios pronunciamientos en los que advirtió que la Provincia vivía una crisis institucional por el mecanismo elegido por los convencionales para aprobar los nuevos artículos de la Constitución. En especial, su planteo giró alrededor del deterioro de la independencia del Poder Judicial por la creación de los institutos del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), del Jurado de Enjuiciamiento y de la enmienda parlamentaria.
Si bien los letrados no lograron su objetivo de paralizar la Convención reformadora, su causa se transformó en la que más avances registra en la Justicia (está radicada en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo), al punto de ser la única en la cual existe una medida de no innovar que paraliza la integración del CAM. Hoy se cumple un año de la primera denuncia, con la expectativa de que haya prontas novedades.
La posibilidad de que la causa sea declarada de puro derecho por los camaristas Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo concentra la mayor atención. Esta definición procesal se daría en poco tiempo, lo que permitiría agilizar el trámite y obviar la instancia de producción de pruebas materiales, al entender que la discusión está centrada no en la interpretación de los hechos, sino en cuáles son las normas que deben ser aplicadas y en analizar si los convencionales las violaron.Por lo pronto, desde la asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) se presentó un escrito como Amigos del Tribunal (Amicus Curiae), en el cual se fustigan los nuevos institutos constitucionales y se los considera un avance de los poderes políticos contra la Justicia.

En la Corte
El expediente de los abogados está fuertemente atravesado por otra causa: la presentada por un grupo de partidos de la oposición encabezados por Ciudadanos Independientes (CI). Inicialmente, los escritos ingresaron en dos salas distintas (la II en los letrados; la III en los opositores), pero sucesivas declaraciones de incompetencia (total o parcial) hicieron que el asunto llegue a manos de la Corte Suprema de Justicia. En el máximo tribunal se debaten tres alternativas: dividir el expediente de CI y ordenar que la Sala II anexe a la causa de los letrados los temas que ambos impugnan (CAM, JE, enmienda y Juicio Político) y que la Sala III trate los otros que fueron planteados sólo por los opositores; disponer la acumulación total de ambas causas en manos de la Sala II; o resolver que cada una se tramitará absolutamente por separado, cada una en una sala.
Hasta que esta situación no se defina, los camaristas no avanzarán, ya que cualquier paso que den puede quedar desacreditado. Los meses transcurridos sólo han potenciado la raíz política de la reforma y la demora en que se produzcan definiciones judiciales hace temer que, cuando lleguen las sentencias, existirán hechos consumados imposibles de dar marcha atrás.
El miércoles 6 de junio, la nueva Carta Magna provincial cumplirá un año. Sin embargo, en el día de su aniversario, todavía habrá artículos fundamentales de la estructura institucional del Estado cuestionados en la Justicia y ninguna causa tendrá un fallo firme.