31 Octubre 2002 Seguir en 
Periódicamente, notas evocativas en nuestras ediciones despiden a edificios de significación (por su antigüedad, o por su arquitectura, o por su valor testimonial) que la piqueta va abatiendo en las calles de San Miguel de Tucumán. Tales demoliciones, como lo hemos recordado tantas veces, son una práctica de antigua data entre nosotros, y de ella no se salvaron ni siquiera la Casa de la Independencia o el Cabildo, edificio este último que la gran mayoría de las capitales argentinas se las arregló para preservar. Cada vez que una de estas construcciones desaparece, un amplio sector de la comunidad experimenta una sensación de pérdida, deplorando que se esfume otro elemento que integra el paisaje habitual de la ciudad, el entorno con el cual nos hemos habituado a convivir. Se trata de una cuestión que más de una vez ha ocupado este comentario, y a la que sería necesario tratar con un criterio maduro y realista.
Digamos de entrada que hay que aceptar que las ciudades crecen, y que ese proceso implica fatalmente modificaciones, por un lado. Por el otro, también es verdad que no todo edificio añoso, por ser tal, merece la pena de conservarse. Se trata, entonces, de tomar las medidas para preservar aquellos inmuebles que se consideren verdaderamente valiosos. Sabemos que la Municipalidad ha confeccionado un inventario, en la primera mitad de los años 90, definiendo las prioridades en la materia. Fue una iniciativa que elogiamos en su momento. Pero no se advierte que se haya avanzado en otros rubros, y es lo que pensamos que sería necesario hacer.
En efecto, como lo reconocen las propias autoridades municipales, a pesar de este inventario, si el propietario quiere demoler su local, no hay forma de impedirlo legalmente, y la destrucción se consumará sin más consecuencia que las notas periodísticas llenas de nostalgia. Por otro lado, no se ha tenido en cuenta, en el inventario, el caso de edificios que pueden no tener valor artístico o arquitectónico, ni ser demasiado antiguos, pero la gente les tiene estima por otras razones. Encuentra, como decimos arriba, que son parte de un paisaje entrañable y quisiera que se conserven.
Nos parece que debieran establecerse, legalmente, otros caminos. Entre nosotros no se ha utilizado, todavía, el sistema que adoptan otros países del mundo para proteger la edificación que les interesa. Nos referimos a otorgar, a sus propietarios, una serie importante de facilidades impositivas que, en los hechos, obren como incentivos para la conservación de la finca. No hablamos solamente de una liberación sustancial en los tributos municipales y provinciales (que sería la primera medida lógica) sino también de providencias de mayor alcance. Por ejemplo, la posibilidad de deducir impositivamente todo gasto de mantenimiento y conservación.Sin duda estos recaudos serían mucho más efectivos que cualquier otra cosa. Es lógico pensar que, en gran número de casos, los locales son demolidos por los altos costos que significa mantenerlos, en comparación con el provecho económico que depara arrasarlos y darles, por ejemplo, el destino de playas de estacionamiento, tan frecuente. A los incentivos que mentamos arriba se podrían agregar ventajosamente varios otros.
Pensamos en exenciones para la transformación de las fincas en locales comerciales, sin alterar las líneas exteriores. No es arriesgado suponer que de ese modo, antes de resolver la demolición, el propietario podría valorar opciones más convenientes y económicamente atractivas.
Creemos que por ese lado se podría hacer mucho en materia de preservación de inmuebles, y que se salvarían de la piqueta muchos locales que en este momento corren ese peligro. Es una cuestión que debiera encararse, repetimos, con criterios distintos de los actuales e instrumentarse legalmente. Hay experiencias de otros países que podrían utilizarse ventajosamente, y a ellas habría que recurrir.
Sería interesante empezar a hacerlo. Ya son muy pocos los edificios de importancia cultural que quedan en pie en nuestra ciudad, y corremos el riesgo de que desaparezcan en un futuro nada lejano.
Digamos de entrada que hay que aceptar que las ciudades crecen, y que ese proceso implica fatalmente modificaciones, por un lado. Por el otro, también es verdad que no todo edificio añoso, por ser tal, merece la pena de conservarse. Se trata, entonces, de tomar las medidas para preservar aquellos inmuebles que se consideren verdaderamente valiosos. Sabemos que la Municipalidad ha confeccionado un inventario, en la primera mitad de los años 90, definiendo las prioridades en la materia. Fue una iniciativa que elogiamos en su momento. Pero no se advierte que se haya avanzado en otros rubros, y es lo que pensamos que sería necesario hacer.
En efecto, como lo reconocen las propias autoridades municipales, a pesar de este inventario, si el propietario quiere demoler su local, no hay forma de impedirlo legalmente, y la destrucción se consumará sin más consecuencia que las notas periodísticas llenas de nostalgia. Por otro lado, no se ha tenido en cuenta, en el inventario, el caso de edificios que pueden no tener valor artístico o arquitectónico, ni ser demasiado antiguos, pero la gente les tiene estima por otras razones. Encuentra, como decimos arriba, que son parte de un paisaje entrañable y quisiera que se conserven.
Nos parece que debieran establecerse, legalmente, otros caminos. Entre nosotros no se ha utilizado, todavía, el sistema que adoptan otros países del mundo para proteger la edificación que les interesa. Nos referimos a otorgar, a sus propietarios, una serie importante de facilidades impositivas que, en los hechos, obren como incentivos para la conservación de la finca. No hablamos solamente de una liberación sustancial en los tributos municipales y provinciales (que sería la primera medida lógica) sino también de providencias de mayor alcance. Por ejemplo, la posibilidad de deducir impositivamente todo gasto de mantenimiento y conservación.Sin duda estos recaudos serían mucho más efectivos que cualquier otra cosa. Es lógico pensar que, en gran número de casos, los locales son demolidos por los altos costos que significa mantenerlos, en comparación con el provecho económico que depara arrasarlos y darles, por ejemplo, el destino de playas de estacionamiento, tan frecuente. A los incentivos que mentamos arriba se podrían agregar ventajosamente varios otros.
Pensamos en exenciones para la transformación de las fincas en locales comerciales, sin alterar las líneas exteriores. No es arriesgado suponer que de ese modo, antes de resolver la demolición, el propietario podría valorar opciones más convenientes y económicamente atractivas.
Creemos que por ese lado se podría hacer mucho en materia de preservación de inmuebles, y que se salvarían de la piqueta muchos locales que en este momento corren ese peligro. Es una cuestión que debiera encararse, repetimos, con criterios distintos de los actuales e instrumentarse legalmente. Hay experiencias de otros países que podrían utilizarse ventajosamente, y a ellas habría que recurrir.
Sería interesante empezar a hacerlo. Ya son muy pocos los edificios de importancia cultural que quedan en pie en nuestra ciudad, y corremos el riesgo de que desaparezcan en un futuro nada lejano.







