24 Mayo 2007 Seguir en 
El diputado nacional Adrián Pérez (ARI) no tiene dudas sobre la existencia de una red de corrupción entre privados y funcionarios públicos en el caso Skanska. Remarcó que están involucrados otros funcionarios de mayor jerarquía y que la causa roza incluso al presidente Néstor Kirchner.
En diálogo con LA GACETA, Pérez describió la situación actual. "Hay varias pruebas que ponen en evidencia que se trata de un caso de corrupción. Entre ellas, las advertencias de TGN al Enargas sobre los sobreprecios; el memorándum interno de Skanska que reconoce el pago de comisiones indebidas; la comunicación interna que afirma que Néstor Ulloa (separado de la gerencia de Nación Fideicomisos) sugirió la contratación de la empresa fantasma Infiniti Group; grabaciones en donde los integrantes de la empresa señalan el modus operandi..., y mecanismos de las operaciones, entre otras". Según Pérez, esta es la etapa preliminar del caso que, estima, avanza fuertemente y pondrá en evidencia la responsabilidad de más funcionarios públicos.
¿Quién es el responsable máximo en este caso?, se le consultó. "El ministro de Planificación. Todo se da en la órbita de la cartera de (Julio) De Vido". Resta investigar en la causa judicial si es cómplice o protagonista. "Creo que está demostrada la responsabilidad política de De Vido. Pero será la Justicia la que determinará su responsabilidad ante la ley, que tendrá que reflejarse en el expediente. Es cuestión de tiempo, pero creo que ya está en evidencia", apuntó.
Según Pérez, hay dos falencias que generaron los hechos de corrupción. Primero, el esquema de fondos fiduciarios, que hacen más complejas y menos detectables las responsabilidades. La segunda, el esquema de los órganos de control, que "en la Argentina no existen más". Y dio como ejemplo el Enargas: "lo ponen a (Fulvio) Madaro (separado del cargo por el Presidente), un amigo del ministro, que en vez de controlar..., está a la vista lo que hace: aprueba la mecánica".
Sin presión
Ante la pregunta sobre si esta maniobra fue planificada, Pérez señaló: "obviamente, en el país no funciona ningún organismo de control". "En la Sigen está la esposa de De Vido; en el Enargas está el amigo de De Vido; en la oficina anticorrupción hicieron un recambio y dejó de ser el control de la administración nacional. Y así uno puede continuar viendo... Y ahora está el tema de los trenes. Resulta que el defensor del Pueblo le hace una demanda al empresario (Sergio) Tasselli por incumplimiento del servicio; Tasselli reconoce ese incumplimiento pero la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), que controla en favor de los usuarios, dice que no, que Tasselli no incumple", explicó.
Siguiendo en este marco de corrupción, ¿quién es el estafado?, se le preguntó."Todos los argentinos. Los recursos que se usan son de todos los argentinos. No se circunscribe a una corrupción entre privados. Los sobreprecios los terminan financiando todos".
Pérez aseguró que no recibió ninguna presión por su denuncia, que la Justicia está actuando bien y confía en que la investigación seguirá avanzando. Agregó que el Gobierno hizo lo correcto al remover a Madaro y a Ulloa, responsables en el caso, y que la Justicia demostrará que eran la parte inferior en una cadena de ilícitos.
"La sociedad argentina empieza a ver el mecanismo de corrupción que hay en la obra pública, que hasta ahora estaba tapado", concluyó el diputado porteño.
En diálogo con LA GACETA, Pérez describió la situación actual. "Hay varias pruebas que ponen en evidencia que se trata de un caso de corrupción. Entre ellas, las advertencias de TGN al Enargas sobre los sobreprecios; el memorándum interno de Skanska que reconoce el pago de comisiones indebidas; la comunicación interna que afirma que Néstor Ulloa (separado de la gerencia de Nación Fideicomisos) sugirió la contratación de la empresa fantasma Infiniti Group; grabaciones en donde los integrantes de la empresa señalan el modus operandi..., y mecanismos de las operaciones, entre otras". Según Pérez, esta es la etapa preliminar del caso que, estima, avanza fuertemente y pondrá en evidencia la responsabilidad de más funcionarios públicos.
¿Quién es el responsable máximo en este caso?, se le consultó. "El ministro de Planificación. Todo se da en la órbita de la cartera de (Julio) De Vido". Resta investigar en la causa judicial si es cómplice o protagonista. "Creo que está demostrada la responsabilidad política de De Vido. Pero será la Justicia la que determinará su responsabilidad ante la ley, que tendrá que reflejarse en el expediente. Es cuestión de tiempo, pero creo que ya está en evidencia", apuntó.
Según Pérez, hay dos falencias que generaron los hechos de corrupción. Primero, el esquema de fondos fiduciarios, que hacen más complejas y menos detectables las responsabilidades. La segunda, el esquema de los órganos de control, que "en la Argentina no existen más". Y dio como ejemplo el Enargas: "lo ponen a (Fulvio) Madaro (separado del cargo por el Presidente), un amigo del ministro, que en vez de controlar..., está a la vista lo que hace: aprueba la mecánica".
Sin presión
Ante la pregunta sobre si esta maniobra fue planificada, Pérez señaló: "obviamente, en el país no funciona ningún organismo de control". "En la Sigen está la esposa de De Vido; en el Enargas está el amigo de De Vido; en la oficina anticorrupción hicieron un recambio y dejó de ser el control de la administración nacional. Y así uno puede continuar viendo... Y ahora está el tema de los trenes. Resulta que el defensor del Pueblo le hace una demanda al empresario (Sergio) Tasselli por incumplimiento del servicio; Tasselli reconoce ese incumplimiento pero la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), que controla en favor de los usuarios, dice que no, que Tasselli no incumple", explicó.
Siguiendo en este marco de corrupción, ¿quién es el estafado?, se le preguntó."Todos los argentinos. Los recursos que se usan son de todos los argentinos. No se circunscribe a una corrupción entre privados. Los sobreprecios los terminan financiando todos".
Pérez aseguró que no recibió ninguna presión por su denuncia, que la Justicia está actuando bien y confía en que la investigación seguirá avanzando. Agregó que el Gobierno hizo lo correcto al remover a Madaro y a Ulloa, responsables en el caso, y que la Justicia demostrará que eran la parte inferior en una cadena de ilícitos.
"La sociedad argentina empieza a ver el mecanismo de corrupción que hay en la obra pública, que hasta ahora estaba tapado", concluyó el diputado porteño.







