Mañana, cuando se cumplan tres años de la llegada al Gobierno de Julio Miranda y de Sisto Terán, podrá contemplarse con meridiana claridad el irreconciliable divorcio que existe entre las aspiraciones de la sociedad y los intereses de los gobernantes de turno. Todo lo que el oficialismo tendrá para festejar es, justamente, lo que la enorme mayoría de los tucumanos tendrá para lamentar.
Los 1.095 días del mirandismo dejarán tras de sí una estela de devastadas instituciones del sistema republicano. Los embates, en todos los casos, respondieron al proyecto político de hegemonía que se buscó y que se busca consagrar. Los síntomas son más que esclarecedores.
Doblegar a los otros poderes del Estado fue siempre una obsesión de este Ejecutivo.
Conseguir este fin con la Legislatura no le demandó gran esfuerzo. Bastó establecer un sistema de premios y castigos para consagrar las negociaciones individuales. Primero fueron los gastos de bloque. Después, según consta en un expediente donde aparecen declaraciones de la esposa de un legislador, habrían sido las coimas.
Mediante este accionar el PE se ocupó sistemáticamente de anular a la oposición allí donde tenía algún margen de poder de decisión. Jamás se trató de alentar un verdadero diálogo con la oposición.
Con la Justicia, en cambio, fue otro cantar.
Pero el Gobierno es infatigable en sus acciones reñidas con la democracia. Diluviaron los pedidos de juicio político contra el ministro fiscal Luis de Mitri y contra el fiscal anticorrupción Esteban Jerez.
Modificaron, para luego retroceder, la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura, a fin de tener mayoría en la nominación de los jueces. Y hasta cambiaron la Ley Orgánica de Tribunales para que Jerez dejara de investigar la corrupción. Para atacar la imagen del fiscal, tal como lo reveló el lunes pasado LA GACETA, se llegó incluso a encargar una encuesta.
Ambos ataques contra las instituciones fueron acompañados por sendas embestidas contra la sociedad. En primera instancia, con el copamiento de la plaza Independencia para impedir repulsas contra el Gobierno. Antes, en abril, con "guardias permanentes" del Partido Justicialista. Ahora, descaradamente, con patotas de las 62 Organizaciones Peronistas de Juan Jesús Soria y de la CGT Regional de Enrique Altier.
En segundo lugar, se ataca a los sectores críticos de la gestión. Miembros del Colegio de Abogados son coartados en sus tareas; un sindicalista contestatario es aporreado a la puerta de su vivienda; un ex edil opositor es baleado en Famaillá; periodistas son amenazados o golpeados a la vista de la Policía y de funcionarios provinciales y municipales. "Y todo sigue igual", como mostró ayer el análisis dominical.
Logros corporativos
"Prevenir. Vigilar. Proteger", reza el eslogan con el que el Gobierno, mediante desconcertantes afiches, asegura que Tucumán es una buena noticia.
En verdad, consigue estas tres cuestiones exclusivamente en el plano del corporativismo político. Y, en consecuencia, no lo hace gracias a políticas de seguridad, sino mediante la promesa de concretar la reforma de la Constitución y de habilitar la reelección.
De este modo, trata de vigilar las propias filas del desordenado peronismo vernáculo (hay cada vez más candidatos a gobernador y cada cual elige con qué postulante a Presidente de la Nación se va a asociar), para realinearlas detrás de Miranda.
Lo que previene es un futuro cercano, en el que deambular por los pasillos de los Tribunales parece un pronóstico certero. Y no es para menos.
Precisamente, la UCR, con la pluma de su secretario Manuel Roberto Valeros, elabora un documento en el que recordará los sonados escándalos que acumula esta corta gestión.
Faltan páginas para recordar la "Ley Dinar"; los "bonos mellizos"; los subsidios a la "Fundación PIBE"; la presunta malversación de fondos sociales (Posoco y comedores escolares), la compra directa de camionetas en la Dirección de Transporte o el supuesto sobreprecio con el que el Instituto Provincial de la Vivienda adquirió terrenos.
Párrafo aparte merecen los Aportes del Tesoro Nacional. En la trama sobre la obtención de los 102,6 millones de dólares girados durante la década menemista, Miranda y los diputados Alberto Herrera y Olijela Rivas (la cúpula misma del mirandismo) aparecen como los principales gestores.
Y respecto del destino de los ATN, las ramificaciones implican a legisladores y a funcionarios de todos los niveles.Queda claro a quiénes está abocado a proteger este Gobierno.
