Doble divorcio en la seguridad

Por Roberto Delgado, prosecretario de Redacción LA GACETA.


Por primera vez en mucho tiempo el gobernador, José Alperovich, se involucró en el tema seguridad y, a la vez que reconoció que hay muchas fallas, adelantó que se elaboró un plan estratégico "que dará a conocer el ministro". Se trata del programa que ya se está mostrando, por partes, a medida que los cimbronazos de violencia cotidiana sacuden el piso sobre el que están parados el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera; el jefe de Policía, Hugo Sánchez, el subjefe, Nicolás Barrera, y el jefe de la Patrulla Urbana, Víctor Pacheco.
Dos hipótesis, al menos, se pueden tejer sobre lo que está ocurriendo. Desde el Gobierno, sin decirlo abiertamente, se especula con una suerte de operación encubierta por gente que quedó excluida del poder. Desde esta óptica, se razona, todos saben que las mismas autoridades han reconocido como talón de Aquiles la política de seguridad -pese a que se está invirtiendo como nunca- y por ello son un blanco fácil de quien quisiera generar, con determinados hechos, un clima de zozobra. Abonan esta hipótesis los robos y asaltos en edificios céntricos; en varios casos, con botines magros. Los ataques no bajaron en las últimas semanas, pese a que se fue aumentando el número de agentes en el centro y se suspendieron los descansos dominicales de comisarios. Pero fue en vano: el asalto al hotel Carlos V pareció ser ya una alevosa demostración de la impericia de un Estado casi policíaco.
Otra hipótesis habla de hechos reales, que no pueden ser generados por una mente maquiavélica. El asalto de ayer a una familia del barrio Gente de Prensa es para asustarse mucho. Esto también erosiona la imagen policial; pero a partir de supuestos errores de estrategia que no se pueden resolver con más agentes, con más armas ni con cámaras que, al estilo "Gran Hermano", vigilen todo el centro para descubrir a los malos.
Lo primero que hay que advertir es que, sea cual fuera la razón de esta ola de inseguridad, esto no debería llevar a la eliminación de la tarea preventiva para la cual fue creada la Patrulla Urbana. Inquieta que los jóvenes agentes han sido ferozmente criticados y, el domingo, casi fueron agredidos por las víctimas de la inseguridad.
Lo que se debería hacer es analizar si la creciente transformación hacia una Policía de represión -más equipos, más reacción, más gente vigilando, búsqueda de agentes más corpulentos e intimidantes- no ha significado fagocitar a la fuerza preventiva. Supuestamente, se está dando más elementos para la prevención (motos y hombres para la Patrulla Urbana y el Comando Radioeléctrico) pero el criterio es reactivo o represivo. En realidad, quien previene no sólo debe mirar lo que pasa, sino analizar patrones de comportamiento barrial, reiteración de delitos, conocer a los vecinos. Si no, no puede prevenir nada.
La otra cuestión es observar que, además del divorcio entre la Policía represiva y la preventiva, sigue habiendo una separación entre la tarea policial y la judicial. El jefe de la fuerza dice que el arrebato es uno de los delitos más difíciles de combatir (y genera pánico en las víctimas). Sin embargo, en la Justicia dicen que se trata de delitos excarcelables. Esto se sabe desde hace dos décadas. Otra vez se plantea el dilema entre plantear la reforma del Código Penal para que un ladrón de carteras vaya preso, o exigir que policías y fiscales agucen sus sentidos para frenar a los delincuentes con la ley vigente. ¿Qué esperan funcionarios, agentes y jueces para reunirse y resolver cómo enfrentar este problema?