27 Octubre 2002 Seguir en 
Uno de los pilares político-institucionales de las economías modernas de mercado lo constituye el respeto firme del principio básico de la división de poderes en los gobiernos democráticos. Sólo así, con un control del poder que evite los avances abusivos de la autoridad política en el dominio de los negocios privados, puede pensarse, por ejemplo, en una economía basada en el funcionamiento eficiente de los mercados.
La calidad de la justicia en una economía concreta se mide generalmente teniendo en cuenta la situación de los más pobres de la sociedad, no de los más ricos.
En relación con esta doble temática referida a la justicia económica, se han realizado esta semana en nuestra ciudad dos manifestaciones públicas convocadas de manera simultánea.
La primera consistía en una marcha ciudadana de reclamo por la vigencia plena de la división de poderes en el Estado provincial, subrayando en particular la necesidad de preservar la capacidad de control que se espera que los fiscales idóneos tengan sobre los actos de gobierno de funcionarios y políticos pertenecientes a los otros poderes de Estado, sobre todo cuando aparecen sospechas ciertas de corrupción.
La segunda convocatoria pública hizo hincapié en la necesidad imperiosa de respetar la justicia en las relaciones económicas privadas, exigiendo en particular el cumplimiento estricto de las leyes laborales.
Los pedidos de estas dos marchas son entre sí absolutamente complementarios y configuran sendos pilares de la justicia económica que debe imperar en nuestra provincia y nuestro país. Es por eso que llama mucho la atención la intención manifiesta de presentar estos actos públicos como si se tratara de movimientos antagónicos.
La calidad de la justicia en una economía concreta se mide generalmente teniendo en cuenta la situación de los más pobres de la sociedad, no de los más ricos.
En relación con esta doble temática referida a la justicia económica, se han realizado esta semana en nuestra ciudad dos manifestaciones públicas convocadas de manera simultánea.
La primera consistía en una marcha ciudadana de reclamo por la vigencia plena de la división de poderes en el Estado provincial, subrayando en particular la necesidad de preservar la capacidad de control que se espera que los fiscales idóneos tengan sobre los actos de gobierno de funcionarios y políticos pertenecientes a los otros poderes de Estado, sobre todo cuando aparecen sospechas ciertas de corrupción.
La segunda convocatoria pública hizo hincapié en la necesidad imperiosa de respetar la justicia en las relaciones económicas privadas, exigiendo en particular el cumplimiento estricto de las leyes laborales.
Los pedidos de estas dos marchas son entre sí absolutamente complementarios y configuran sendos pilares de la justicia económica que debe imperar en nuestra provincia y nuestro país. Es por eso que llama mucho la atención la intención manifiesta de presentar estos actos públicos como si se tratara de movimientos antagónicos.







