Un pueblo que se embrutece

Con tantos fracasos de varias generaciones, las esperanzas sobre un futuro mejor para Tucumán se asientan en la juventud. En los 380.000 alumnos que cursan actualmente los niveles primario y secundario, tanto en establecimientos públicos como privados, al margen de los 50.000 que transitan por las universidades.
En economía se alude a la educación y a la salud en términos de inversión y no como gastos sociales. Una sociedad analfabeta y enferma, con complicaciones agravadas por la pobreza, tiene menos posibilidades de salir adelante y carece de herramientas indispensables para hacer frente a los desafíos de la vida.
El capital humano se desvaloriza y ese es un dato que desalienta en los inversores. "Parece que quieren que seamos un pueblo embrutecido", advirtió un sacerdote en la homilía, cuando convocó a los feligreses de los colegios religiosos a marchar el viernes en defensa de la educación privada y para reclamar que el gobierno pague sus aportes.
Además, planteó que la gente no debe olvidar quiénes son los gobernantes que descuidan la formación de la juventud, cuando voten en las elecciones.
Las ventajas comparativas que tiene Tucumán con su estructura educacional se fueron diluyendo con los años por la falta de políticas sensatas. Unos 260.000 chicos van a las escuelas públicas y otros 120.000 (el 23% del total) concurren a establecimientos privados, que funcionan como una válvula que permite aliviar las insuficiencias estatales en materia de edificios y docentes.
La economía tucumana se vuelve más vulnerable a causa del desinterés gubernamental para proporcionar a los estudiantes el conocimiento que necesitan para formarse y entrar al mercado laboral. Al contrario, la falta de planes y el deficiente mecanismo para fijar prioridades provoca que los alumnos del sector público hayan perdido el 50% de los días de clases, algo que es irrecuperable. Lo que se consiguió es que haya entre alumnos públicos y privados notables diferencias de formación, que puede transformar a los primeros en ciudadanos de segunda clase.
En el área privada, se amenaza con recortar o redistribuir arbitrariamente los aportes estatales, que permiten que muchas escuelas abran sus puertas. Si esos subsidios se cortan, cerrarán. Los colegios están jaqueados por la elevada morosidad de los padres, que ven caer sus ingresos y no pueden pagar las cuotas, y por el aumento de los costos operativos.
Las preocupadas familias reclaman que la educación sea la principal política de Estado en Tucumán, para evitar que se siga destruyendo el capital intelectual, que es el principal elementos para impulsar el crecimiento y la competitividad en la economía moderna.
Grandes franjas de jóvenes tienen dificultades en sus estudios, a causa del empobrecimiento de sus familias, que produce mayores niveles de deserción escolar y menores posibilidades de acceder a grados más elevados de educación, que son los que permiten conseguir mejores trabajos, con ingresos más rentables.

Sin chances laborales
El Estado no tiene posibilidades de brindar educación a miles de chicos que cada año se incorporan al sistema y por eso debe proteger al sector privado y superar la decadencia de la escuela pública. Un pueblo embrutecido, con alta deserción y niveles educativos similares a los países africanos, les quita posibilidades laborales a miles de jóvenes que salen a buscar trabajo.
Si el sistema educativo no le brinda a cada tucumano una formación básica razonable en el momento oportuno, después resultará muy costoso intentar la reconstrucción de ese déficit y esa falla contribuirá a que sea cada vez más injusta la distribución de la riqueza.