Preocupante acción de los ediles capitalinos

A  fines de marzo de 2006, como consecuencia del crimen -aún irresuelto- de la joven Paulina Lebbos, y en el afán de brindar una solución al histórico caos con los taxis y los remises, la mayoría  de los  cuales trabajaba en forma ilegal desde hacía muchos años, el Gobierno inventó el Servicio Unico de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa). Se buscaba unificarlos bajo la designación de autos de alquiler y crear un registro único. Sin embargo, cuando se aprobó la norma, se señaló que el sistema era incompatible con la Ley Nacional de Tránsito, a la cual está adherida la Provincia, porque esta establece un máximo de diez años de antigüedad para el transporte de pasajeros. Lo que parecía una iniciativa positiva, con el correr de los meses se fue deformando. En la sesión del 3 de agosto pasado, por presión del sector, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza por la cual se concedieron mayores facilidades a los taxistas y remiseros ilegales para poder ingresar en al Sutrappa. La ordenanza permitía que circularan legalmente, por lo menos, 830 autos de alquiler de más de 14 años de antigüedad. En esa oportunidad, se señalaron los peligros que conllevaría la circulación de vehículos tan viejos y desde esta columna se advirtió una vez más acerca de la permisividad casi constante de nuestros representantes para conceder más prerrogativas a los ilegales.
A pesar de los severos cuestionamientos de algunos legisladores de la oposición, el 5 de setiembre de 2006, el oficialismo parlamentario logró imponer una ley que permitía que trabajaran como “autos rurales compartidos” los vehículos que lograran pasar un examen mecánico, independientemente de la antigüedad que tuvieran.
En la última sesión del Concejo Deliberante del miércoles pasado, los ediles votaron una norma que fue presentada sobre tablas, es decir sin ser tratada por la comisión de Transporte, por la cual se incorporarán al Sutrappa alrededor de 200 vehículos que tenían la licencia vieja y que por deudas fiscales o por problemas administrativos la perdieron. Un concejal reconoció que la iniciativa fue votada y aprobada sin que hubiese sido leída en el recinto y sólo tuvieron en cuenta las explicaciones del impulsor de la ordenanza.
En virtud de los reclamos de los taxistas y remiseros sobre la dificultad económica para adquirir taxímetros, el año pasado el Gobierno accedió a otorgarles créditos de $ 500 a través de la Caja Popular de Ahorros para que pudiesen adquirirlos. La morosidad sería de un 30 % sobre alrededor de 2.000 créditos, según dijo el interventor de la Caja Popular de Ahorros.
Con el argumento repetido de que los ilegales necesitan trabajar, una buena parte de nuestros representantes aprueba normas que atentan contra la seguridad de sus comprovincianos. Pero lo más grave es que los ediles que deberían preocuparse en forma permanente por trabajar en pro de la solución a los problemas esenciales de la ciudad -como es el servicio de taxis y remises-, aprueben una norma a ciegas sin haberla tratado en comisión ni haberla considerado en el recinto. Otro tanto sucede con el intendente, quien deposita la responsabilidad en lo que digan sus asesores. Todavía no se sabe, por ejemplo, cuántos autos de alquiler deberían circular por la ciudad en relación a la población.
Nadie se opone a que los tucumanos trabajen, pero deben hacerlo en el marco de la ley. Es inadmisible que nuestros gobernantes cedan a las presiones de estos sectores y antepongan sus intereses a los de la comunidad. Si ellos no dan el ejemplo, difícilmente se podrá erradicar la ilegalidad.