24 Octubre 2002 Seguir en 
La disputa entre el Gobierno y el sector empresario de la provincia por la eliminación de la alícuota cero a los impuestos a los Ingresos Brutos y a la Salud Pública puede llegar a su fin en las próximas horas.
Como primera medida, el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a otorgar una prórroga hasta fin de mes para que los empresarios presenten las declaraciones juradas de los gravámenes, cuyos plazos vencían en entre el martes y ayer. Los representantes de los sectores productivos, encabezados por los industriales azucareros del CART, pidieron que se prorroguen los vencimientos hasta que concluyan las negociaciones de fondo sobre el pago de los tributos.
El Pacto Fiscal
Desde 1993, las actividades productivas de Tucumán gozaban de la alícuota cero, ya que la provincia se adhirió a los beneficios del Pacto Fiscal. Sin embargo, el Gobierno decidió eliminar estas ventajas impositivas para crear un fondo de emergencia que atienda las necesidades de los hospitales y de los comedores escolares y comunitarios. Ante el hecho consumado, los empresarios afectados por la medida propusieron que se derogue el decreto 1.961/3 (que elimina la alícuota cero) y que se conforme un fondo de emergencia para la salud pública, que sería obligatorio y temporario (de 6 a 12 meses).
El planteo fue presentado al ministro de Economía, Osvaldo Jaldo, por el CART, la Unión Industrial de Tucumán, la Sociedad Rural de Tucumán y la Asociación Tucumana del Citrus.
Un consenso
Esta propuesta, que aún estudian los funcionarios del Ministerio de Economía, sería aceptada en rasgos generales por el Gobierno. Tan es así que fuentes oficiales comentaron a LA GACETA que el martes próximo se firmaría un acta de consenso entre el Gobierno y los empresarios, que establecería que la alícuota cero no se eliminaría sino que se suspendería hasta octubre del año próximo. Desde ambas partes se ponderó la buena disposición que existe para que las negociaciones se desarrollen de manera exitosa.
Bonificaciones
A los buenos contribuyentes -los que están al día con los impuestos a los automotores y a los inmuebles-, el Gobierno les bonificaría un porcentaje determinado de Ingresos Brutos y de Salud Pública.
Además, los que perdieron el bloqueo fiscal podrán acceder a un "rebloqueo" y se otorgaría este beneficio a quienes nunca lo tuvieron anteriormente por gozar de la alícuota cero.
Una condición "sine qua non" establecida por el Gobierno para que se lleve a cabo toda esta operatoria es que las empresas e instituciones que realizaron presentaciones judiciales contra el decreto 1.961/3 desistan de estas medidas.
Como primera medida, el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a otorgar una prórroga hasta fin de mes para que los empresarios presenten las declaraciones juradas de los gravámenes, cuyos plazos vencían en entre el martes y ayer. Los representantes de los sectores productivos, encabezados por los industriales azucareros del CART, pidieron que se prorroguen los vencimientos hasta que concluyan las negociaciones de fondo sobre el pago de los tributos.
El Pacto Fiscal
Desde 1993, las actividades productivas de Tucumán gozaban de la alícuota cero, ya que la provincia se adhirió a los beneficios del Pacto Fiscal. Sin embargo, el Gobierno decidió eliminar estas ventajas impositivas para crear un fondo de emergencia que atienda las necesidades de los hospitales y de los comedores escolares y comunitarios. Ante el hecho consumado, los empresarios afectados por la medida propusieron que se derogue el decreto 1.961/3 (que elimina la alícuota cero) y que se conforme un fondo de emergencia para la salud pública, que sería obligatorio y temporario (de 6 a 12 meses).
El planteo fue presentado al ministro de Economía, Osvaldo Jaldo, por el CART, la Unión Industrial de Tucumán, la Sociedad Rural de Tucumán y la Asociación Tucumana del Citrus.
Un consenso
Esta propuesta, que aún estudian los funcionarios del Ministerio de Economía, sería aceptada en rasgos generales por el Gobierno. Tan es así que fuentes oficiales comentaron a LA GACETA que el martes próximo se firmaría un acta de consenso entre el Gobierno y los empresarios, que establecería que la alícuota cero no se eliminaría sino que se suspendería hasta octubre del año próximo. Desde ambas partes se ponderó la buena disposición que existe para que las negociaciones se desarrollen de manera exitosa.
Bonificaciones
A los buenos contribuyentes -los que están al día con los impuestos a los automotores y a los inmuebles-, el Gobierno les bonificaría un porcentaje determinado de Ingresos Brutos y de Salud Pública.
Además, los que perdieron el bloqueo fiscal podrán acceder a un "rebloqueo" y se otorgaría este beneficio a quienes nunca lo tuvieron anteriormente por gozar de la alícuota cero.
Una condición "sine qua non" establecida por el Gobierno para que se lleve a cabo toda esta operatoria es que las empresas e instituciones que realizaron presentaciones judiciales contra el decreto 1.961/3 desistan de estas medidas.







