Recurrirán el fallo que convalidó la audiencia por la luz

Las entidades que se oponen a un incremento del 8,1% de la tarifa eléctrica en Tucumán, a partir de este mes, anticiparon que insistirán en que no se aplique esta medida. El viernes, el Epret estableció que el aumento rija desde el 1 de este mes y que no sea retroactivo a mayo, como había solicitado EDET. Un día después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió no hacer lugar a un amparo interpuesto para que se anule la audiencia pública del 25 de setiembre, en la que se debatía el aumento tarifario.
Precisamente, quienes plantearon esta nulidad, el defensor del pueblo, Juan Eduardo Rojas; la FET y el legislador Gumersindo Parajón, revelaron que no bajarán los brazos pese al revés judicial que sufrieron.
El comité ejecutivo de la FET debatía anoche los informes presentados por la Comisión de Energía de la entidad y por la asesoría letrada. De todas formas, el titular de la central empresaria, Eduardo El Eter, adelantó que se seguirán todas las instancias posibles para que no se concrete el incremento tarifario. Por su parte, el defensor del pueblo insistió en la nulidad de la audiencia pública y dejó en claro que será la propia Corte Suprema de Justicia la que deberá dictar un fallo al respecto. El legislador Parajón sostuvo que se sumará a las apelaciones que presenten la FET y la Defensoría del Pueblo.

Evaluaciones
En EDET se recibió con preocupación la decisión del Epret de modificar la vigencia de la suba tarifaria, haciéndola retroactiva sólo a partir de este mes. Ayer, las autoridades de la compañía evaluaron durante toda la jornada los pasos a seguir. Una alta fuente de la empresa advirtió: "seguiremos todos los pasos legales que correspondan, porque la retroactividad a octubre es ilegal y porque no estamos de acuerdo con el porcentaje de la suba".

Empresarios quieren que se revise la resolución
La Fundación del Tucumán pidió al Epret que revise las resoluciones tomadas en relación con el aumento de la tarifa eléctrica y que trate de armonizar los intereses de EDET con la preocupación social del Gobierno, para evitar que el caso llegue a la Justicia y represente un costo mayor a todos los tucumanos.
En un pronunciamiento, firmado por el presidente de la entidad, Vicente Lucci, y por el director Ejecutivo, Fernando Bach, la Fundación señala que la modificación de la vigencia de la nueva tarifa (del 1 de mayo al 1 de octubre), establecida por el Epret en una segunda resolución, contradice "elementales principios de seguridad jurídica y de la doctrina internacional". Sostiene que el Epret, lamentablemente, ha sido influenciado por el oportunismo gubernamental, al disponer "en una acción sin precedentes en la provincia, que la distribuidora de electricidad deba absorber durante cinco meses un costo que le es ajeno".
La entidad deja en claro que no es oportuno realizar un ajuste de tarifas en este momento. Pero opina que si el Gobierno considera conveniente conceder un beneficio a los usuarios de electricidad, "no debe ser confiscando bienes legítimos de una empresa, reconocidos por Epret, sino disponiendo una partida presupuestaria específica".