Cuando los organismos de control se lavan las manos

Las normas existen, pero nadie las cumple. Según afirma el legislador Ascárate, hay una población maleducada.

Por Redacción LA GACETA 06 Abril 2003
El gran problema del servicio de transporte público de pasajeros sigue siendo la falta de controles a los ilegales, porque los organismos de control se lavan las manos", asegura el legislador José Ricardo Ascárate.
"Los organismos de control dicen que no tienen medios , con lo cual se genera un sistema muy inequitativo: por un lado, a las empresas se les exige estar en regla. Pero al mismo tiempo deben competir con un sistema atípico, que sólo existe por la falta de control del Estado", añadió el legislador.
Según Ascárate, hay otro tema que no es menor, si de analizar el problema del tránsito se trata. "Los empleados municipales - apunta- tienen más días de paro que de trabajo; lo que coadyuva al relajamiento de las normas. Así, difícilmente se puede educar a la población en estas cuestiones. Y lo cierto es que la población tucumana es muy maleducada con respecto al tránsito".
"En los países serios -agrega- el sistema de transporte público de pasajeros está subsidiado, y hay fuertes controles para que no se ejerza una competencia. Si se controla a los ilegales, y si se controla que se cumpla con las normas, que están, pero no se acatan, el sistema funcionará. Mientras haya autos como los de 5 Estrellas, entre otros, que circulan libremente, no existirá un sistema público de pasajeros que pueda solventarse".
Sin embargo, advierte que los empresarios no se han puesto a la altura de las circunstancias.
"No han buscado el punto de equilibrio, no han buscado alternativas para atraer al pasajero. En la sanción de las leyes, hemos ido dándoles más posibilidades, y hemos sido cada vez más elásticos. En cambio, ellos no han propuesto nuevas modalidades de servicio, desde cambios en las frecuencias, a mejoras en el servicio", expresó el ingeniero Ascárate.
El legislador reconoció que en los últimos quince años el sector ha perdido entre el 25% y el 50% de su mercado tradicional. Las causas de esa merma, según él, son varias, y están bien identificadas: 1) el mentado avance de los ilegales; 2) el incremento en el parque automotor; 3) la caída real del poder adquisitivo y; 4) el subempleo o desempleo, que ha generado un 20% menos de usuarios.
"No hay que olvidar -enfatizó que el empleo genera movimiento en una ciudad. Y la gente que no tiene trabajo no toma ómnibus. Así de simple", remarcó el legislador Ascárate.

No llaman a licitación de líneas nuevas


La ley establece que las concesiones de recorridos deben durar 10 años y, al cabo de ese lapso, llamarse a licitación.
Fuentes que conocen los pasillos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, afirman que desde hace un par de décadas, una vez cumplidos los plazos, la presión empresaria en el Concejo Deliberante conseguía que se modificara la ordenanza respectiva, y que les otorgaran a los empresarios de las líneas de ómnibus concesiones renovables de 5 años, sin licitación.
El plazo de las concesiones se fue extendiendo hasta llegar ahora a 10 años.
Hay funcionarios que sostienen que no se llama a licitación porque no habría oferentes; pero en realidad la última licitación que se hizo fue la de la Línea 18, hace 17 años. Desde entonces no se licitó ningún recorrido, como exige la ley y, por lo tanto, no se sabe si habrá interesados.

La Aetat insiste en un boleto más caro


Los empresarios del Transporte Automotor ya anticiparon que esta semana le presentarán al Concejo Deliberante un estudio de costos en el que aseguran que el boleto de ómnibus debería costar $ 1,63.
El secretario general de Aetat, Julio Haro, dijo que las ventas de boletos han caído en un 12% respecto del año anterior, y recordó que el director de Transporte de la Provincia, Enrique Romero, hizo un estudio según el cual el costo del boleto rural supera los $ 2.
"La situación del transporte automotor de pasajeros es pésima. Las clases han demorado en empezar, seguimos con los bonos, y el dólar ha bajado, pero los insumos siguen como cuando la moneda americana cotizaba a $ 3,70", sostuvo el empresario.
"Por todo eso - añadió -seguimos bregando por el aumento tarifario". Haro agregó que las empresas están "esperando a que vuelva el crédito, porque una unidad nueva cuesta $ 170.000. Es una ironía, porque el sistema de transporte en Tucumán era hace quince años el mejor de Sudamérica".
Haro opinó que el mayor problema que afecta al sistema de transporte público de pasajeros son "los 8.000 ?truchos? que invaden el centro". "Como se están manejando las cosas, se privilegia al transporte ilegal por sobre el institucionalizado".
Sobre los cambios que afectaron últimanente al centro, elogió las sendas exclusivas para la circulación de ómnibus, y criticó el crecimiento de la "peatonalización". Al respecto, opinó que afecta a los usuarios del sistema, por las distancias que deben recorrer para alcanzar el ómnibus.

Choferes sometidos a presiones

En la obra social de UTA, el gremio que nuclea, entre otros, a los 2.000 choferes de ómnibus de Tucumán, las enfermedades prevalentes son los problemas cardíacos y depresivos, según advirtió el titular de esa organización Roberto Jiménez.
El dirigente señaló que parte de esos cuadros clínicos se deben a la presión que ejerce sobre ellos la inseguridad que se vive en las calles en Tucumán: en marzo hubo más de veinte asaltos a colectivos. Y muchos empresarios del transporte les reclamaban a los choferes que les devolvieran el dinero que se habían llevado los ladrones, aseguró Jiménez. "Por ello es que pedimos más móviles policiales en las calles, sobre todo en los barrios. Eso ayudaría mucho", opinó el gremialista."Los conductores no sólo padecen el malhumor de los pasajeros, porque hay mucha intolerancia en la calle.También deben batallar con la presión de estar conduciendo unidades que están muy deterioradas. Fíjese que una unidad debería circular no más de seis años, por el desgaste natural que sufren. Y hay unidades con más de diez años", agregó Jiménez.

PUNTO DE VISTA
Tránsito, transporte y trastorno

Por Raúl Di Lullo
Arquitecto - Profesor titular de la FAU-UNT


La constatación del desorden que reina en el tránsito y el transporte público urbano -con la incomodidad, inseguridad y trastorno funcional que significa para los que vivimos o visitamos esta ciudad- es doblemente penosa si se compara con momentos no muy lejanos de su historia, cuando existía un razonable servicio de transporte colectivo y las normas medianamente se cumplían: a mediados de los 60 una ordenanza prohibía el uso de la bocina en el área urbana. Y se respetaba, aunque hoy resulte increíble. Aquí van algunas reflexiones sobre el tema.
Para empezar, el tránsito no es algo que se puede manipular como un objeto inerte. Por el contrario, es un fenómeno que ocurre en el tiempo, un proceso en el que intervienen cosas, agentes, e intereses de distinta naturaleza y dinámica, que al interactuar producen innumerables e inesperadas combinaciones de acontecimientos que no pueden ser previstos exhaustivamente.
El tránsito está compuesto por un "soporte físico" (vías de circulación y equipamiento, como semáforos, señalización, etc.), y por quienes se mueven en él (peatones y vehículos diversos). Se puede -y se debe- planificar y diseñar lo primero (la infraestructura), y las relaciones que lo vinculan con lo segundo (las normas). Pero por esa sola vía no se puede asegurar un resultado cierto para el fenómeno total del tránsito.En segundo término, hay que asumir que en nuestra ciudad ese soporte está históricamente determinado por la cuadrícula y los anchos de calle establecidos en su fundación y sucesivas expansiones, y que su transformación radical originaría grandes costos económicos y sociales, y severos daños en el patrimonio cultural urbano. Pero aún cuando fuera posible, insistir a ultranza en aumentar las superficies de rodamiento no constituye solución alguna, ya que como lo demuestra la experiencia internacional, así no se resuelve el impacto de la creciente tasa de motorización.

No alcanza
Desde luego que ese andamiaje físico puede mejorar mucho mediante una ingeniería y arquitectura vial creativa. Pero con eso no alcanza, como tampoco será suficiente el más elaborado cuerpo normativo posible... si no se tiene la capacidad real de hacerlo cumplir.
Un abordaje realista del problema no consiste sólo en crear o eliminar peatonales o carriles dedicados para los ómnibus, medidas que, aislada o coyunturalmente, pueden ser acertadas o no. Es ocioso discutir en esos términos sin contemplar un marco comprensivo que considere la estructura física, las normas, y fundamentalmente los comportamientos y opiniones de quienes protagonizamos el tránsito.

Gestión integral
Por lo tanto, se trata esencialmente de un problema de gestión integral, en la que no sólo cuenta lo económico-técnico sino también lo cultural-institucional, que va más allá de lo que una administración municipal puede razonablemente encarar por sí sola. No vale insistir con tozudez insolente en el cuasi-derecho de hacer lo que nos venga en gana: desde desconocer con olímpica autoconfianza las más elementales reglas de convivencia, hasta incumplir con deberes específicos o acudir a "soluciones" impuestas.
No se olvide que el tránsito y el transporte son problemas colectivos que suceden en el espacio público. Y la defensa del "bien común" -concepto al que parecemos haber renunciado definitivamente mediante la avasalladora individualidad con que reaccionamos ante los problemas económicos y políticos que nos acosan- por más devaluado que esté, es un poderoso instrumento para reconquistar nuestra actualmente maltrecha dignidad ciudadana.

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