Pasaje al caos

La gente padece las consecuencias

En una reciente carta de lectores, una mujer contaba los padecimientos que sufren los usuarios de la línea 19 de colectivos, obligados a esperar hasta una hora y media en la parada o arreglárselas como puedan cada vez que el coche se queda en el camino. Es la misma línea que hace algunos meses inauguraba con bombos y platillos una concesión obtenida mediante adjudicación directa, en medio de una polémica. Otras líneas y servicios de transporte de pasajeros presentan una realidad parecida que se va generalizando, sin que nadie asuma la responsabilidad de proteger a los usuarios.
Al amparo del aumento de los costos, la desocupación, los intereses políticos y las maniobras empresariales, crece la anarquía en el transporte público de pasajeros. Ningún funcionario parece interesado en aplicar las pautas y los límites que establece la ley, sino que abundan las excepciones "de emergencia" e impera la vista gorda, mientras los pasajeros padecen las consecuencias de la precarización.
En el sector de los colectivos, gran parte de los empresarios se preocupó -incluso durante la convertibilidad- solamente por obtener la mayor ganancia posible a cambio de la menor inversión. Hoy justifican las deficiencias del servicio aduciendo mayores costos, restringen las frecuencias y pierden pasajeros, sin admitir que la gente vuelve al ómnibus cuando se le presta un buen servicio. La pregunta es si resultaría rentable prestar un buen servicio.

Hay rentabilidad
En general, todos los recorridos parecen ser rentables. De otra manera no se explicaría por qué ninguna empresa dejó de pedir la renovación de concesión.
"Hay empresas que siempre están tratando de comerse a las demás. Tratan de superponer sus líneas o hacen constante lobby con los funcionarios. Con la caída de las líneas 3 y 12, por ejemplo, eliminaron competidores. Pudieron hacerlo porque en el sector hay ?hijos y entenados?. Quienes están asociados con el poder tienen carta blanca. El paso siguiente es el reparto del botín. Al recorrido lo cubren las otras líneas, evitando la licitación y conjurando algo a lo que le tienen pánico: la competencia", explicó el edil Osvaldo Nieva, integrante de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante. Por el lado del interurbano, muchos de los ómnibus que circulan en las rutas provinciales no exhiben logotipo ni número de interno, incluso algunos no tienen patente ni se sabe quién es el dueño. Cambian de una línea a otra con frecuencia. "Desde la Dirección de Transporte se autorizan las concesiones por resolución. El mecanismo de creación de UTEs sirve para evadir cargas impositivas y previsionales, precarizando la situación de los trabajadores, y para eludir el pago de deudas a damnificados por accidentes -señaló Nieva-. Se habla también de funcionarios que, en lugar de velar por el cumplimiento de las normas, están ?consustanciados profundamente? con los empresarios". Así como en el sector de los colectivos hay numerosas unidades a nombre de terceros, muchas provenientes de otras provincias e incluso embargadas por la Justicia, también abundan los remises "truchos" sin papeles que dan pie a los rumores que hablan de un gran tráfico de autos robados. Lo cierto es que nadie tiene mucho interés en controlarlos.

Clientes políticos
"En ese sentido, los funcionarios juegan a dos puntas: por un lado toleran a los ?truchos? porque son sus clientes políticos y, por otro, les tienen que aflojar la mano a los empresarios de ómnibus para que no reclamen justicia", destacó el concejal.
Uno de los pocos intentos de poner orden en el transporte público de pasajeros -en el sector municipal- estuvo a cargo del ex director de esa área, Carlos Saltor, quien terminó enfrentado con sus superiores y fue separado del cargo el año pasado. No había autorizado la puesta en circulación de la línea 19, porque no reunía las condiciones. Durante esa misma semana se pasó "a disponibilidad de la oficina de personal" (figura inexistente en el estatuto) a una decena de empleados que trataban de hacer cumplir las normas. Después de labrar cientos de actas de infracción a colectivos y taxis que circulaban sin seguro, en mal estado mecánico o sin la debida higiene, recibieron órdenes de "arriba" para que detuvieran su quijotesca cruzada.
"Hay una mafia inmensa del transporte; mafia en el sentido de organización delictiva, que no podría funcionar sin la complicidad de los funcionarios municipales y provinciales -remarcó Nieva-. La comisión de Transporte del Concejo Deliberante ha invitado en repetidas ocasiones al secretario de Obras Públicas, Daniel Arancibia, y el subsecretario de Servicios Públicos, Rodolfo Cruz, a dar explicaciones, pero ninguno ha concurrido. Por eso ahora estamos gestionando un pedido de interpelación".
Nieva no abriga esperanzas de que la interpelación prospere, porque descuenta que el grupo de concejales leales al Ejecutivo votarán en contra.

INSUMOS DOLARIZADOS
Los "truchos" no matan por sí solos al colectivo
Las empresas trabajan con poco margen de ganancia, dice Romero.

El director provincial de Transporte, Enrique Romero, sostiene que el transporte ilegal es una realidad cultural de antigua data. "En Concepción, por ejemplo, hace por lo menos 30 años que se hace transporte ilegal de pasajeros -recordó-. Nosotros hemos tenido mano dura con el transporte público, a punto tal que hemos caducado 22 empresas desde que asumimos esta gestión". Sin embargo, aduce que no puede combatir con dureza a los remises "truchos" porque representan la única alternativa laboral para miles de desempleados en la provincia.Desde diciembre de 2001 a la fecha, cambió la realidad económica y social de la Argentina. Se terminó toda posibilidad de crédito y los costos se triplicaron para el transporte. Un coche cero kilómetro que valía $ 88.000, hoy cuesta $ 250.000.
"Tucumán fue pionero en resoluciones luego imitadas por el contexto nacional, por ejemplo en la disminución de Ingresos Brutos y en la ley de emergencia para el sector" agregó Romero.
En su opinión, las serias dificultades que enfrenta el sector radica en que hay tarifas depreciadas y pesificadas, contra insumos dolarizados. "Renovar cubiertas a un colectivo cuesta $ 6.000 -indicó-. Hasta el transporte ilegal ha disminuido en un 40% como producto de la crisis y del aumento de costos".
Por otro lado, solamente el 40% de los empresarios recibe el gasoil subsidiado, porque el Gobierno nacional no pagó a las petroleras y refinadoras parte de los subsidios acordados.
Romero admite que hay zonas críticas sin resolver, como Tafí Viejo (empresa Benjamín Aráoz), Los Nogales y Leales. Y atribuye las causas al hecho de que la ecuación kilómetro/pasajero/tarifa va en detrimento de las empresas. "Hoy muchas empresas están desguazando vehículos para utilizar sus piezas como repuestos", dijo. Entre sus logros, Romero mencionó los recorridos por la ruta 157 y hacia San Pedro de Colalao. En Banda del Río Salí afirma que hoy entra la línea 102 y que la línea 129 mejoró el servicio en reemplazo de La Milagrosa. "De Colombres hacia acá está el servicio de combis y además La Banda y Alderetes tienen el paso de las líneas 121 y 122", detalló.

Clientes satisfechos
El transporte ilegal le quita sólo el 20% de pasajeros a los colectivos, según estima Romero. La nueva empresa R157 (línea 129) está triplicando el corte de boletos que hacía la empresa La Milagrosa. "En la medida en que la gente ve buenas unidades y buena frecuencia en el servicio, opta por el colectivo", manifestó el funcionario.

CONTRA LA CORRIENTE
El sistema castiga al que intenta oponérsele
Quienes trataron de hacer cumplir las normas fueron separados.

El 24 de setiembre de 2002 comenzó a circular la línea 19, después de un polémico proceso de adjudicación, y lo hizo sin cumplir con varias exigencias de la ordenanza municipal, referidas a la antigüedad de los vehículos, su estado mecánico y su título de propiedad. El entonces director de Transporte, Carlos Saltor, denunció el hecho ante la Justicia porque consideró que a la larga sería perjudicial para los vecinos. Aunque logró un dictamen favorable, fue separado de su cargo. Pocos meses después, abundan las quejas sobre las graves deficiencias del servicio, que arrancó con 18 unidades, las aumentó a 23 y ahora tiene nada más que 7, casi todas con 20 años de antigüedad.
"El Estado debería haber hecho una convocatoria seria y exigir que el adjudicatario cumpla con todos los requisitos. Pero otorgaron el recorrido en forma directa a alguien que no tenía ningún respaldo ni condiciones para prestar el servicio", manifestó Saltor. En su opinión, el apuro del intendente Antonio Alvarez por habilitar la línea perseguía fines publicitarios. Pero si le aportó réditos políticos en ese momento, ahora provoca un efecto contrario y el caso está bajo la lupa de la Justicia.
Pero los intentos por desarticular la maquinaria de corrupción en Transporte municipal habían comenzado en tiempos del ya fallecido Luis Padilla, quien acordó con sus subordinados (Saltor, entre ellos) que toda denuncia (generalmente por cohecho o ?coima?) contra algún empleado de la repartición se cursara de inmediato a la Fiscalía Anticorrupción.
"Se hicieron muchísimos sumarios administrativos y algunos terminaron en penas de cesantías o retrogradación de categorías -relató Saltor-. Esto provocó un gran descontento gremial, porque íbamos contra la ?costumbre? de que ahí adentro hay que negociar y tapar todo para que el director y el órgano político se puedan sostener".
Durante la época en que el personal de Transporte aplicó sanciones a colectivos y taxis en infracción, la cifra anual de boletas llegó a 1,2 millón de pesos, más del doble que lo que habitualmente se reunía. Pero la lucha contra la ilegalidad fue frenada por los altos mandos.