Vivir con miedo
Cada día aumentan en la provincia los hechos delictivos y nadie puede estar tranquilo en la calle o en su casa. Esto va deteriorando gravemente la calidad de vida de la población, coartando sus proyectos y amenazando la existencia de miles de potenciales víctimas. Afecta, además la estabilidad democrática -según destacan los especialistas- porque los ciudadanos tienden a reclamar el retorno a formas autoritarias de gobierno como presunta solución a la inseguridad. Otros sectores proponen un tratamiento comunitario y participativo del problema.
Por Redacción LA GACETA
28 Julio 2002
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No basta con encerrarse dentro de una fortaleza
Las instituciones democráticas no asignan la importancia que debieran a los problemas de seguridad.
A medida que los asaltos crecen en número y van mostrando características cada vez más violentas, los ciudadanos sienten que ya nunca más podrán vivir tranquilos. Así como las perspectivas de crecimiento del país se diluyeron en medio de la crisis, también la calidad de vida que disfrutaban numerosos barrios y ciudades se va deteriorando a fuerza de episodios sangrientos que siembran el miedo, alentando el reclamo de una justicia más rigurosa y la búsqueda de medios de defensa.
Los problemas de seguridad pública tienen una enorme influencia en la estabilidad democrática, según coinciden los especialistas, pero a pesar de ello los gobiernos no suelen asignarles la importancia que deberían.
La actual escalada de delincuencia provoca tales sentimientos de temor e inseguridad, que mucha gente comienza a pensar en la conveniencia de retornar a formas autoritarias de gobierno y de incrementar respuestas represivas como única solución.
Ya nadie se siente seguro caminando hacia el negocio de la esquina, ni puede permanecer tranquilo si los chicos salieron en bicicleta hacia la plaza más cercana.
Sálvese quien pueda
Entre las respuestas individuales o grupales que los ciudadanos ensayan frente a la inseguridad, figuran la instalación de sistemas de vigilancia electrónica, la compra de armas, los barrios cerrados y la contratación de servicios privados. Pero el especialista Fernando Hevia, director nacional de Seguridad Regional, aclara que las mencionadas "pueden ser opciones para los pudientes, al menos mientras no salgan de sus casas fortificadas, pero no ofrecen una solución general social para los problemas de delito y violencia -afirmó-. Una protección privada global está mas allá de los medios de la mayoría de los ciudadanos, quienes continuarán confiando en la Policía y otras instituciones del Estado para su protección".
En cuanto al reclamo de agravar las penas, Hevia considera que "si bien es saludable que toda acción delictiva reciba su justo castigo, la penalización por sí sola no logra reducir la cantidad de delitos -señaló-. Posiblemente haya que considerar reformas de fondo del sistema de Justicia".
Por otra parte, Hevia opinó que los encarcelamientos masivos resultan conflictivos con los ideales de una democracia, porque la exclusión penal está fuertemente enfocada hacia los sectores marginados. "El orden social basado en la exclusión de masas comienza a parecerse a un modelo de ?apartheid?", definió.
El funcionario ve con buenos ojos que en muchos lugares del país los departamentos policiales evolucionen hacia un modelo de "policía comunitaria", que reemplaza el modo de lucha tradicional contra el delito por una tendencia a la prevención. Enfatiza el rol del vecindario en ayudar a fijar las prioridades policiales.
Hevia cree que el modelo de policía comunitaria es campo fértil para que surjan nuevas ideas que perfeccionen la eficacia, conectando a las fuerzas del orden y a la comunidad más productivamente.
ALARMAS ACTIVADAS
Cuando la amenaza nos rodea
El sociólogo chileno Sebastián Urrejola opina que "la seguridad de las personas y en especial, la percepción de ella que tiene la ciudadanía, constituyen hoy en día factores principales del mayor o menor grado de satisfacción, credibilidad y/o adhesión de las poblaciones a la democracia. El respeto a la legalidad, al debido proceso y a todos los derechos humanos, son los tres pilares del Estado de Derecho Democrático Contemporáneo. Cuando la ciudadanía percibe su ausencia o insuficiencia, la realidad y el entorno social cotidianos se viven como una amenaza..."
Más delitos y menos denuncias
Las estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal, indican que la Capital Federal, Mendoza y Neuquén son las ciudades donde hay mayor proporción de delitos denunciados cada 100.000 habitantes. Pero eso no significa que sean los lugares más inseguros. Paradójicamente, la provincia de Buenos Aires figura con uno de los porcentajes más bajos, cuando -en realidad- el conurbano bonaerense es el hoy lugar más peligroso de la Argentina. Los especialistas sostienen que, en este caso, las estadísticas revelan dónde la población es más reacia a denunciar delitos.
Estalla el infierno bonaerense
Un tucumano que vive y trabaja en Bernal, confesó en diálogo con LA GACETA que planea regresar al terruño porque la inseguridad en la provincia de Buenos Aires ya es insoportable. Si bien admite que en Tucumán también aumentaron mucho los delitos, cree que todavía se mantiene cierta paz. "La crisis económica en Tucumán ya viene de 5 o 10 años atrás. Pero aquí ha llegado recién ahora y el caudal de gente es muy superior. Yo atiendo un bar y ya no sé si dejar pasar o no a las personas que me resultan desconocidas", explicó Héctor Leiva.
La hora de coordinar acciones
El director de Seguridad Regional, Fernando Hevia, sostiene que "en estos momentos ya no puede el Estado, por sí solo, ser el responsable único de prevenir y controlar el delito. Los procesos más importantes que regulan la vida social están localizados dentro de las instituciones de la sociedad civil, antes que en las amenazas inciertas de sanciones legales". El funcionario cree que es necesario restaurar un balance entre las responsabilidades de los ciudadanos y de la policía, para ejercer un control social más efectivo. "En comunidades saludables y equilibradas, los individuos establecen y refuerzan códigos de conducta, lo cual se traduce en un control social -describió-. Pero en aquellas sociedades asentadas sobre la desigualdad, el temor al delito mantiene a los vecinos encerrados tras las puertas de sus casas, debilita la actividad laboral, aliena a los individuos unos de otros, y abre las calles a un tipo de actividad irregular que alimenta el delito". Hevia sostiene que los gobiernos deben "investir de poder y compartir el trabajo con organizaciones y comunidades locales. Ya no pueden confiar exclusivamente en la ?sabiduría del Estado?, en instituciones burocráticas de relativa responsabilidad, o en soluciones universales impuestas desde arriba".
Las instituciones democráticas no asignan la importancia que debieran a los problemas de seguridad.
A medida que los asaltos crecen en número y van mostrando características cada vez más violentas, los ciudadanos sienten que ya nunca más podrán vivir tranquilos. Así como las perspectivas de crecimiento del país se diluyeron en medio de la crisis, también la calidad de vida que disfrutaban numerosos barrios y ciudades se va deteriorando a fuerza de episodios sangrientos que siembran el miedo, alentando el reclamo de una justicia más rigurosa y la búsqueda de medios de defensa.
Los problemas de seguridad pública tienen una enorme influencia en la estabilidad democrática, según coinciden los especialistas, pero a pesar de ello los gobiernos no suelen asignarles la importancia que deberían.
La actual escalada de delincuencia provoca tales sentimientos de temor e inseguridad, que mucha gente comienza a pensar en la conveniencia de retornar a formas autoritarias de gobierno y de incrementar respuestas represivas como única solución.
Ya nadie se siente seguro caminando hacia el negocio de la esquina, ni puede permanecer tranquilo si los chicos salieron en bicicleta hacia la plaza más cercana.
Sálvese quien pueda
Entre las respuestas individuales o grupales que los ciudadanos ensayan frente a la inseguridad, figuran la instalación de sistemas de vigilancia electrónica, la compra de armas, los barrios cerrados y la contratación de servicios privados. Pero el especialista Fernando Hevia, director nacional de Seguridad Regional, aclara que las mencionadas "pueden ser opciones para los pudientes, al menos mientras no salgan de sus casas fortificadas, pero no ofrecen una solución general social para los problemas de delito y violencia -afirmó-. Una protección privada global está mas allá de los medios de la mayoría de los ciudadanos, quienes continuarán confiando en la Policía y otras instituciones del Estado para su protección".
En cuanto al reclamo de agravar las penas, Hevia considera que "si bien es saludable que toda acción delictiva reciba su justo castigo, la penalización por sí sola no logra reducir la cantidad de delitos -señaló-. Posiblemente haya que considerar reformas de fondo del sistema de Justicia".
Por otra parte, Hevia opinó que los encarcelamientos masivos resultan conflictivos con los ideales de una democracia, porque la exclusión penal está fuertemente enfocada hacia los sectores marginados. "El orden social basado en la exclusión de masas comienza a parecerse a un modelo de ?apartheid?", definió.
El funcionario ve con buenos ojos que en muchos lugares del país los departamentos policiales evolucionen hacia un modelo de "policía comunitaria", que reemplaza el modo de lucha tradicional contra el delito por una tendencia a la prevención. Enfatiza el rol del vecindario en ayudar a fijar las prioridades policiales.
Hevia cree que el modelo de policía comunitaria es campo fértil para que surjan nuevas ideas que perfeccionen la eficacia, conectando a las fuerzas del orden y a la comunidad más productivamente.
ALARMAS ACTIVADAS
Cuando la amenaza nos rodea
El sociólogo chileno Sebastián Urrejola opina que "la seguridad de las personas y en especial, la percepción de ella que tiene la ciudadanía, constituyen hoy en día factores principales del mayor o menor grado de satisfacción, credibilidad y/o adhesión de las poblaciones a la democracia. El respeto a la legalidad, al debido proceso y a todos los derechos humanos, son los tres pilares del Estado de Derecho Democrático Contemporáneo. Cuando la ciudadanía percibe su ausencia o insuficiencia, la realidad y el entorno social cotidianos se viven como una amenaza..."
Más delitos y menos denuncias
Las estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal, indican que la Capital Federal, Mendoza y Neuquén son las ciudades donde hay mayor proporción de delitos denunciados cada 100.000 habitantes. Pero eso no significa que sean los lugares más inseguros. Paradójicamente, la provincia de Buenos Aires figura con uno de los porcentajes más bajos, cuando -en realidad- el conurbano bonaerense es el hoy lugar más peligroso de la Argentina. Los especialistas sostienen que, en este caso, las estadísticas revelan dónde la población es más reacia a denunciar delitos.
Estalla el infierno bonaerense
Un tucumano que vive y trabaja en Bernal, confesó en diálogo con LA GACETA que planea regresar al terruño porque la inseguridad en la provincia de Buenos Aires ya es insoportable. Si bien admite que en Tucumán también aumentaron mucho los delitos, cree que todavía se mantiene cierta paz. "La crisis económica en Tucumán ya viene de 5 o 10 años atrás. Pero aquí ha llegado recién ahora y el caudal de gente es muy superior. Yo atiendo un bar y ya no sé si dejar pasar o no a las personas que me resultan desconocidas", explicó Héctor Leiva.
La hora de coordinar acciones
El director de Seguridad Regional, Fernando Hevia, sostiene que "en estos momentos ya no puede el Estado, por sí solo, ser el responsable único de prevenir y controlar el delito. Los procesos más importantes que regulan la vida social están localizados dentro de las instituciones de la sociedad civil, antes que en las amenazas inciertas de sanciones legales". El funcionario cree que es necesario restaurar un balance entre las responsabilidades de los ciudadanos y de la policía, para ejercer un control social más efectivo. "En comunidades saludables y equilibradas, los individuos establecen y refuerzan códigos de conducta, lo cual se traduce en un control social -describió-. Pero en aquellas sociedades asentadas sobre la desigualdad, el temor al delito mantiene a los vecinos encerrados tras las puertas de sus casas, debilita la actividad laboral, aliena a los individuos unos de otros, y abre las calles a un tipo de actividad irregular que alimenta el delito". Hevia sostiene que los gobiernos deben "investir de poder y compartir el trabajo con organizaciones y comunidades locales. Ya no pueden confiar exclusivamente en la ?sabiduría del Estado?, en instituciones burocráticas de relativa responsabilidad, o en soluciones universales impuestas desde arriba".
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