Del conflicto al diálogo

La Iglesia prevé agotar todas las instancias a su alcance para atemperar el conflicto social en las provincias, e inclusive evalúa prestar el ámbito para un diálogo “sensato, racional y equilibrado” que evite nuevas situaciones violentas. La postura eclesiástica tomó fuerza tras la efervescencia social  generada por la muerte del docente neuquino Carlos Fuentealba y en momentos en que el corte de ruta como forma de reclamo sistemático es cuestionado o al menos puesto en duda. Salta, Santa Cruz y Neuquén son apenas tres provincias donde los obispos debieron realizar gestiones de buenos oficios frente a situaciones de crisis extrema.
Se trata de un panorama interior que, en el ámbito nacional, también se enrarece con negociaciones por reivindicaciones salariales y laborales; y que, al entender eclesiástico, recién logran destrabarse después de un paro “apresurado” o una convocatoria a conciliación obligatoria “tardía”.
Pero esa intención mediadora -advierten obispos consultados- choca con reparos de sectores gremiales y gubernamentales poco flexibles a una intervención de la Iglesia, tal como lo reconoció esta semana el vicepresidente segundo del Episcopado, monseñor Agustín Radrizzani. “No sé si es porque no quieren la paz o porque no les parece que la Iglesia sea el actor adecuado”, reflexionó el prelado.
Los obispos infieren sin embargo que la raíz del conflicto es estructural, fruto del ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres y la falta de políticas de Estado para contener a millones de excluidos del sistema económico.
También consideran que la idea de “modelo político único” que baja a la sociedad impide el diálogo entre actores sociales, ya sea porque hacen una lectura desde el éxito macroeconómico, porque están encerrados en la campaña electoral o porque “miran para otro” lado cuando el reclamo de la gente llega hasta los despachos oficiales.
Una apreciación que compartió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que reclamó “respuestas claras y rápidas” del Estado a fin de poder normalizar las instituciones.
El magistrado estimó que si hubiera respuestas inmediatas las demandas de los ciudadanos no terminarían en cortes de ruta, a los que evaluó como “una forma de llamar la atención”.
Monseñor Radrizzani coincidió con Lorenzetti en que esta modalidad de protesta permite a la gente hacerse oír, aunque no compartió el concepto de “ilegal” que suelen darle los jueces cuando ordenan el desalojo por la fuerza y obligan a la Policía a actuar, en algunos casos en forma exacerbada. “Hay una coalición entre los derechos a la supervivencia y a la circulación. En cada caso hay que dirimir cuál de los dos es prioridad”, opinó el prelado.
Radrizzani exigió además “sensatez, racionalidad y equilibrio” tanto a la Policía como los gobiernos, para que, de agudizarse los conflictos sociales, “eviten los extremos de mirar para otro lado o tirar a matar”.
Pero en el Episcopado no hay un criterio único sobre el piquete como forma de protesta, más bien posiciones encontradas.
Están quienes opinan que el corte es una práctica “agotada” y quienes consideran que la manifestación pone en evidencia un “estado de desesperación”.
Entonces, ¿cómo reclamar hoy desde la justicia? La Iglesia dice tener una respuesta “gandhiana” para la pregunta: requiere a los afectados ser creativos, para sensibilizar a la sociedad sobre el problema que padecen, sin agredirla.