Oportuna advertencia republicana

Se ha dicho con razón que la democracia es el sistema político menos imperfecto de todos los conocidos y, seguramente, también el más eficiente. Tal calificación resulta irrefutable cuando se advierte un orden de naciones preponderantes por sus categorías culturales, económicas y sociales, antes que por su poderío militar: Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza, Canadá o Nueva Zelanda. Esos países ejemplares tienen por sostén político sus instituciones y, más aun, el respeto que como valores esenciales han asumido sus sociedades, colectiva e individualmente.
   Tan elemental descripción del sistema democrático es del todo imprescindible para que se advierta el grado de dificultades que sigue enfrentando la Argentina desde la restauración constitucional. Esa circunstancia se ha agravado últimamente con los reclamos salariales de docentes en diversas provincias, que derivaron en el trágico resultado represivo de Neuquén.
   En sendas declaraciones a propósito de esos hechos con repercusión nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ha sentido la necesidad de reclamar “respuestas rápidas” para encauzar los conflictos sociales con el objetivo de poner fin a los cortes de rutas y calles. “Hay que tratar de responder rápidamente a los requerimientos y tener bien encauzados los reclamos sociales”, manifestó el magistrado, agregando que “eso es lo que pasa en un país con las instituciones normalizadas”.
   Insistiendo en esas ideas, Lorenzetti expresó que el país se encuentra ante la gran oportunidad de normalizar las instituciones y evolucionar hacia el estado de derecho correspondiente a una sociedad organizada.
   La insistencia en políticas institucionales remitió a la exigencia de mesura que la Corte solicitó hace semanas a propósito de expresiones del presidente Kirchner sobre la Cámara de Casación y que tensaron las relaciones con el Poder Judicial. Los jueces de la Corte, aclaró, no se sienten afectados por presiones y cuando no fuere así debería renunciarse. Por respeto a las instituciones, ha dicho Lorenzetti a propósito de la realidad presente, “el diálogo de poderes debe existir” y lo importante es que se admita que hay tres. El magistrado se negó en ese aspecto a emitir una opinión sobre los superpoderes que el Congreso ha concedido al Poder Ejecutivo, “porque es posible -dijo- que alguna vez la Corte deba pronunciarse sobre ese asunto”.
   Superpoderes y facultades especiales que implícitamente delegan hasta el poder de control del Congreso, como sugiere la Ley de Emergencia Económica  sancionada en 2002 y anualmente prorrogada hasta que, por último, se lo hizo sine die dejando al Poder Ejecutivo determinar la extensión de su vigencia. Son más numerosos aún los ejemplos de esas falencias en el equilibrio de poderes a favor del PE y por momentos desnudan la presencia de un poder hegemónico que agrede en decisiones y discursos el espíritu constitucional. Esa atmósfera política en la que se manejan los poderes republicanos es sin duda la que ha estado presente en las opiniones del presidente de la Corte Suprema, aclarando que las hizo a título personal, sin duda para no provocar un conflicto institucional sin posibilidad alguna de mediación.
   Más allá de la sinceridad y el dolor con que los hechos se han mostrado en los recientes días, debe aceptarse que la advertencia sobre el daño institucional señalado por el juez Lorenzetti llega en la instancia oportuna para reflexionar sobre el accidentado camino que transita la República.