A tomar nota del pasado

Quienes fueron los niños desnutridos del año 2001 hoy hacen sus primeros pininos en la escuela y tienen dificultades de aprendizaje. Dos informes que proponen pisar en firme. Por Nora Lía Jabif - Redacción LA GACETA.

14 Abril 2007
“Los niños desnutridos que hemos tenido en 2001 están hoy en jardín de infantes y en primer grado. Esa desnutrición ha causado un grave daño neurológico que origina problemas de aprendizaje. También tenemos a los hijos de padres analfabetos que nunca tomaron un lápiz antes de ir a jardín y que están en un punto de partida desfavorecido en relación con los demás“. Esa reflexión de la jefa del Gabinete Pedagógico interdisciplinario de la Provincia, Griselda Vallejo, suena como una advertencia sobre las consecuencias de largo plazo que pueden provocar acciones y decisiones políticas inadecuadas. Un informe del Gabinete Psicopedagógico indica que la mayor cantidad de consultas que le llegan a ese organismo está centrada en los problemas de aprendizaje. La respuesta de la licenciada Vallejo es contundente: palabras más, palabras menos, ella demuestra que los hijos de la pobreza corren en desventaja en esta sociedad.
Llama la atención a algunos sectores involucrados en el tema educativo el lejano lugar que ocupa en el ranking un tema que, sin embargo, tiene mucha visibilidad social, como el de la violencia en la escuela.
En el informe del Gabinete psicopedagógico apenas el 3 % de las consultas están vinculadas a ese problema. Pero las recurrentes situaciones de violencia de padres o de alumnos hacia maestras o hacia directoras son tema de preocupación en los pasillos del gremio docente ATEP.
De todos modos, hay un porcentaje elevado de consultas en el ítem “problemas de conducta”, cuyas fronteras con los de “violencia” pueden ser a veces difusos.
¿Ha pasado el vendaval de 2001? Sería de necios negar que las cosas han cambiado en un área tan sensible como Educación. Allí hubo muchas obras de infraestructura, a las que hay que sumar los numerosos programas que diseñó el gobierno nacional -y que ejecuta fielmente el provincial- para reducir la desigualdad educativa.
Sin embargo, hay señales de alerta. Un documento de la Fundación del Tucumán que realizó el licenciado Fernando Marengo sobre la situación de la educación en Tucumán muestra que hay indicadores favorables relacionados con el elevado porcentaje de alumnos que finaliza los distintos niveles educativos una vez que ingresan al sistema. Pero también señala, como dato negativo, las bajas tasas de escolarización en grupos de adolescentes de mayor edad de la Provincia. En un tenor parecido, la Federación Económica de Tucumán (FET) acaba de presentar un informe de los economistas Hugo Ferullo y Martín Rodríguez Marat que ha iriritado al gobernador José Alperovich, porque Tucumán sale perdidosa en comparación con provincias como Mendoza, Córdoba, San Luis o, incluso, Salta.
Cierto es que en ambos casos se usaron datos estadísticos de los años 2001 o 2003 (o inclusive más lejanos, como el de 1997, de la Prueba Nacional de Calidad Educativa). Y no se menciona, por caso, el largo conflicto de los docentes, en Salta, que se repite año a año (todavía no hay clases en la provincia vecina). De todos modos, desde el propio Gabinete Psicopedagógico se registra como un problema visible la dificultad  que tienen muchos chicos tucumanos para aprender. A favor del Gobierno hay que reconocerle que se ha registrado el problema. Pero el dato indica que aunque el vendaval 2001 ha pasado, los cimientos que se están construyendo deberían ser tan fuertes y sustentables como para evitar una segunda parte.
No sólo los informes estadísticos “traen malas noticias”. Atep ha advertido, a través de las rondas que hacen sus delegados, que hay numerosas escuelas con problemas de infraestructura y de superpoblación, como la Olegario Andrade, de La Cocha, o la Santa Rosa de Lima, de Concepción, que fue tomada por los alumnos, temerosos de que los techos se les caigan encima. Hay otros casos, como el de la Escuela 187, de Los Sauces, La Madrid, que todavía no comenzó las clases (ni funcionó como comedor), según denunció el legislador José Cano. Ayer, los padres de los chicos de ese establecimiento hicieron una presentación al respecto en la comisión de derechos humanos de la Cámara.
En el informe de la FET se señaló que se tomaron las provincias de Córdoba, Mendoza y San Luis como parámetros -y no las del NEA- para que las “comparaciones hacia arriba” despierten inquietudes y conciencia crítica en los sectores de decisión. Es una posición atinada, porque permite prevenir vendavales.

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