La ilusión fiscal de un país con baja inflación

No hay peor cosa que querer disfrazar a un lobo de oveja. Eso fue lo que se percibió con la corrección que efectuó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con el costo de la canasta básica alimentaria. De un fuerte aumento del 3,6% (mucho más que la inflación acumulada en el primer trimestre) el organismo corrigió el “error de cálculo” y llegó a la conclusión de que los precios de los alimentos indispensables para una familia argentina tuvieron una deflación (baja del 0,2%).
Salvo algunas frutas y verduras, la mayor parte de los alimentos con componentes proteicos vienen registrando un aumento sostenido de precios, más allá de la estacionalidad. Para corroborar esta situación sólo basta hacer un ejercicio: gastar $ 100 un mes y al siguiente tratar de comprar los mismos productos con la misma cantidad de dinero. Es evidente que la billetera del ciudadano común no es tan elástica como las mediciones oficiales, que un día suben y luego bajan con la simple enunciación de una fe de erratas, como lo hizo el miércoles la Dirección de Indices de Precios al Consumo. Al ciudadano común le resulta mucho más difícil recuperar su poder adquisitivo por imperio de un impuesto inflacionario, controlado desde la óptica oficial, pero tan cambiante en la realidad cotidiana de las amas de casa.
El divorcio entre lo que percibe la gente y los datos del Indec es cada vez mayor. La intervención estatal, con controles de precios, no hace otra cosa que distorsionar el mercado y generar más incertidumbre sobre el comportamiento de los precios hacia el futuro.
Pero en estas mediciones hay otro error considerado capital si se toma en cuenta la histórica política centralista. Los datos para el Gran Buenos Aires terminan siendo de referencia para todo el país, pese a que los precios -si se habla de inflación- no son los mismos en la gran urbe al compararlos con los del norte o los del sur argentino.  

El poder adquisitivo
La falta de confianza en los indicadores que periódicamente difunde el Indec no hace más que alentar las presiones salariales en tiempos de paritarias. Sin embargo, los escenarios varían de acuerdo con la situación del empleado. Así, por ejemplo, el ingreso de un trabajador registrado del sector privado mostró una mejora del 130% respecto de los niveles predevaluación. Ese dato lo hace menos vulnerable cuando cae el poder adquisitivo por impulso de los precios.
En cambio, un empleado en negro tuvo una mejora del 67% en el mismo período. Más atrás se encuentra el empleado público. Su salario aumentó un 48% en los últimos seis años, menos de un tercio del incremento de las remuneraciones privadas de un trabajador registrado.
De acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, un trabajador tucumano gana, en promedio, $ 1.389 mensuales, el valor equivalente a una canasta básica total y media.
Con esos ingresos llega a cubrir los gastos mensuales en alimentos, el transporte, una que otra indumentaria, los gastos educativos y una que otra atención médica. Pero también hay otros costos encubiertos. En estos tiempos de inflación incierta, ni el trabajador registrado ni el empleado en negro, mucho menos el estatal, pueden evitar que más de un tercio de sus ingresos mensuales vaya a parar a las arcas del Estado. Son los impuestos que debe pagar por Ganancias, cuando realiza cualquier compra (IVA), cuando abre la canilla, enciende la luz o usa el gas (tasas), cuando carga combustible o cuando el propio Estado se endeuda y la gente paga tasas más elevadas. Es la ilusión fiscal de vivir en un país en el que el control oficial de precios sirve para cubrir las metas fiscales del Gobierno, pero no el bolsillo del ciudadano común.