Los recursos públicos que no son de todos

En “Historia y Crítica de la Opinión Pública”, el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas enseña que, en la Grecia clásica, lo público no era de todos. Lo público era lo político, el espacio común de actividades humanas de trascendencia histórica, compartida por los hombres libres. Por tanto, no eran todos los hombres, sino sólo aquellos que por su condición económica no tenían que ocuparse del quehacer diario. Lo privado, en tanto, se concebía referido a un dueño y señor, propietario de un espacio vital particular, habitado por seres (cosas, animales y personas) que dependían de él. Esos seres estaban, precisamente, “privados” de derechos políticos y de proyección social.
En Tucumán, el comportamiento del Estado frente a la disputa de la conducción del PJ reivindicó y actualizó aquella concepción. En rigor, hizo todo lo posible para que sea lícito sospechar que hubo un empleo masivo de recursos del erario en una elección que, por ser interna, es -que ironía- pública, pero no de todos los tucumanos. Y, peor aún, para la obtención de cargos políticos dentro de un partido.
Desafiando toda ingenuidad, el Gobierno envió a Famaillá, en los primeros 90 días del año electoral, dinero suficiente para pagar dos años de sueldos. A 15 días de los comicios peronistas, ingresó $ 1,6 millón. Cinco días después, extrajeron medio millón. Y a 96 horas de la votación, retiraron $ 100.000 más. Según documentación judicial, no fueron para pagar salarios.
Otro botón de muestra es el decreto 856/3, del 22 de marzo. A nueve días de las internas, el Ministerio de Economía se acordó de los tucumanos que padecieron las inundaciones hace dos meses. Y remitió casi medio millón a la Municipalidad de la capital para asistir a los anegados de enero. Como si las sospechas no alcanzaran, la transferencia no se hizo por medio de la partida específica (la monitorea el Tribunal de Cuentas) que ordenó crea la Legislatura cuando declaró, por ley, la emergencia hídrica y social. Al margen de esa norma, se enviaron esos fondos como aporte financiero no reintegrable, que escapa del seguimiento del ente de control. Repitieron la operación con varios municipios que el Ministerio, qué curioso, no puede precisar.

Cifras que interrogan
Si no está claro, ya, que ocurren cosas gravísimas con el dinero público, las 140 objeciones del Tribunal de Cuentas a la Cuenta de Inversión 2005 testimonian agravantes al por mayor. Las más serias referían a la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas.
Justamente, los informes oficiales remitidos a la Justicia dejan más dudas que certezas sobre los fondos que maneja esa área. Mientras la Secretaría afirma que durante 2005, la coparticipación federal y provincial para las administraciones locales fue de $ 65,5 millones, la Contaduría General de la Provincia dice que se están olvidando, en algún rinconcito, de $ 163,6 millones, porque lo coparticipado llegó a $ 229,1 millones.
Pero el informe de la Secretaría de Coordinación genera otros interrogantes. Porque agrega que, también, se dispuso de $ 9 millones para el fondo de desarrollo del interior, $ 32,5 millones en aportes para sueldos, $ 190 millones en el fondo fiduciario para sueldos, $ 34,8 millones en el fondo para atender desequilibrios financieros, $ 40 millones en el fondo fiduciario para obras, $ 41,4 millones en aportes financieros reintegrables y, finalmente, $ 7,9 millones en aportes no reintegrables.
A partir de estas cifras, ¿cuál es el sentido del Pacto Social? ¿Para qué hay mecanismo que garantiza a los municipios y a las comunas el pago de sus planillas salariales si, por ejemplo, en Famaillá ya se vio que no hace falta? O, dicho a la inversa, ¿para qué hay aportes para sueldos y fondos fiduciarios para salarios, si estos ya están garantizados en el Pacto Social, que ya se financia con la retención de la coparticipación de los municipios y las comunas? ¿Dónde están las mejoras en pueblos y ciudades por el dineral girado en 2005? ¿Y dónde están las del año siguiente? ¿Se las llevó la inundación de enero? ¿Esa que, justamente, debió contener la obra pública (en grado de tentativa), en lugar de afectar a 40.000 familias, que aún sirven de excusa para transferencias extraordinarias en vísperas de internas?

Pobreza y política
Con semejante preludio, el resultado de la interna peronista consolidó la sensación (eufemismo optimista para no decir certeza) de que los resultados electorales son directamente proporcionales al dinero invertido: gana el que pone más. Así es como la provincia de la premodernidad regresa al esquema griego, en que la condición de lo político estaba estrechamente ligada a la condición económica.
Es, si se quiere, una reveladora evolución del proceso de consolidación de la desigualdad y de la exclusión, que comenzó por los representados y ahora alcanzó a los representantes. Hoy, la dirigencia conoce cabalmente lo que significa padecer la falta de igualdad de oportunidades. No se trata de la aparición de los políticos pobres. Tampoco de los pobres políticos. Se asiste, en realidad, al empobrecimiento mismo de la política. Lo cual, por cierto, antes que previsible era perfectamente lógico: la política de la miseria sólo podía acarrear la miseria de la política.