Alperovich está a punto de romper una tradición
Si gana las elecciones de agosto, será el primer gobernador que no podrá culpar a su antecesor de haber aumentado la deuda, esa carga que también pesa en el ciudadano. Por Marcelo Aguasysol, Redacción LA GACETA.
Por Marcelo Aguasysol, Redacción LA GACETA."El costo político de recaudar puede ser muy alto y no reditúa el mismo beneficio político que la decisión de gastar en un año electoral". (Susana Nuti, profesora de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional del Sur)
Cuando un Estado tiene tanta deuda como la que registran, en conjunto, las provincias argentinas, pierde poder de negociación frente a la autoridad superior. Sin volver a caer en el tema de la autonomía financiera, los riesgos que existen frente a semejante situación no son patrimonio exclusivo de los gobernadores. El ciudadano común también puede llevar sobre sus espaldas la pesada carga de tener una abultada deuda pública, como la que posee Tucumán que oscila entre los $ 3.500 y los $ 4.000 millones, según se incluya o no en el análisis la deuda flotante.
Con un nivel de endeudamiento tan elevado, la Provincia requerirá del apoyo federal para pagar los intereses y amortizar el capital. Aún más, al Gobierno nacional le queda el voto de oro cuando Tucumán quiera acceder a algún crédito externo, como los del BID o los del Banco Mundial.
¿Cómo paga la provincia deuda al gran acreedor nacional? Con lealtad política, un capital que, en los tiempos actuales, es muy difícil de preservar. Esto tiene correlato con el proceso de distribución de los Aportes del Tesoro (ATN). Muchas veces se premia a provincias que están fuertemente comprometidas desde el punto fiscal en desmedro de otras que hicieron bien los deberes. Es como el cuento de la frazada corta: se tapa un agujero fiscal del distrito aliado, pero se deja al desnudo a aquella jurisdicción que no responde al poder de turno. Ahora bien, ¿qué incidencia tiene en el habitante común que Tucumán soporte una elevada deuda pública? La primera distinción que cabe hacer es sobre cuál fue el uso que les dio el Estado a esos compromisos que asumió con los acreedores. Si el dinero fue destinado al gasto corriente (salarios, bienes y servicios no personales, entre otros), es probable que el Gobierno deba apelar a un aumento de impuestos que seguramente este año no se aplicará para no espantar al contribuyente con capacidad de votar. No obstante, esa necesidad de conseguir fondos para pagar deudas lleva al gobernante a disfrazar la medida en algún revalúo o en la invención de una imposición o tasa municipal. Cualquier semejanza con la realidad tucumana es pura coincidencia.
Si, por el contrario, la deuda fue contraída para ejecutar obras, se está frente a una inversión que no lleva automáticamente a un aumento de impuestos.
La tercera vía para conseguir financiamiento adicional es el ajuste de partidas presupuestarias, algo improbable en tiempos electorales. A juzgar por la velocidad con que aumenta el gasto respecto de los ingresos, resultará difícil pensar en una reducción paulatina del endeudamiento público, si no se toman las medidas para generar excedentes fiscales con el fin de hacer frente a las obligaciones.
José Alperovich quiere ser reelecto gobernador. Si gana las elecciones convocadas para el 26 de agosto romperá una vieja tradición política: echarle la culpa a la anterior gestión por la suba de la deuda pública, una bola de nieve que sigue creciendo, pese a que el crecimiento económico brindó la oportunidad para reducirla.







