Obras versus servicios

Los retrasos en los vuelos se han convertido en un hábito molesto que, por lo general, los pasajeros de aviones asumen cada día con más resignación. A esas demoras se añaden en estos días las que sufren quienes viajan por vía terrestre, muchos de los cuales son pasajeros de avión que cambiaron los otrora cómodos, rápidos y caros vuelos (con los que ahora no se sabe cuándo se llegará a destino) por los largos (pero más previsibles) recorridos en ómnibus. Estos viajeros descubren, con poco agrado, que por este medio tampoco está garantizado que se llegue en horario, a causa de las inundaciones en el centro del país y del mal estado de algunas rutas.
A partir de la rotura del radar en Ezeiza, hace un mes, ya no se discute solamente sobre las demoras en los vuelos, sino que ahora se analiza si viajar en avión es seguro. El juez federal Norberto Oyarbide está investigando en la Capital Federal si en Ezeiza se cumplen las normas de seguridad de aeronavegación comercial, después de las denuncias del ex piloto y cineasta Enrique Piñeyro. Este advierte que las frecuencias de vuelos, tal como han sido diseñadas, contribuyen a la inseguridad. La pesquisa de Oyarbide impactará también en Tucumán, que depende totalmente de lo que se decida a nivel nacional en esta cuestión, en la que el Estado no ha tenido una política clara ni para evitar la crisis de los vuelos ni para la de la seguridad.
Una pregunta es si los tucumanos podemos hacer algo para evitar este problema. Ya está visto que no hubo voluntad para enfrentar la disminución de frecuencias de viajes aéreos en beneficio de Salta. La explicación de nuestros propios funcionarios es que la provincia vecina nos lleva al menos 10 años de ventaja en lo política de turismo, tema en el que nos encontramos en un nivel dos, si contamos del uno al 10, de acuerdo con la definición de las autoridades del Ente Tucumán Turismo. El problema de los vuelos, en realidad, nos encuentra más atrasados que otras regiones en el transporte aéreo. Ergo, es un doble castigo.
Si en esto no hemos tenido ideas para diseñar una política provincial que nos haga desarrollarnos con rapidez (viajes por avión, seguridad, turismo), tampoco han obtenido resultados las decisiones que, en su momento, tomamos en Tucumán en cuanto a seguridad en el tránsito. La Provincia aplicó a su gusto la Ley Nacional de Tránsito pero no evitó la circulación de maquinarias viales ni de vehículos en mal estado (los que operan ómnibus que tienen más de 25 años de antigüedad hicieron dos grandes protestas la semana pasada para que los dejen circular), y tampoco encontramos solución al drama de los animales sueltos en las rutas. ¿Alguien se puede imaginar en Tucumán una autopista como la que une Rosario con la Capital Federal? No. Sería imposible circular a 150 km/h por allí, porque habría riesgo de que se crucen caballos, vacas, perros o gallinas; además, no tendría carteles indicadores ni pintura pavimental. Por lo menos, eso es lo que ocurre en las rutas que administra la Provincia, que atraviesan municipios y comunas en las que reina el caos vial.
El estado de la infraestructura vial indica que es más seguro circular por la autopista de la Panamericana en Buenos Aires que por las rutas nacionales en Tucumán. Y a esto se añade el informe del Instituto Tecnológico Buenos Aires, que dice que sólo el 20 % de los caminos del interior del país está pavimentado.
¿Qué está pasando? O bien se trata de cuestiones que no se pueden solucionar desde la provincia, como pasa con la crisis aérea, o bien es una cuestión que siempre fue considerada secundaria y sobre la cual no hay un criterio definido. Lo cierto es que hay una gran contradicción entre el Estado pujante, que se jacta de las obras públicas que realiza, y la realidad de problemas de tercer mundo que se vive en muchos servicios y en buena parte de la infraestructura. Habría que buscar políticas para achicar diferencias entre las obras, que suman votos para los funcionarios, y los servicios, que provocan molestias a los usuarios.