El concejal Gustavo Usandivaras (MPyF), que fue director de Catastro y presidente del Colegio de Ingenieros, y que actualmente enseña Ingeniería Legal en la carrera de Ingeniería Civil de la UNT, opinó en el mismo sentido. Lo que ocurrió fue una fatalidad, no hubo negligencia", indicó.
"Como político, estoy indignado por las bajezas que escuché de gente que, aprovechándose de una fatalidad, dijo que ?negreaban? a obreros, o que los responsables son los amigos del poder. Se mezclaron cuestiones familiares del gobernador (el dueño de la empresa es cuñado de José Alperovich), lo que me parece atroz. Jugaron con el dolor de las víctimas y con el de un profesional serio", opinó.
Usandivaras agregó que el municipio sólo controla la documentación que tiene que ver con el urbanismo. "La seguridad pertenece al ámbito privado, es una cuestión de quien lleva conduce la construcción -señaló-. Hay organismos encargados de verificar la seguridad de los obreros, como las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y la Secretaría de Trabajo".
El concejal comparó la situación con la de la industria. "Si esto hubiera ocurrido dentro de una fábrica, tampoco tendría responsabilidad el municipio, sino la empresa", insistió. Si se descubriera que el accidente ocurrió por mal diseño o por mala ejecución del proyecto, el asunto se debe dirimir en la Justicia Civil o (como en este caso, en que hay víctimas mortales), en el fuero penal.
Usandivaras destacó, por último, que no se trata "de una empresa fantasma, ni improlija, ni nueva, sino de una firma que tiene más de 10 edificios construidos".
Javier Morof, de Unión Norte Grande, también reconoció que la Municipalidad no tiene jurisdicción para hacer controles de seguridad, pero opinó que eso debería cambiar. "Habría que proporcionarle al municipio los elementos y los medios legales para que se haga cargo de los controles", dijo.
"Esto fue una tragedia, pero hay muchas construcciones que no son controladas y no se les presta atención porque no ocurren accidentes. Hacen edificios de 10 pisos, cuando en realidad están autorizados para hacer ocho", aseguró.
Morof dijo que en esta tragedia no tienen culpa ni el municipio ni la Provincia. Sin embargo, cargó las tintas sobre la Secretaría de Trabajo. "No sólo fallaron los controles a esta obra, sino que tampoco se hacen en la zafra, donde hay mucho trabajo en negro, ni a las empleadas domésticas. Las inspecciones deberían comprender también a negocios, fábricas, y todos los lugares donde haya trabajadores, para evitar el empleo en negro y la falta de seguridad, y obligarlos a contratar una aseguradora de riesgos de trabajo", insistió.
Desde otro sector político, el concejal Raúl Pellegrini también coincidió en que la culpa es de la empresa y no de la Municipalidad. "Se entiende que quien está a cargo tiene que estar capacitado y es responsable por la obra. Si no, habría que tener un inspector en cada construcción desde que se inicia hasta que se termina", opinó Pellegrini. Según explicó, los controles municipales apuntan a que se cumpla lo que se presentó en el proyecto.
"No hay personal para hacer inspecciones", dijo el secretario de Trabajo
La obra en la que murieron tres albañiles cuando se derrumbó una pared no fue inspeccionada por la Secretaría de Trabajo, dijo el titular de la repartición, Roberto Jiménez. "Hay muchas construcciones, y no hay personal para hacer las inspecciones", explicó.
Jiménez dijo que inspectores de la repartición comprobaron que los obreros que murieron estaban a cargo de un subcontratista, que los tenía "en negro". "La tercerización sirve para que los trabajadores tengan inestabilidad", señaló, y agregó que no se pudo constatar si la empresa había contratado menores, como denunció el legislador José Cano (UCR). "Tampoco pudo verificarse en qué condiciones trabajaban los obreros", agregó.
"Cuando se habilita una obra, la Secretaría de Trabajo debe ser informada para que los inspectores verifiquen la cantidad de empleados y las condiciones de seguridad. Pero a veces tenemos que recorrer las obras por cuenta propia", dijo. Por eso pedirá que por decreto, los responsables de una obra se comuniquen con la Secretaría de Trabajo antes de iniciar la construcción.
"Lo que pasó no fue una fatalidad, fue producto de la impericia", opinó por su parte el presidente del Colegio de Ingenieros Esteban Ruiz Chanta. Según advirtió, el organismo no se encarga de controlar a los profesionales. "Habilitamos para el ejercicio profesional, pero no se hace un seguimiento del trabajo", indicó.
Además, afirmó que no hay un vacío legal. "Si la obra estaba habilitada es porque había un plan de seguridad en el trabajo, que se exige por ley. Pero a veces no se cumple lo que está en el proyecto, y eso es responsabilidad del director técnico de la obra", explicó. Ruiz Chanta dijo que no existe un organismo para hacer cumplir esta ley nacional. "La Municipalidad no tiene el poder de policía para controlar", añadió. "Esto no es fatalidad. No se tomaron los recaudos que exige la experiencia. Fue una falla humana", señaló.
