La Justicia imputó por estrago a dos hombres

La Justicia decidió imputar el delito de estrago al ingeniero Horacio Bevilaqua, que dirigía la obra y a Leonardo Elgart, el propietario de la empresa que construía el edificio donde se produjo el derrumbe a raíz del cual murieron tres obreros. La calificación del delito, según fuentes judiciales, es provisoria y podría ser modificada en el transcurso de la investigación.
Mientras la fiscal Adriana Giannoni (secretaría de Norma Díaz Volachec) definía la situación procesal de los imputados, personal de la Dirección de Catastro, Defensa Civil y de la Policía realizaba una inspección en General Paz al 900, donde se produjo la tragedia. Los especialistas recomendaron que por lo menos cuatro viviendas vecinas sean desalojadas.
También aconsejaron que los trabajos de construcción permanezcan paralizados hasta que se retire el agua acumulada y se desplomen las paredes que se encuentran en peligro de caer. La fiscal Giannoni solicitó que se ordene el desalojo de quienes ocupan todas las casas adyacentes al lugar de la tragedia.
El miércoles, cuando unos 15 obreros excavaban para hacer una base de cimiento, se derrumbó una pared de una vivienda colindante. Adrián Díaz, Javier Rojas y Claudio Neme fueron los operarios que perdieron la vida al quedar aplastados por los escombros. Las víctimas fueron veladas ayer en sus domicilios de Banda del Río Salí y de Alderetes, y luego fueron sepultados.
Elgart, que es cuñado del gobernador José Alperovich, y Bevilaqua, se presentaron ante la fiscal para brindar una declaración informativa y aportar informes técnicos sobre la obra. El más importante fue el estudio de suelo.
"Dejaron en claro que esta etapa de la obra la estaba realizando la empresa Adama S.A. y que cumplía con todas las normas de seguridad", aseguró Agustín Ferrari, defensor de ambos acusados. Según el abogado, una firma subcontrastista debía realizar la tarea de excavación para las bases de sustentación, mientras que la empresa Elgart debía ejecutar la obra de construcción. Ante este panorama, la fiscal no descarta que en las próximas horas impute del mismo delito a otra persona.
Ferrari no quiso emitir opinión sobre la denuncia que realizaron los familiares de las víctimas y los obreros respecto de que no contaban con las más mínimos elementos de seguridad para desarrollar su trabajo. "Frente a la tragedia y por el respeto a su dolor, no voy a hablar sobre el tema", expresó Ferrari. La fiscal, después de haber recibido el estudio de suelo y otros informes de la carpeta técnica de la obra, recurrirá a especialistas para que brinden un análisis sobre el asunto. Ferrari adelantó que ya presentó el nombre de un perito de parte.
Mientras ello ocurra, Giannoni citará a los obreros que sobrevivieron para que informen respecto de cómo se produjo el accidente y cuáles eran sus verdaderas condiciones laborales. No se descarta que en las próximas horas asuman como querellantes los familiares de las víctimas. El mismo día que se produjo la tragedia, varios profesionales fueron al lugar para ofrecer sus servicios.
El Código Penal, en su artículo 189, establece que será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años de prisión.
Ayer, el arquitecto Andrés Fiandrino, coordinador de Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata, fue consultado sobre el hecho por LA GACETA. "Entre el 18 y el 22% de los accidentes que se producen en la Argentina, se producen en obras en construcción. Sin embargo, no existen los imponderables en una obra. Todo se programa, se estudia y se organiza desde un principio. Los accidentes se producen cuando no hay una gestión de prevención de parte del Estado", enfatizó.