Atacaron a dos legisladoras que se oponen a la reforma constitucional

QUITO.- Nuevos incidentes se produjeron ayer en medio de la pugna política entre el Congreso unicameral y el Tribunal Electoral de Ecuador, cuando una turba agredió con piedras a dos diputadas destituidas de sus funciones. Se trata de un capítulo más del enfrentamiento político que libran el presidente, Rafael Correa, y sus opositores, en torno de una consulta popular prevista para abril, convocada por Correa, sobre la instalación de una Asamblea Constituyente.
Las víctimas de la agresión, Gloria Gallardo y Silka Sánchez, asistían a una audiencia judicial en un poblado costero de la provincia de Manabí. En un juzgado de esa zona se tramita un recurso presentado por los 57 legisladores destituidos la semana pasada por un tribunal electoral, bajo cargos de obstruir el desarrollo de la consulta popular. Varios cientos de manifestantes que exigen que los diputados dejen definitivamente sus cargos, las atacaron con piedras y rompieron los vidrios de sus vehículos particulares. La Policía reprimió a los agresores con bombas lacrimógenas y evacuó a las legisladoras del lugar.

El juez quedó en la mira
El tribunal electoral analizaba ayer posibles sanciones al juez distrital por acoger el pedido de amparo a favor de los diputados destituidos. En tanto, el diputado Federico Pérez, uno de los destituidos, presentó ayer su renuncia. Pérez, del partido del magnate bananero Alvaro Noboa, que perdió las elecciones presidenciales, criticó la actitud de ambos bandos en esta crisis.
Ecuador atraviesa una crisis política en la que no se plantean aún soluciones claras. El Congreso removió la semana pasada al presidente del Tribunal, Jorge Acosta, por convocar para el 15 de abril a la consulta popular sin someter a análisis parlamentario el estatuto que envió el gobierno para el efecto. La decisión no fue acatada y en respuesta, el Tribunal, en un acto sin precedentes, destituyó a 57 de los cien diputados del Congreso, y ordenó que sus suplentes los reemplacen. Los destituidos han acusado a Correa de querer instalar un sistema socialista similar al aplicado por el líder venezolano, Hugo Chávez.
Correa, un nacionalista independiente que ganó las elecciones pese a no contar con estructura partidaria ni con representación en el Congreso, considera indispensable la conformación de la asamblea para reducir el poder que ejercen los partidos en el aparato estatal y modificar la Constitución. Precisamente, esta fue la base de su plataforma electoral. La crisis se ha agudizado por la renuencia del presidente del Congreso, Jorge Cevallos, para que los diputados suplentes tomen las bancas que dejaron los destituidos. Correa mantiene cercado el Congreso para evitar la entrada de los diputados removidos, lo que ha dado paso a enfrentamientos callejeros. Desde entonces la sede legislativa se mantiene custodiada por la Policía, que impide el ingreso de los diputados cesados y el trabajo del Congreso está paralizado. (Reuter-DPA)