El fiscal adjunto ocupará el lugar de Szachniuk

En todo momento intentó minimizar lo sucedido. Sin embargo, Leonardo Szachniuk presentó ayer su renuncia como fiscal municipal, envuelto en el escándalo que generó la decisión de no recurrir la resolución judicial que le ordenó al municipio que se abstuviera de aplicar el Tributo de Emergencia Municipal (TEM) a la empresa Casino Club SA, que posee 300 máquinas tragamonedas en un local de Adolfo de la Vega al 400.
“No lo he pensado todavía”, había afirmado en la noche del jueves el intendente Domingo Amaya, cuando LA GACETA le consultó respecto de una posible separación del funcionario. Pero cuando a primera hora del otro día llegó a su despacho, el jefe municipal se encontró con la nota de renuncia en su escritorio. Ni siquiera hubo un encuentro entre ambos. Apenas leyó la misiva, Amaya ordenó a sus colaboradores que redactaran el decreto de aceptación de la dimisión, que fue protocolizado antes del mediodía bajo el número 763.
La de Szachniuk constituye la tercera baja que sufre el área jurídica del municipio, ya que el jueves habían sido relevados Fernando Grucci y Alberto Flores, director de Despacho y director de Control Judicial, respectivamente. La polémica se inició a partir de un planteo de inconstitucionalidad en contra del TEM formulado ante la Justicia Federal por la empresa dedicada a la explotación de los juegos electrónicos de azar.
La compañía tenía plazo hasta el 25 de enero para cumplir con el TEM, a razón de $ 700 por máquina. No obstante, nueve días antes interpuso una demanda, por medio de la cual solicitó la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de los montos fijados por medio de la ordenanza 3.807, promulgada el 29 de noviembre. Dos días después de la presentación, Marta Abregú de Padilla (subrogó al juez federal Jorge Parache 15 días durante enero) ordenó al municipio que precautoriamente no aplicara el TEM a Casino Club.
Si bien las cautelares son decretadas y cumplidas sin intervención de la otra parte (en este caso el Municipio), deben ser notificadas dentro de los tres días de haber sido dispuestas si el afectado no toma conocimiento de ella por medio de su ejecución (esto habría sucedido el 25 de enero frente al incumplimiento de la empresa). Además, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación fija un plazo de cinco días para recurrirla (artículo 244).
Cuando la causa tomó estado público a través de LA GACETA, Szachniuk se preocupó por aclarar que lo que interesaba era el fondo de la cuestión, lo que será dirimido durante el desarrollo del proceso en marcha. “Como consecuencia de la cautelar, la empresa no dejó de pagar, porque nunca lo había hecho; el plazo para hacerlo vencía el 25 de enero”, había afirmado.
En todo momento, además, el ex fiscal municipal defendió su estrategia. “Las cautelares son dispuestas inaudita parte (es decir, sin intervención de la demanda). Ellos piden y les conceden cuando consideran que el derecho invocado es verosímil. Para defendernos, necesitamos saber en qué se basan y eso lo sabremos cuando tengamos copia de la demanda”, había dicho ante una consulta de LA GACETA.
Ante la dimisión de Szachniuk, la conducción de la Fiscalía Municipal fue encomendada por el intendente a Hernán Colombres, quien se desempeñaba como fiscal adjunto. La intención del Departamento Ejecutivo, según trascendió, es mantener a Colombres en el cargo hasta la finalización del mandato. ¿Se iniciará una investigación administrativa para determinar qué es lo que ocurrió?, se le consultó anoche al secretario de Gobierno, Germán Alfaro. “Lo decidiremos la próxima semana”, respondió.


El presidente del Concejo Deliberante, Ramón Santiago Cano, reclamó al intendente, Domingo Amaya, que inicie una investigación administrativa para determinar qué es lo que ocurrió en el seno de la Fiscalía Municipal. “A partir de su renuncia, hay que ver si el ex fiscal Leonardo Szachniuk cometió un error involuntario o no, para determinar qué responsabilidad le cabe”, aseveró y adelantó que la Comisión de Peticiones y Poderes, que preside su par Eloy del Pino, se reunirá la próxima semana (martes o miércoles), con el objetivo de solicitar un informe de lo sucedido y de la actuación del municipio al Departamento Ejecutivo. “Tenemos la mala costumbre de no pagar y hasta hacemos planteos judiciales para no hacerlo, pero con eso se perjudica a la ciudad. Hay que cambiar esa actitud ”, dijo el edil en el afán de cuestionar la demanda interpuesta por Casino Club en contra del TEM.