11 Febrero 2007 Seguir en 
LA PAZ.- El gobierno no pagará indemnización alguna por la nacionalización de la empresa metalúrgica Vinto, de la suiza Glencore, que se cree que sigue perteneciendo a ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, actualmente requerido por la Justicia. El establecimiento ubicado en las afueras de Oruro quedó bajo control de las fuerzas Armadas, mientras el gobierno prepara la restitución al Estado de otras minas que eran de propiedad de Sánchez de Lozada, actualmente refugiado en EEUU.
Según el gobierno del presidente Evo Morales, se trata de una recuperación legítima del principal complejo metalúrgico del país. “En 1999, esta empresa fue transferida ilegalmente al sector privado”, dijo un vocero. Vinto era administrada por la empresa Sinchi Wayra, filial de la multinacional suiza Glencore.
El decreto supremo promulgado por Morales sostiene que el traspaso de las acciones, primero a Comsur, de Sánchez de Lozada, y luego de esta a Glencore, en 2004, cuando el ex presidente traspasó su mayoría accionaria a la compañía suiza, fueron irregulares. “El pueblo boliviano percibe que el propietario sigue siendo Sánchez de Lozada”, advirtió en enero el ministro de Minería, Guillermo Dalence.
Legisladores oficialistas y opositores celebraron la decisión de devolver Vinto al Estado. “Se cumplió con el mandato del pueblo al partido gobernante, de recuperar empresas enajenadas”, dijo Alejandro Colanzi, diputado de la opositora Unidad Nacional (UN).
Desde Nueva York
Por su parte, un vocero de Glencore, propietaria además de todas las empresas de Sánchez de Lozada, dijo desde Nueva York que el decreto de nacionalización viola derechos empresarios. También un vocero del gobierno de Suiza pidió a Bolivia que respete el tratado de protección de inversiones firmado por ambos países en 1991, por el cual las nacionalizaciones deben ser indemnizadas. (Télam)
Según el gobierno del presidente Evo Morales, se trata de una recuperación legítima del principal complejo metalúrgico del país. “En 1999, esta empresa fue transferida ilegalmente al sector privado”, dijo un vocero. Vinto era administrada por la empresa Sinchi Wayra, filial de la multinacional suiza Glencore.
El decreto supremo promulgado por Morales sostiene que el traspaso de las acciones, primero a Comsur, de Sánchez de Lozada, y luego de esta a Glencore, en 2004, cuando el ex presidente traspasó su mayoría accionaria a la compañía suiza, fueron irregulares. “El pueblo boliviano percibe que el propietario sigue siendo Sánchez de Lozada”, advirtió en enero el ministro de Minería, Guillermo Dalence.
Legisladores oficialistas y opositores celebraron la decisión de devolver Vinto al Estado. “Se cumplió con el mandato del pueblo al partido gobernante, de recuperar empresas enajenadas”, dijo Alejandro Colanzi, diputado de la opositora Unidad Nacional (UN).
Desde Nueva York
Por su parte, un vocero de Glencore, propietaria además de todas las empresas de Sánchez de Lozada, dijo desde Nueva York que el decreto de nacionalización viola derechos empresarios. También un vocero del gobierno de Suiza pidió a Bolivia que respete el tratado de protección de inversiones firmado por ambos países en 1991, por el cual las nacionalizaciones deben ser indemnizadas. (Télam)







