Los mineros ganaron la pulseada en Bolivia

LA PAZ.- La presión social puso contra las cuerdas al presidente Evo Morales, que en menos de 72 horas revisó sus políticas para atender la violenta protesta de  los mineros independientes (cooperativistas) contra una alza tributaria. A principios de semana, el gobierno también logró desactivar una huelga en el distrito petrolero de Camiri, donde la organización civil exigía mayores beneficios de las ventas de gas, que finalmente les fueron concedidos.
En esta oportunidad, tras seis horas de negociaciones, Morales acordó eximir a los cooperativistas de su política impositiva, principal reclamo por el que más de 20.000 manifestantes habían copado durante tres días la ciudad de La Paz. Además, se comprometió a modificar un decreto para poder cederle a la poderosa Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) dos sitios en el directorio de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol). A cambio, la Fencomin renovó su alianza política con el gobierno, que se había quebrado en octubre, tras los sangrientos enfrentamientos entre mineros cooperativistas y estatales del yacimiento de estaño Huanuni.

Fuera de agenda
Morales también propuso reactivar la minería cooperativa con un fondo de U$S 10 millones, pese a que no formaba parte de las demandas. También habló de la democratización del sistema impositivo bajo el principio de progresividad: el que más gana, más paga. La Cámara de Minería de Bolivia, que reúne a empresas privadas, ya le pidió una entrevista. Una decena de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses y europeas, operan en Bolivia desde la década pasada bajo una legislación que el gobierno quiere.
A fines de 2006, Morales había postulado un aumento impositivo para la minería amparándose en la necesidad del Estado de recaudar U$S 300 millones en 2007, contra los U$S 58 millones que recibió el año anterior en tributos por parte de un sector que hizo exportaciones por U$S 1.000 millones.
Según observadores, el rédito de las concesiones de Morales a mineros independientes -más de 60.000 en todo el país- y a dirigentes de Camiri es político. Pero en el caso de los primeros, el acuerdo disparó la alerta de los mineros sindicalizados, que dijeron que los cooperativistas le torcieron el brazo al mandatario. “Con ese acuerdo volvemos a cero en todo el proceso de nacionalización y de reactivación previsto para la minería, dijo el vocero de la federación que nuclea a los sindicatos de mineros del Estado. Analistas opinaron que entre diciembre y lo que va de febrero, el gobierno atraviesa por el período más difícil de su gestión, con una intensificación de demandas y movilizaciones que lo vienen obligando a revisar algunas decisiones. (AFP-NA)