La reglamentación del plan de entrega de armas

Preocupado por el incremento del número de muertos por el uso indebido de armas de fuego y por la cantidad de estas ilegalmente en poder de los ciudadanos, el Gobierno nacional impulsó la aprobación de una ley que contempla la posibilidad de compensar con dinero a quienes las entreguen al Estado. La norma, aprobada en diciembre del año pasado, permitiría que en abril próximo entre en vigencia un programa nacional de entrega voluntaria de las armas, luego de que se emita el decreto de reglamentación actualmente en estudio.
   Las cifras que se manejan son alarmantes: se estima que hay en el país más de 1,2 millón de armas registradas. Unos 700.000 usuarios están en regla -aunque aproximadamente la mitad tendría sus permisos vencidos-, y rondarían el millón quienes las poseen en negro. Cuando quienes manejan escopetas, pistolas, revólveres o fusiles no están capacitados ni convenientemente entrenados suelen producirse incidentes que terminan con saldo trágico, o se concretan robos o hurtos que alimentan el circuito ilegal de compra y venta de las armas.
   Una de las primeras reacciones del Gobierno, tras algunos hechos de violencia que sacudieron la opinión pública a mediados del año pasado fue la modificación de la forma de empadronamiento de las armas de fuego. Los nuevos requisitos son estrictos y obligan al comprador a someterse a exámenes de aptitud física y psíquica, a demostrar su capacidad en el manejo de las armas, y a certificar un medio lícito de vida y la inexistencia de causas judiciales pendientes en su contra. Estos requisitos desalientan a los interesados en adquirirlas, al punto que, de acuerdo con una investigación publicada recientemente por nuestro diario, la venta de armas en la provincia bajó en un 70 por ciento desde la entrada en vigencia de la actual reglamentación.
   La iniciativa de pagar hasta $ 450 a quienes acepten entregar el armamento en su poder cosechó comentarios positivos, aunque son muchas las voces que se levantan para advertir que si la reglamentación no es cuidadosa, la norma no sólo no tendrá efecto alguno sino que hasta podría producir consecuencias negativas.
   Uno de los aspectos de la nueva norma que más críticas han provocado es el que dispone una amnistía para aquellos que entreguen armas que están en negro y que pudieron haberse usado en algún delito. Como no se exigirá identificación a quienes hagan el canje y el pago se realizará mediante cheques al portador, no quedará constancia alguna de la identidad de quienes fueron durante mucho tiempo usuarios ilegales del armamento.
   También se critica la decisión de retribuir con dinero la entrega de las armas explicando que se corre el riesgo de que este monto se aplique a la adquisición de otra -tal vez más moderna- en el mercado negro. En este sentido, se ha sugerido que resultaría más apropiado hacer el canje por medicamentos o por alimentos en lugar de ofrecer dinero.
   No quedan dudas de que cada arma que se retira del circuito significa potencialmente una disminución en la ocurrencia de hechos de sangre.
   Pero al mismo tiempo queda claro que si el Estado es incapaz de garantizar plenamente la seguridad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, no se lleva adelante una campaña de concientización acerca de los peligros que conlleva el manejo irresponsable de las armas de fuego, la nueva norma resultará estéril y los lamentables episodios que con desalentadora frecuencia nutren la crónica policial seguirán alimentando los números de una estadística que muestra un preocupante incremento en nuestro medio.