Cuando la discusión recalienta los precios

Esta semana se discutirá sobre el aumento en la tarifa eléctrica. Los empresarios ya adelantaron que cualquier suba podría ser trasladada al consumidor tucumano.

Un gobierno como el de Néstor Kirchner, que día tras día muestra los resultados de la gestión sobre la base de comparaciones estadísticas, no puede permitirse cuestionar la labor de quienes se encargan de realizar las mediciones.
La intervención oficial en el área más sensible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el del Indice de Precios al Consumo, no hace más que alimentar esa suerte de divorcio que existe entre los indicadores oficiales y la expectativa de la población.
Muchas veces se escucha al ciudadano común decir que la inflación no crece al ritmo de los precios que se exhiben en los negocios, sean estos minoristas o mayoristas. Pero la polémica levantada en el Indec generó más de un escozor a los empresarios que habitualmente son consultados para la elaboración del Indice de Precios al Consumidor (IPC). En el sector privado se teme que, llegado el caso, si a alguien se le ocurre aumentar el precio de un producto, porque el proveedor se lo entregó más caro, el Estado reaccione con más inspecciones impositivas o laborales. Por esa razón, muchos economistas y estadísticos coinciden en afirmar que el Gobierno no hizo más que herir de muerte un indicador tan sensible como el de inflación.
Después de que la característica de 2006 fueron los acuerdos que sirvieron para mantener el valor de ciertos productos, la discusión sobre la necesidad de reajustar los precios se reaviva porque muchos sectores están en paritarias y otros observan cómo desciende la rentabilidad, como consecuencia de la suba de costos.
En Tucumán se agrega otro elemento a la posibilidad de que se acrecienten las expectativas inflacionarias: pequeños, medianos y grandes usuarios deberán afrontar el de las tarifas de electricidad. Más de un empresario comentó que, si no le cierran los números, es muy posible que la suba sea trasladada a los precios. Lo malo de este razonamiento es que, en definitiva, quien termina pagando los platos rotos es el consumidor final, que además de comprar más caro tendrá que abonar más por la luz que consume. Seguramente este será uno de los ejes de la audiencia pública prevista para el  jueves, en la que se debatirá sobre los efectos del acta de renegociación del contrato del servicio eléctrico en Tucumán.
La intervención estatal en el Indec no hizo más que reavivar discusiones (como las salariales) que parecían encarriladas. La incógnita es cuánto le costará esta decisión política errónea a la economía argentina.