En la Legislatura, reemplazarían el DNU por una ley

El vicegobernador, Fernando Juri, y legisladores de distintas bancadas continuaron analizando ayer las propuestas para sancionar normas destinadas a paliar la crisis y prevenir más inundaciones.
En las reuniones no se avanzó en una fecha concreta para realizar la sesión prevista, aunque trascendió que sería entre el martes y el jueves de la próxima semana.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 1/1, con el cual el Gobierno declaró la emergencia hídrica y social -quedará firme si no es tratado antes del 8 de febrero- sería transformado en una ley. Y se introducirían cambios importantes a su contenido, pese a que se había anunciado que sería ratificado sin problemas. De hecho, hasta cuenta con dictamen favorable de la comisión de Legislación Social.
Según fuentes parlamentarias, de la evaluación que realizan profesionales del jurismo surgieron objeciones jurídicas al texto firmado por el gobernador José Alperovich, que son compartidas por la mayor parte de la oposición. Por ello, se fijarían especificaciones y limitaciones en algunos puntos.
El primer aspecto criticado está referido a la ausencia de un plazo prefijado para la emergencia. La regla -afirman desde el oficialismo legislativo- es que las normas de excepción tengan una duración determinada y que, en caso de que la urgencia continúe, sean prorrogadas. La sanción de una emergencia sin tope -argumentan- podría hasta ser cuestionada en la Justicia.
El segundo punto se relaciona con la autorización genérica que pretende obtener el Poder Ejecutivo para "contraer endeudamientos tendientes a mitigar las consecuencias del siniestro". El DNU prevé que a la Legislatura sólo se le rindan cuentas de los compromisos asumidos, sin tener que emitir una aprobación específica de cada operación ni determinar el destino.
La redacción causó alarma (y hasta indignación) entre algunos legisladores, que sostienen que el decreto esconde una estrategia del Gobierno para comprometer las finanzas por cifras no determinadas.
Incluso, temen que, por esta vía, se gestionen los $ 2.500 millones que, según Alperovich, son necesarios para realizar obras. Se analiza, además, si es lícito que pueda autorizarse la toma de un crédito mediante un DNU. Desde el jurismo advierten que el decreto contradice el artículo 17 de la Constitución. "Toda ley que autorice la emisión de fondos públicos o empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, necesita de la sanción de los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la Legislatura", fija la norma. Con lo cual, todo endeudamiento demandará el aval de 27 legisladores.