No cede el conflicto social de los ambulantes

En otras comunidades, cuando se presenta un problema social se intenta brindar una solución definitiva. En nuestro país, y en especial en Tucumán, se busca, por lo general, ponerle un parche a la realidad y con el paso del tiempo, este se deshilacha y se lo cose nuevamente. De ese modo, el problema va creciendo hasta que, en algún momento, cumple la mayoría de edad sin que haya sido resuelto convenientemente. Ello pareciera acontecer con el conflicto que han mantenido los sucesivos gobiernos con los vendedores ambulantes.
Desde el 9 de enero, la Policía impide la instalación de puestos de venta informal en las calles del microcentro, en conformidad con un fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ordenó a la Municipalidad a mantener la libre circulación por la vía pública. Como se recordará, Justicia había hecho lugar a una presentación de la Federación Económica de Tucumán y el fallo debió concretarse en noviembre pasado, pero el gobernador -avanzando sobre la autonomía municipal- decidió incumplir la orden, argumentando que debía mantener la paz social y que esta se haría efectiva el día posterior a la festividad de Reyes. Ya existían anteriormente algunas propuestas para la ubicación de los vendedores en locales cerrados o en las veredas del Predio Ferial Norte; pero ninguna había prosperado. Entre noviembre y el 9 de enero no se avanzó en la resolución del problema y no se vislumbra una salida posible. Desde entonces, casi todos los días los puesteros realizan ruidosas protestas callejeras, que incluyen piquetes para no permitir el tránsito vehicular, lo cual genera un caos. La Municipalidad presentó una denuncia judicial contra el líder de los puesteros por desobediencia judicial y le solicitó a la Justicia que interviniera para impedir los cortes de tránsito y las protestas, apelando si fuera necesario al uso de la fuerza pública. Un funcionario aseveró que sigue firme la postura del municipio de impedir la ocupación de espacios públicos.
Por su lado, los vendedores protestan porque llevan ya diez días sin trabajar y, en consecuencia, sin poder ganar su sustento diario. El sindicalista de los puesteros espera que el Gobierno provincial -no ya el municipal- les dé una solución a sus planteos, pero tampoco ha presentado una propuesta diferente a todas las conocidas anteriormente y que no han modificado la realidad en el microcentro, por cuanto los acuerdos que se hicieron terminaron desvirtuándose a las pocas semanas. Anunciaron que venderían su mercadería “de mano” (sin instalar sus puestos) y le propusieron al Gobierno trabajar de esa manera hasta que pudiesen hacerlo en locales cerrados ubicados en el microcentro (el gobernador  había propuesto alquilarlos con fondos públicos). Pero desde el Gobierno se cree que esa alternativa iría en contra de lo dispuesto por la Justicia.
Aparentemente, hasta ahora no hay una salida visible. Por un lado, el Gobierno debe seguir acatando el fallo judicial, pero tampoco ha expuesto otras alternativas para la solución, y por otro, la actitud de una buena parte de los puesteros está apoyada en la intransigencia.
El conflicto sobre el emplazamiento de los ambulantes en otro lugar que no sea el microcentro ha cumplido ya 36 años. En más de tres décadas, los gobernantes de turno no han sabido dar respuesta a los reclamos de los ciudadanos y de los comerciantes que sienten esta situación como una competencia desleal porque la mayoría de ellos paga tributos y otras cargas impositivas como lo exige la ley. Para llegar a buen puerto, es necesario acordar y ello no podrá ser posible si no se deponen las posiciones intransigentes y se busca una salida definitiva.